Las declaraciones del miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, economista Andras Uthoff, publicadas por el diario El Mostrador el lunes 28 septiembre de 2015, han dejado en evidencia la predisposición de la mayoría de los comisionados a obviar a rajatabla la urgente necesidad y el clamor nacional de restablecer la verdadera previsión social, la pública de reparto solidario con aportes tripartitos, para continuar aplicando los insignificantes cambios cosméticos de siempre al sistema de AFP, a la vez de pretender que el peso de las falsas soluciones propuestas recaiga sobre los propios perjudicados y víctimas de la calamidad, los trabajadores y trabajadoras (sólo faltó que se insistiera en la de hipotecar las viviendas) imponiéndoles considerables aumentos en los periodos y tasas de cotización y, en la pasada, aumentar las utilidades de las administradoras.
Mención de excepción para la comisionada polaca, Leokadia Oreziak, único voto por volver a un sistema de reparto, seguramente en coherencia con la historia de su país en materia de previsión social.
La propuesta referente a la eliminación de las pensiones por retiro programado y la consiguiente pérdida de la calidad de hereditarios de los fondos remanentes al fallecimiento de los pensionados, no puede sino interpretarse como un “volador de luces” para desviar el debate. No obstante, este planteamiento deja al desnudo la citada predisposición al negarse a priori el reparto solidario entre pares y, sin pudor, fomentarse el enriquecimiento aún mayor de los empresarios detrás de las compañías de seguros.
Las propuestas emanadas de la comisión hacen obviedad de los derechos humanos a la seguridad social, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a un nivel de vida adecuado, suprimidos en Chile por la dictadura de Pinochet al eliminar el fin social de la previsión, transformándola en mera fuente de negocios para inversionistas, situación aún vigente al igual que el impedimento de poder elegir libremente entre el sistema de ahorro individual de las AFP y el de reparto administrado por el IPS. Tampoco hacen mención del conflicto relacionado con la creación de AFP «fantasmas», sobre lo cual el senador Alejandro Navarro ha expresado que, la Superintendencia de Pensiones tiene la obligación legal de´»velar porque no se creen AFP que no tienen como propósito administrar fondos sino sólo servir como instrumento para la elusión de impuestos» y que «no es posible que el gobierno se mantenga imperturbable mientras las AFP le roban en la cara 410 millones de dólares al Fisco».
Algunos aspectos de las declaraciones del mencionado economista: La propuesta de terminar con el sistema de capitalización individual y volver al de reparto se obtuvo luego de recorrer el país y detectar que “existía una férrea resistencia al modelo introducido durante la dictadura”; la opción de reparto nos surgió a lo largo de todo el país y la comisión no reaccionaba. La propuesta auspiciada por los grupos de la comisión más afines al sistema de AFP, que venían más del sector financiero, y avalada por el presidente de la comisión manteniendo la base y la lógica del sistema y que no toca efectivamente a las AFP “no fue conocida íntegramente por los comisionados cuando se votó” y varios de sus temas «jamás fueron presentados en la comisión”; esto, a pesar de que el equipo especial con que contó el presidente de la comisión le entregó datos con un diagnóstico lapidario acerca de los resultados del sistema” y que hubo una oposición férrea que apuntaba a que el sistema tal como está no resiste ningún análisis; también se intentó quitar piso a la propuesta de un sistema mixto y el presidente nunca estuvo a nuestra disposición para escucharla, mucho menos la de reparto. «En mi opinión las 58 propuestas en sí solas no valen mucho, porque sencillamente son más de lo mismo dentro de la lógica del sistema. La lógica del sistema hay que cambiarla, porque no está legitimado, la ciudadanía no lo compra, no lo quiere, hay un rechazo muy grande».
En un país conmocionado por la oscura relación político-empresario donde, refiriéndose a la reforma tributaria, uno de los primeros con más de medio siglo ocupando cargos del más alto poder nos notifica sin tapujos que cosas como estas “se cocinan”, las declaraciones del economista Andras Uthoff constituyen denuncias que inducen a la suposición de que la mayoría de las sugerencias de la comisión apuntan al servicio del interés de los poderosos y al perjuicio de una inmensa mayoría ciudadana angustiada por pensiones miserables.
De ahí entonces, que tanto el trabajo como el informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, no pueden sino considerarse viciados, con la penosa defraudación, una vez más, de la confianza nacional y, sin duda, de la buena fe de la Presidenta de la República al encomendar el estudio en coherencia con su sensibilidad social y los compromisos adquiridos con la mayoría de los chilenos y chilenas.
