La revista Clínicas de Chile, perteneciente a una asociación de 30 de entre las mayores Clínicas del país, en su entrega de septiembre 2015 indica que “estamos ante una próxima Reforma estructural al sistema de salud chileno”. Luego de señalar las diferencias entre la situación actual y las eventuales propuestas que tendría la Reforma, concluye que “este nuevo escenario puede tener un efecto impactante para las personas: se restringe totalmente su libertad de elegir asegurador y prestador y se restringe la oferta de prestadores privados institucionales con un efecto grave en el empleo… ”.
Un argumento extraño para una entidad seria como es esta Asociación de Clínicas, se usa en este texto. Esto es contra argumentar sobre hechos inexistentes, a saber: i) No es cierto que las personas no podrán elegir asegurador ni prestador, ni siquiera en el largo plazo; ii) no es cierto que la reforma restrinja la oferta de los prestadores privados institucionales; y, iii) no es cierto que esto tendría graves impactos sobre el empleo porque -aún si las personas transitan del sector público al privado o viceversa- los empleos también se moverían de acuerdo a esas necesidades.
Luego, continúa el boletín de las Clínicas: “Para los prestadores de salud, implica asumir que en el mediano plazo deberemos operar en un mercado con un poder monopsónico de compra de prestaciones de salud, con la capacidad de establecer beneficios y aranceles, ambiente que no es propicio para invertir y desarrollar estrategias de competencia que se traduzcan en una oferta variada con altos estándares de calidad y seguridad”. En la actualidad, las clínicas le ofrecen sus servicios a 8 instituciones (7 Isapres y Fonasa) y esto mal podría cambiar porque la mayoría de las personas actualmente en Isapres pagan más del 7% de sus ingresos a las Isapres con seguros complementarios que alcanzan aproximadamente a un 43% adicional, en promedio.
Todo indica que estas personas seguirán cotizando este pago adicional en las aseguradoras que estimen conveniente –probablemente, las propias Isapres- para atenderse en las mismas clínicas que hoy están en el mercado.
Ahora bien, sería aún más raro que las Clínicas “temiesen” llegar a acuerdos con convenio con Fonasa por dos razones fundamentales. La primera, es que gracias a los convenios, las transferencias anuales desde Fonasa en 2012, en la llamada Modalidad de Libre Elección han superado la suma de 1.000 millones de dólares (entre los beneficiarios estelares se encuentran clínicas de esta Asociación). La segunda, porque actualmente las Isapres han intensificado los convenios con clínicas creando descuentos diferenciados a sus afiliados cuando asisten a un establecimiento en convenio, es decir, la relación prestadores-aseguradores no tendría por qué variar con respecto a la situación actual. Quizás las clínicas debiesen preocuparse mucho más de una develada intención por parte de las Isapres, de institucionalizar la integración vertical, lo cual efectivamente podría tender a concentrar el sistema asegurador-prestador.
Luego, la Asociación de Clínicas hace un confuso juego de precios indicando finalmente que a los prestadores de las Isapres se les cobra por las mismas prestaciones mucho más caro (100% en consultas y 50% en exámenes). La conclusión parece absurda pero es la siguiente: “Para los prestadores es materialmente imposible ajustar todos los aranceles a un nivel similar al del arancel FONASA actual…”. De esto parece entenderse que los beneficiarios Isapres subsidian a los beneficiarios Fonasa que se atienden en las 30 Clínicas que componen esta asociación. Esta sería una aseveración muy novedosa en el sector.
En cuanto al futuro inmediato, las Clínicas salen abiertamente a defender un argumento que es propio de las Isapres: la eliminación de la declaración de salud para ingresar a una isapre. “Nos preocupa – dice el documento de las Clínicas- no cómo un objetivo en sí, el cual parece loable, sino que nos preocupa porque, dada la estructura de nuestro sistema de salud, sus efectos prácticos pueden afectar gravemente la continuidad de las ISAPRES en el futuro inmediato”.
