En su columna de ayer, Carlos Huneeus hace una serie de afirmaciones inexactas respecto del CEP. Sostiene, por ejemplo, que el CEP “se opuso al financiamiento público de los partidos”. Sin embargo, en el libro Reforma del Estado (Volumen I: Financiamiento Político), publicado en octubre de 2000, el CEP hizo una propuesta integral sobre la regulación del financiamiento de la política, que incluyó propuestas de asignación de dineros públicos tanto para las campañas como para los partidos.
Esta posición la hemos defendido diversos investigadores a lo largo del tiempo en distintas publicaciones. Por ejemplo, en el libro Democracia con Partidos que el CEP publicó con CIEPLAN en octubre de 2012, se propone una reforma a la ley de partidos para fortalecerlos. Esta reforma incluye financiamiento fiscal para ellos. Y otro ejemplo, más reciente: «Reforma de la Política: una Mirada Sistémica» publicado en la serie Propuestas de Política Pública (N° 11, septiembre 2015,), cuyos autores son Ricardo González, Lucas Sierra y quien escribe.
Afirma Huneeus, además, que el CEP “también rechazó el aumento de los impuestos cuando se comenzó a hablar del tema”. Nuevamente desconoce la evidencia. El CEP publicó, en enero de 2013 y en conjunto con CIEPLAN, el libro Tributación para el Desarrollo, editado por los economistas José Pablo Arellano y Vittorio Corbo, que proponía un conjunto de reformas tributarias que incrementaban significativamente la recaudación del Estado. Este proyecto comenzó a desarrollarse a partir del año 2010, es decir, antes de que se comenzara a hablar del tema.
[cita tipo=»destaque»] Investigadores del CEP hemos defendido el aporte de personas jurídicas (todas y no solo empresas) a campañas y partidos. No es un planteamiento arbitrario, sino que descansa en la experiencia comparada que muestra que, incluso donde estas donaciones están prohibidas, emergen a través de vías indirectas.[/cita]
Más aún, durante la discusión del proyecto, se publicó el artículo “Sobre Impuestos, Desigualdad y Reforma Tributaria” (serie Puntos de Referencia, N. 368 abril 2014), cuyo autor es Harald Beyer y que, entre otros aspectos, señala que “dado que los objetivos perseguidos son legítimos y que, además, fueron validados en una elección democrática, particularmente el de una recaudación de 3 por ciento del PIB, corresponde en lugar de cuestionarlos, evaluar si los instrumentos elegidos son los más apropiados”. El artículo, es evidente, no se opone al aumento de recaudación, aunque cuestiona el camino elegido y los impactos anticipados por las autoridades.
Investigadores del CEP hemos defendido el aporte de personas jurídicas (todas y no solo empresas) a campañas y partidos. No es un planteamiento arbitrario, sino que descansa en la experiencia comparada que muestra que, incluso donde estas donaciones están prohibidas, emergen a través de vías indirectas. Casos emblemáticos al respecto son Estados Unidos y Francia. Quizás por ello siete de cada diez democracias permiten donaciones de personas jurídicas a la política. Por supuesto, la regulación tiene que evitar el cohecho y la extorsión.
La posibilidad de que todos los aportes privados, no solo de las personas jurídicas, se canalicen por medio de un fondo reservado es un buen antídoto contras esas prácticas ilegales. En este planteamiento los investigadores del CEP no estamos solos. Ha sido sugerido, entre otros, por académicos tan prestigiosos como Bruce Ackerman e Ian Ayres (véase Voting with Dollars: A new Paradigm for Campaign Finance, Yale University Press, 2002).
Por lo demás, es bueno recordar que las irregularidades en el financiamiento de la política obedecen a que no se utilizaron los caminos establecidos para estos propósitos, como son los aportes reservados. Si el objetivo de estas acciones era corromper la política, que no se haya elegido el camino legal dice mucho acerca de la efectividad del mecanismo para evitar esa posibilidad.
