¿Está Chile preparado para reconocer y proveer una vida digna a sus más de 2 millones 500 mil adultos mayores? ¿Garantiza el sistema previsional actual, basado en la capitalización individual, el derecho a la seguridad social, que incluye el derecho a la previsión? Con ocasión de celebrarse el día internacional de los derechos humanos, es válido hacernos como país estas y otras preguntas, las cuales apuntan al concepto de integralidad de los mismos. Es decir, a no solo entenderlos como aquellos relativos a las graves violaciones ocurridas en el pasado, sino que también ligados a necesidades, derechos y realidades de hoy y mañana.
Como señala el Informe de DDHH UDP 2015, el Estado de Chile no posee una política integral, la institucionalidad ni las normas que permitan a una parte creciente de nuestra población, los mayores de 60 años, gozar de derechos que ese propio Estado se ha comprometido a asegurar. El sistema previsional hace depender las pensiones de los ingresos, salvo el muy limitado paliativo de las pensiones solidarias. Es decir, que si se es pobre se tiene pensión de pobre, tal cual sucede con la gran mayoría de los jubilados. En cambio, un sistema de seguridad social lo que hace es justamente romper con esa dependencia, buscando asegurar condiciones de bienestar que sean autónomas de las circunstancias económicas de cada persona. Lo anterior es una exigencia que deriva del derecho a la seguridad social, garantizado por diversos tratados de DDHH y por la propia Constitución actual.
[cita tipo=»destaque»]Los derechos del adulto mayor son también derechos humanos, como también lo son los de los niños, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas. Así, ellos no se relacionan exclusivamente, como algunos parecen creer, con lo sucedido en el pasado dictatorial[/cita]
Los derechos del adulto mayor son también derechos humanos, como también lo son los de los niños, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas. Así, ellos no se relacionan exclusivamente, como algunos parecen creer, con lo sucedido en el pasado dictatorial. No obstante, sobre ese pasado hay aun cuentas pendientes, y la más seria es la relativa a las víctimas de tortura bajo dictadura. Como afirma el mismo Informe, en el presente el impulso investigador de esos casos recae exclusivamente en las víctimas y sus abogados, pues el Estado de Chile, pese a repetidas condenas de la Corte Interamericana de DDHH, no ha asumido su responsabilidad en esta materia. Esta omisión inexcusable constituye una carga adicional que el Estado impone a quienes él mismo violó en las manos de sus agentes. Y no hay atentado más profundo a la psiquis y al cuerpo de una persona que la tortura. Como sociedad y Estado, a más de 40 años después de sucedidos esos gravísimos hechos, no hemos sido capaces de lo mínimo que se le debe a una víctima, reconocer que hubo delito y que debe investigarse.
Desgraciadamente, la tortura no es solo un asunto del pasado sino que muy del presente. Como las propias cifras del Ministerio Público lo muestran, las causas ingresadas por apremios ilegítimos han pasado de 13 el 2006 a 186 el 2014. La introducción de la reforma procesal penal produjo un cambio en el uso de la tortura y de los tratos crueles y degradantes, pero con el correr de los años, como lo muestra el mismo Informe, la situación parece volver a lo que eran prácticas policiales permanentes, que ciertamente anteceden a la dictadura. Ello es gravísimo, pues como la experiencia comparada lo muestra, si no se pone atajo a esa práctica ella se convierte en hábito institucional, degradando y corrompiendo el sistema policial y penal. La constatación de esta (vieja) realidad es solo una muestra más de que construir un Estado que respete y asegure los derechos de todos y todas, independiente de su clase, sexo, origen social, opinión y otras condiciones, es una tarea permanente y que nunca se agota.
