Señor director:
En su carta de ayer, Rocío Faúndez de Fundación América por la Infancia, realiza diversas y acertadas críticas al Proyecto de Ley de Garantías de los derechos de la Niñez.
Con todo, a pesar de compartir sus comentarios, quisiera agregar un punto de vital importancia para la discusión. Porque si bien es necesario cuestionar, como hace Rocío, la efectividad de la propuesta legislativa (cuyo mensaje no se condice con su articulado), también es pertinente hacer la pregunta sobre la necesidad de crear un sistema de garantías. Sin embargo, la repuesta a esta pregunta no se encuentra –o no adecuadamente– en los fundamentos del proyecto (por supuesto, la repuesta debe ser mucho más que “estamos en deuda con la Convención sobre los Derechos del Niño”). Y me parece que la falta de una adecuada respuesta, se debe a que la forma de abordar los derechos de los niños y su protección, excluye de cierta forma los derechos y deberes de los padres (esto se puede advertir con solo leer el articulado del proyecto).
Una propuesta que quisiera realmente proteger de manera integral los derechos de los niños, debe apuntar en primer lugar a fortalecer la familia y el rol de los padres. Lo anterior porque, primero, no existe un mejor lugar para el desarrollo, formación y educación del niño, desde todo punto de vista, que su familia. Y segundo, porque la mayor parte de los problemas de afectación de los derechos de los niños pasa por la ausencia o incumplimiento de los deberes de los padres (basta pensar, por ejemplo, en el ausentismo de los padres en la educación de sus hijos o los graves incumplimientos de los deberes de relación directa y regular o de alimentos). En este sentido, podríamos agregar, a la enumeración de la carta de Rocío, que no hay sistema porque no se fortalece el rol de los padres.
La discusión que hasta ahora se ha dado en la Comisión de Familia, ha omitido discutir profundamente sobre este asunto. Sobre todo, porque el proyecto tiene urgencia desde que ingresó a la Comisión y no es posible discutir seriamente una propuesta de esta envergadura contrarreloj. Por lo mismo, es de esperar que los diputados pongan en su lugar al Estado en relación con la protección de los derechos de los niños, pero sobre todo pongan en su lugar a la familia, cumpliendo con su deber constitucional de fortalecer el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos.
Cristóbal Aguilera Medina
Coordinador Legislativo
ONG Comunidad y Justicia
