¿Quién piensa hoy integralmente la ciudad? La verdad es que nadie a nivel gubernamental, cada tema metropolitano se analiza aisladamente y por una autoridad distinta. La autoridad regional, el Intendente, como representante del Presidente en la región, cuenta con limitadísimas atribuciones y pasa entonces gran parte del día preocupado de los partidos de alta convocatoria o de autorizar marchas, habida consideración de otras muchas funciones menores que le llenan el día. Los alcaldes por su parte, rara vez conversan con los ediles vecinos, absorbidos por las necesidades municipales.
Frente a este escenario, difícil de contrarrestar, es que cada vez existe mayor consenso en la necesidad de contar en la región con una autoridad central que tenga atribuciones entre otras, en el transporte, en la planificación a largo plazo, en la inversión, en el diseño de las áreas verdes, movilidad, seguridad y otros tantos problemas transversales de toda metrópolis, que afectan a casi todas las comunas. Hasta ahora, frente al vacío de autoridad, han sido distintos grupos ciudadanos los que han logrado alzar la voz con temas de ciudad, y dispar ha sido su recepción; no siempre se les toma en cuenta.
Convenientemente para quienes pensamos lo importante que es contar con una autoridad central, se discute con urgencia, en el Congreso la elección de Intendentes; que según los entendidos entraría en vigencia para 2017. Existe entonces una verdadera oportunidad de no sólo descentralizar, al darle al ciudadano el poder de elegirlos, sino que además de investir a una autoridad con atribuciones en distintos ámbitos de competencia, y que aparejado del financiamiento suficiente, le permitan percibir la ciudad orgánicamente y no como un puñado de comunas, pudiendo materializar entonces un plan de desarrollo regional que vaya lógicamente más allá de su periodo.
[cita tipo=»destaque»]Es fundamental, en momentos en que se discute la ley de elección de Intendentes, no reeditar lo ocurrido con los Consejeros Regionales (CORES). Si bien se avanzó en que fueran estos elegidos por elección popular, y no como antes que los concejales los escogían, no se les dotó de verdaderas atribuciones, quedando relegados a un rol bastante secundario y por lo mismo desconocido para muchos.[/cita]
Hace unos días el ex alcalde de Londres de visita en Santiago, Ken Livingstone señalaba que: “A Santiago le iría mucho mejor si tuviera una entidad central, no es necesario deshacerse de todas las pequeñas alcaldías, pero necesitas a alguien que reúna a la gente y que coordine. Santiago pierde mucho al no tener un órgano central.” y además relataba la experiencia vivida en su país, y el retroceso que significó cuando por unos años se suprimió el London Council, y no tuvieron un órgano central dedicado a la ciudad, si no que los 32 distritos pequeños hacían sus esfuerzos para sortear las realidades de sus vecinos localmente.
Por todo lo anterior es fundamental, en momentos en que se discute la ley de elección de Intendentes, no reeditar lo ocurrido con los Consejeros Regionales (CORES). Si bien se avanzó en que fueran estos elegidos por elección popular, y no como antes que los concejales los escogían, no se les dotó de verdaderas atribuciones, quedando relegados a un rol bastante secundario y por lo mismo desconocido para muchos.
Para que no ocurra algo similar a lo acaecido con los consejeros antes aludidos, se deben precisar las competencias, atribuciones y líneas de financiamiento con que contaran los Intendentes Regionales electos. El proyecto de ley actualmente en discusión, no es lo suficientemente claro en establecer, de qué estarán a cargo, con qué facultades contaran y con qué recursos llevaran a cabo sus iniciativas. Persiste entonces la duda, mientras no se aclare lo anterior, si serán o no, esa autoridad central que tanta falta hace, que puede intervenir en la ciudad pensada orgánicamente, o por el contrario serán autoridades meramente decorativas, sin poder real alguno, que su única función será acompañar a los alcaldes en los cortes de cinta; abultando aún más el aparato estatal.
