Las democracias representativas son tan buenas como los partidos políticos que las sustentan. Son estos quienes deben representar intereses, hacer de nexo entre ciudadanía y Estado, competir y elaborar programas para acceder al poder y seleccionar a quienes ocuparán cargos en los distintos poderes del Estado.
Chile fue reconocido históricamente por contar con un sistema de partidos fuerte y estable, pero por más de una década se ha observado su debilitamiento. La caída en aprobación y confianza que han sufrido los partidos entre 1990 y 2014 es de las más agudas en América Latina. La misma tendencia ha seguido la identificación con partidos y coaliciones y el apoyo electoral: si en 1993 los partidos con representación en el Congreso obtuvieron el 74% de los votos de la población en edad de votar, en el 2013 la proporción llegaba solo al 46%.
El Informe Auditoria a la Democracia del PNUD mostraba que parte importante de las razones que explican este deterioro radican en el conjunto de normas que regían el funcionamiento de los partidos políticos: el sistema electoral binominal, la ley de partidos, así como la debilidad del órgano fiscalizador con capacidad para hacer cumplir dichas normas y aquellas sobre financiamiento de la política.
En materia de financiamiento ha sido clave para el desarrollo de los partidos la ausencia de financiamiento público y una regulación deficiente del financiamiento privado para financiar la actividad política más allá de las elecciones.
En conjunto estas leyes e instituciones contribuyeron a mantener un sistema de partidos congelado en el clivaje político de la transición, con organizaciones cada vez más alejadas de la ciudadanía, con bajos niveles de transparencia y déficits de democracia interna que enfrentan hoy severas restricciones para poder cumplir sus roles y responsabilidades que permitirían un buen funcionamiento de la democracia.
[cita] La discusión aislada de proyectos sin la base de un diseño global puede generar, por ejemplo, el tipo de problemas que se ha evidenciado con la reducción de requisitos para la inscripción de partidos aprobada en la reciente reforma electoral y que hoy busca ser revertida de manera oblicua a través de la ley de financiamiento de la política, financiando sólo a aquellos partidos que tengan representación en ambas cámaras del Congreso y no a todos los que estén legalmente inscritos. [/cita]
Enfrentar estos déficits democráticos requiere por tanto una modificación profunda y consistente de este sistema de incentivos. Para ello el conjunto de reformas políticas que han sido aprobadas y están siendo discutidas en el Congreso deben ser armónicas y coherentes entre sí. Deben partir de un diseño global que tenga claridad respecto del tipo de democracia que se aspira a construir, un ideal de sistema de partidos en términos (pocos o muchos partidos, centrados en personas o programas colectivos, por ejemplo), así como claridad respecto de los niveles de competencia, autonomía y fiscalización externa que se busca en nuevo contexto.
Una pieza clave en este diseño es el proyecto para una nueva ley de partidos enviado por el Gobierno en junio recién pasado, que consagra a los partidos como personas jurídicas de derecho público; amplía el tipo de actividades que ellos pueden realizar, fortaleciendo su rol programático; establece órganos mínimos que deben tener e incorpora medidas de acceso a la información y transparencia; entre otras materias.
No obstante, para lograr una modificación real y profunda del sistema de incentivos actuales e interactuar de manera coherente con la reforma al sistema electoral ya aprobada y aquella referida al financiamiento de la política y fortalecimiento de Servel, el proyecto de ley debe ser mejorado en forma sustantiva en el proceso legislativo.
El proyecto sobre una nueva ley de partidos debe avanzar entonces en establecer mecanismos concretos de democracia interna, incluyendo la elección de autoridades, órganos jurisdiccionales que den garantías a minorías y mayorías internas, niveles de transparencia equivalentes a los requeridos a toda institución que recibe recursos del Estado y para asegurar el principio de equilibrio de género en la conformación de todos los órganos internos. Se requiere retomar la propuesta y demanda para una reinscripción de todos los partidos y una depuración transparente de los padrones de militantes que ha terminado diluida en el trámite legislativo.
Esto implica conectar en forma explícita las definiciones sobre transparencia, rendición de cuentas y democracia interna de los partidos con obligaciones explícitas que deben ser fiscalizadas por el Servicio Electoral, existiendo sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo la reducción o pérdida del financiamiento público a los partidos propuesto en el proyecto de fortalecimiento de la democracia que está siendo discutido en el Senado.
La discusión aislada de proyectos sin la base de un diseño global puede generar, por ejemplo, el tipo de problemas que se ha evidenciado con la reducción de requisitos para la inscripción de partidos aprobada en la reciente reforma electoral y que hoy busca ser revertida de manera oblicua a través de la ley de financiamiento de la política, financiando sólo a aquellos partidos que tengan representación en ambas cámaras del Congreso y no a todos los que estén legalmente inscritos.
El escenario actual ha generado una gran oportunidad para fortalecer nuestra democracia, el llamado es a no desaprovecharla. Chile necesita con urgencia fortalecer el sistema de partidos a partir de nuevas reglas de juego que permitan contar con partidos más transparentes, democráticos y capaces de representar y conectarse con las demandas actuales de la ciudadanía.
