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La Corte Suprema y la reforma constitucional al Poder Judicial

por 13 noviembre, 2015

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Hace justo un año, la Corte Suprema se definía en las denominadas Jornadas de Reflexión de Chillán a favor de la separación de la potestad jurisdiccional, respecto de aquellas de administración, gerencia y control jerárquico que tradicionalmente ha detentado en nuestro diseño constitucional y legal.

Se trató de una definición crucial y necesaria, desde que no cabe concebir que un juez –y especialmente uno de tribunales superiores– se distraiga de sus funciones jurisdiccionales para avocarse competencias gerenciales o de control jerárquico funcionario de otros jueces subordinados.

En esa oportunidad, se planteó también que bastaría que la Corte se dividiera en dos, avocándose la mayoría de sus ministros el ejercicio de la jurisdicción (conocimiento de los casos civiles, penales, constitucionales, etc) para que un grupo pequeño asumiera las labores administrativas de gobierno judicial (carrera, nombramientos, control disciplinario, administración de recursos materiales y personal, etc.).

La Corte parecía encaminarse a una virtual autorreforma orgánica y funcional, valiéndose de los Autos Acordados, a los que ha echado mano ya para reformar el Código Orgánico de Tribunales en materias que le están expresamente vedadas por estar entregadas al dominio legal. Así, en el Acta 178 de 24 de octubre de 2014, encargaba al Comité de Modernización de la propia Corte elaborar “un estudio referente a los alcances de la facultad normativa de la Corte Suprema para regular su actividad a través de la dictación de Autos Acordados”

Durante el último año, la Asociación de Magistrados bregó fuertemente para que la potestad normativa de la Corte Suprema volviera a sus cauces constitucionales a través de reiterados actos de impugnación ante la misma Corte, los que progresivamente fueron encontrando eco interno, llamando a la cautela y la inhibición del ejercicio de la potestad reglamentaria.

Para la Corte Suprema el desafío que asume, dice relación con si podrá dejar de percibirse como una agencia corporativa seducida por tareas gerenciales; si puede sacudirse de la insostenible pretensión de control funcionario que pone a unos jueces en condición subordinada respecto de otros y, finalmente (reflexión que en rigor debiera ser el punto de partida), si llega a definir con claridad aquello que es esencial a la jurisdicción en el Estado democrático de derecho.

Para muestra de lo anterior, ya hacia abril de 2015, con ocasión de la dictación del Auto Acordado contenido en el Acta 44-2015, importantes voces internas –que no alcanzaron para impedir la regulación– disentían con una conciencia que estaban invadiéndose los dominios del legislador. Los ministros Sres. Juica, Dolmestch, Valdés, Künsemüller, Brito y Cerda estimaban que “si bien la adopción de medidas en materia de gestión de los tribunales tiende al mejoramiento del servicio judicial, lo cierto es que las disposiciones del ordenamiento precedente exceden la esfera de las facultades económicas radicadas en la Corte Suprema posibles de ejercer en dicho ámbito, adentrándose en espacios de dominio legal e inmiscuyéndose en la atribución de funciones que sobrepasan aquellas que son propias de las Cortes de Apelaciones”. Previniendo además el Ministro Juica sostuvo que tales materias “no han sido modificados ni siquiera por las reformas procesales en lo penal, en lo laboral y de familia que establecieron el administrador y unidades sólo con respecto a los tribunales de base de primera o única instancia, sin modificar en este aspecto la tramitación de causas en Cortes de Apelaciones ni en la Corte Suprema , de modo que alterar esta situación imperiosamente requiere modificar por la vía legal la organización y atribuciones del Poder Judicial”.

En este escenario cambiante, la autorreforma orgánica y funcional de la Corte Suprema parece haber quedado descartada con el reciente anuncio relativo a la creación de una comisión de ministros para estudiar los cambios constitucionales relativos al Poder Judicial, ante “una eventual reformulación de nuestra Carta Fundamental” (Acta 181-2015), lo que supone un reconocimiento sobre el proceso democrático insoslayable y la fuente del derecho en que debe anidarse un cambio de esta envergadura.

Sin perjuicio de que puede ser objetable que al margen de una competencia constitucional habilitante específica le corresponda a la Corte tener una opinión sobre esta materia, en los hechos se ha impuesto una fuerte idea de que existe una “voluntad” del Poder Judicial, por lo que todo parece indicar que la Corte emitirá su opinión sobre el tema, la que, necesariamente, en un proceso democrático abierto, deberá “competir” con otras visiones en su racionalidad y mérito.

La inconveniencia de la imbricación de la Corte Suprema en este terreno es evidente, pero su tratamiento excede el objeto de esta columna.

Es preciso recordar que el actual modelo normativo atenta contra la independencia que exige la función judicial como principal garantía de los derechos de las personas, toda vez que la independencia intraorgánica (esa que señala que el juez debe estar ajeno a las presiones de sus superiores) está severamente comprometida en el propio diseño legal. Por esta razón, el diseño legal debe ser reformado y sus bases constitucionales reimplantadas. Deberán eliminarse las instituciones que materializan esa afectación, tales como la carrera (al menos en su formulación que permite el control jerárquico), el control disciplinario interno en sus múltiples manifestaciones, avocando a los jueces en todos los grados de la jurisdicción solo a tareas de juzgamiento.

La idea capital que ha de vertebrar la organización de los jueces en el Estado democrático es entonces, una sola: asegurar que la función jurisdiccional se ejecute en una organización que garantice la independencia interna y externa del juzgador.

A partir de esa definición esencial, la voluntad de los jueces organizados (expresada legítimamente en el ámbito de su autonomía colectiva) ha propuesto la sustitución del modelo monárquico de organización de la magistratura, por otro que dispone la avocación exclusiva de los jueces –incluidos por cierto los del máximo tribunal– a la función jurisdiccional dejando entregadas las tareas no jurisdiccionales a un órgano autónomo de conformación plural, que con las debidas garantías legales habrá de tener competencia sobre las cuestiones propias del estatuto profesional del juez (“Bases para la Reforma Constitucional del Poder Judicial sobre los Acuerdos de la Asociación Nacional de Magistrados” en http://www.magistradosdechile.cl).

En fin, para la Corte Suprema el desafío que asume, dice relación con si podrá dejar de percibirse como una agencia corporativa seducida por tareas gerenciales; si puede sacudirse de la insostenible pretensión de control funcionario que pone a unos jueces en condición subordinada respecto de otros y, finalmente (reflexión que en rigor debiera ser el punto de partida), si llega a definir con claridad aquello que es esencial a la jurisdicción en el Estado democrático de derecho.

Solo desde esa definición debiera responderse cuál es el mínimo indispensable de organización que el Estado debe proveer a la magistratura, al tiempo que cautela el ejercicio independiente de la función pública jurisdiccional.

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