La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó en enero de 2015 el envío del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto. Pero no fue hasta este mes que la Comisión de Salud de la Cámara Baja aprobó la idea de legislar en esta materia. Al respecto, gran parte de la ciudadanía se ha manifestado a favor, aunque los sectores más conservadores se han empecinado en criticar el proyecto, recurriendo a todo tipo de ardides. En consecuencia, ¿por qué uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo debería despenalizar el aborto en, al menos, tres supuestos?
En marzo de este año, una mujer de 25 años acudió al Hospital Carlos Cisternas, en Calama, porque presentaba un intenso dolor abdominal y sangramiento vaginal. La joven se había sometido a un aborto clandestino, pues la matrona que la asistió detectó residuos de Misotrol en su cavidad vaginal. De inmediato el ginecólogo de turno la denunció a Carabineros y la paciente fue detenida en el mismo centro hospitalario. Este es el procedimiento habitual en recintos públicos cuando se confirma un caso de aborto. Otro acontecimiento emblemático es el de una niña de Carahue, de 13 años. La menor, que había quedado embarazada producto de una violación, fue internada en el Hospital Luis Tisné de Peñalolén con más de 35 semanas de gestación. Más tarde, el análisis clínico arrojó que su embarazo era inviable.
Las historias mencionadas son apenas dos casos que retratan una realidad que pocas veces estamos dispuestos a aceptar. Es más, en una sociedad eminentemente patriarcal los derechos sexuales y reproductivos de la mujer son silenciados o pasan a un segundo plano. De ahí que la mayoría de los embarazos accidentales terminen en un aborto inducido o en un bebé no planificado, con todo el costo social, psicológico y económico que conlleva.
[cita] Aquellos parlamentarios que ignoran dichas estimaciones, autodenominados ‘provida’, actúan de acuerdo con sus ideologías y dogmas religiosos y se olvidan de la salud de las ciudadanas. De igual forma, eluden los ordenamientos jurídicos internaciones que resguardan los derechos humanos. [/cita]
Según el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2012), en nuestro país se producen al menos 70.000 abortos provocados al año. Sin ir más lejos, el doctor Ramiro Molina advierte que solo entre 2001 y 2010 el promedio anual de abortos fue de 33.451.
En el Sistema Público, el Ministerio de Salud (Minsal) reveló que durante 2013 se atendieron 17.434 abortos. En tanto que, según el informe del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Minsal, durante 2012 se realizaron 9.029 abortos en centros privados. Valga como ejemplo la comuna de La Florida, que está representada en el Congreso por el diputado Gustavo Hasbún (UDI), quien votó en contra del proyecto de ley. Allí, durante 2012, se habrían realizado 89 abortos. Análogamente, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, representada en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por el diputado Javier Macaya (UDI), que también votó en contra de la iniciativa, se efectuaron 419 abortos.
Así, pues, aquellos parlamentarios que ignoran dichas estimaciones, autodenominados ‘provida’, actúan de acuerdo con sus ideologías y dogmas religiosos y se olvidan de la salud de las ciudadanas. De igual forma, eluden los ordenamientos jurídicos internaciones que resguardan los derechos humanos.
En ese caso, y dado que la evidencia científica ha determinado que el nasciturus presenta características de personas humanas como la percepción o el dolor solo en el último estadio de gestación, la abogada Alejandra Zúñiga concluye que nuestra legislación, además de despenalizar el aborto —en casos acreditados por organizaciones de DD.HH.—, “debiera proponerse, más que una reforma con indicaciones, una ley que, como ha ocurrido en México recientemente, reconozca la importancia de plazos, al momento de dar protección al nasciturus”.
De acuerdo con el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Málaga, José Rubio, la despenalización del aborto es independiente del juicio moral porque constituye un asunto de sanidad pública. En este sentido, “una severidad ciega de la política penalizadora en todos los casos, además de ineficaz, denotaría un talante tan insensible como inhumano”. Y puntualiza que “la práctica del aborto en condiciones ilegales, y hasta clandestinas, es demasiado traumática y peligrosa como para abrumar más a la mujer con multas o cárcel”. Asimismo, la OMS advierte que “las mujeres tienen el derecho de decidir libremente si quieren tener un hijo y cuándo, sin coerción, discriminación ni violencia; cómo prevenir un embarazo no deseado, que incluye dónde y cómo obtener métodos anticonceptivos, como preservativos, y dónde y cómo obtener servicios de aborto legal y sin riesgos y su costo”.
La protagonista de “Aborto (1965)”, una película neorrealista dirigida por Pedro Chaskel, es una mujer de escasos recursos y madre de tres niños que, al darse cuenta de que esperaba el cuarto, decide acudir donde una “abortera”; sin embargo, tras el procedimiento termina moribunda en un hospital. Así y todo, el filme tiene un final feliz: los médicos logran salvar la vida de la mujer, quien regresa sin mayores problemas a su hogar. Y justamente eso ocurría entre 1931 y 1989, cuando el aborto terapéutico no era constitutivo de delito. Hoy, sin embargo, la Ley 18.826 —aprobada en dictadura— penaliza el aborto en todas sus causales. Es por esta razón que un 69 % de la ciudadanía está a favor del proyecto de ley del Gobierno, según consigna la encuesta Cadem. Por lo que aquellos parlamentarios disidentes, además de lo anteriormente expuesto, también deberían considerar este punto. A fin de cuentas, la eventual despenalización del aborto será un avance en la salud y los derechos humanos de las mujeres.