[cita] La incondicional defensa que manifiesta este grupo de clínicas de las siete Instituciones de Salud Previsional puede extrañar, ser entendida como un pacto ideológico o, quizás, se esté configurando una enorme concentración de la oferta privada del mercado de la salud en que, un puñado de prestadores y unos pocos aseguradores, terminen por encarecer de tal modo los costos de la salud que perjudiquen a la totalidad de la población.[/cita]
Cualquier persona –especialmente los pacientes- podrían suponer que las Isapres y la Clínicas podrían estar contentas de que ellas puedan resolver el problema de las personas que no son atendidas por el sector público, pero el argumento es mucho menos majestuoso pero más sofisticado. En efecto, alertan las Clínicas, “Ante esta situación… es lógico suponer que las personas más enfermas se trasladarán inmediatamente (a Fonasa), aun cuando deban pagar una prima adicional. Esto implica que las ISAPRES deberán asumir, en el corto plazo, una importante población de nuevos afiliados con alto riesgo de salud…”. Lo extraño es que los seguros de salud y, en particular, los seguros sociales de salud tienen por objeto fundamental, justamente, resolver los problemas de salud de la población. Recordemos que el 7% que pagan las personas obligatoriamente a la seguridad social en salud no es voluntario sino lo que se elige es sólo quien lo administra.
Las Isapres, representadas por esta Asociación de clínicas en este caso, declaran claramente que no les es grato recibir nuevos clientes cuando éstos tiene problemas de salud porque sus “… niveles de gasto desfinanciarían el sistema en las condiciones actuales y en caso de poder traspasar a precios el nuevo nivel de riesgo a asumir, lo encarecería de tal forma que generaría una anti selección inmediata que impulsaría a las personas de menor riesgo (jóvenes y sanas) a emigrar a FONASA… “. Es decir, el problema sería que las Isapres deberían asumir a las personas sanitariamente más caras y Fonasa captaría a los “más baratos”. Esto, que reflejaría lo injusto y pernicioso de la propuesta –aun si no es tan evidente que así ocurrirá- , es exactamente lo que actualmente ocurre… pero al revés. Es decir, Fonasa asume a los más caros y las Isapres a los más sanos. Cabe preguntar a las Clínicas del documento ¿Por qué es injusto el sistema cuando está balanceado en contra de las Isapres y es justo cuando está balanceado contra Fonasa?
Otro tema que preocupa a las Isapres -pero también se expresa en el Boletín que se comenta- es el de seguro catastrófico de tope máximo de gasto (stop loss). Esta modalidad, en términos simples, significa que las personas en ningún caso podrán pagar más allá de una proporción de sus ingresos. El criterio de protección financiera del Plan AUGE justamente incorpora esta modalidad de tal modo que nadie pagará independientemente del monto total del costo de un tratamiento, una proporción que no supera, aproximadamente, al 20% del ingreso anual. Todos quienes se han beneficiado de esta cláusula saben que es una de las más significativas y felices garantías del AUGE.
El documento pareciera oponerse a esta modalidad al decir “Si se plantea como criterio de activación del seguro la acumulación de copagos anuales independientes de un diagnóstico específico se genera un incentivo a acelerar gastos para activar el stop-loss, lo que podría encarecerlo mucho…”. Lo extraño es que quienes pueden hacer este “mal uso” son justamente los prestadores, es decir, las clínicas, por lo que el argumento más bien parece una defensa tan exagerada de las Isapres que incluso se transforma en una autocrítica.
La incondicional defensa que manifiesta este grupo de clínicas de las siete Instituciones de Salud Previsional puede extrañar, ser entendida como un pacto ideológico o, quizás, se esté configurando una enorme concentración de la oferta privada del mercado de la salud en que, un puñado de prestadores y unos pocos aseguradores, terminen por encarecer de tal modo los costos de la salud que perjudiquen a la totalidad de la población. Es necesaria mayor transparencia en el diálogo público-privado en el sector salud en la actualidad. No se puede negar los defectos del sector público. Tampoco es posible que se piense que la solución mediante acuerdos con el sector privado para mejorar la salud de chilenas y chilenos, se haga a cualquier costo.
