Nuestro Congreso está discutiendo dos proyectos relativos al fortalecimiento de los partidos políticos: el primero, para otorgarles financiamiento público a sus actividades ordinarias –como formación de militantes, formación cívica de ciudadanos, preparación de candidatos, entre otras–, las condiciones para obtenerlo y en qué pueden gastarlo. El segundo, sobre modernización de sus procedimientos de constitución, democracia interna, transparencia y rendición de cuentas.
En muchas de las discusiones que se han dado, la mayoría de los parlamentarios han señalado que no hay que vulnerar la autonomía que estas organizaciones tienen para actuar en la vida política. No cabe duda que los partidos requieren de un ámbito de independencia para adoptar sus decisiones y actuar en la vida pública –como acordar sus principios, realizar sus elecciones, elegir sus representantes, etc.–, pero esto no obsta para que ciertas decisiones puedan ser revisables por órganos externos –como el Servel, Tricel o Consejo para la Transparencia– para garantizar que se han respetado los procedimientos y derechos de todos los militantes.
En este sentido, el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción –con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos y reconociendo que estos son una pieza clave para una democracia robusta y viva–, realizó una serie de propuestas. Una de ellas, es que los partidos reciban financiamiento estatal para sus actividades ordinarias asociadas a otras tendientes a garantizar unos estándares mínimos de transparencia y democracia interna.
Pero ¿cómo podrían asegurarse unos estándares mínimos sin que esto signifique una intromisión directa en los partidos? El Consejo propuso que ciertos procesos sean revisables por entes externos: las elecciones internas por el Servel y las decisiones de los tribunales internos por el Tricel. En ningún caso se está apuntando a intervenir a los partidos, a que un órgano estatal los controle o a no permitirles desarrollar sus actividades tan necesarias para nuestra democracia con una debida autonomía.
[cita]Estas medidas no solo garantizan una debida democracia interna de los partidos, sino que contribuyen a restaurar las confianzas de toda la ciudadanía en entidades claves para una democracia sana.[/cita]
Por el contrario, el objetivo de estas propuestas apunta a darles garantías a todos los militantes de los partidos –independientemente de si forman parte de la mayoría interna o no–, a que las elecciones se realicen con apego a las normas y sin fraudes y, por otra parte, a que las decisiones internas que adopten sus tribunales –que pueden implicar suspensión o pérdida de sus derechos, en los casos más drásticos–, sean objetivas, imparciales y ajustadas a un debido proceso.
Estas medidas no solo garantizan una debida democracia interna de los partidos, sino que contribuyen a restaurar las confianzas de toda la ciudadanía en entidades claves para una democracia sana. Sin duda que esto último es urgente y requiere de medidas como las propuestas, y para ello se requieren parlamentarios que se comprometan y lideren estos avances. Esperemos que nuestros representantes hagan eco de este llamado y de los esfuerzos que está realizando el Gobierno para fortalecer a los partidos y su democracia interna.
