Opinión
Es cierto que los diarios de Agustín Edwards y los dirigentes de la derecha son clasistas. Pero hay que añadir que el gobierno que nombró a solo tres mujeres, a solo dos personas de ascendencia mapuche, a una sola persona asalariada, a ninguna persona de sexualidad diversa, a ningún habitante de comunidades regionales, es un gobierno machista, clasista, homofóbico, transfóbico y centralista, es decir, un gobierno profundamente discriminador.
La Presidenta Michelle Bachelet, en cumplimiento del itinerario constituyente que anunció en octubre –y que intenté explicar en una anterior columna– anunció hace poco la conformación de un Consejo de Observadores Ciudadanos. Debido a que es el primer paso en dicho itinerario, las designaciones han atraído considerable atención; es de suponer que ellas anticipan cómo se desenvolverá el resto del proceso.
La presencia en dicho Consejo de Ruth Olate, presidenta de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, y de Jean Beausejour, futbolista profesional, produjo críticas de algunos sectores que, a juicio de otros actores, han tenido un carácter discriminador. Esta discusión me resulta de particular interés, pues hace confluir dos temáticas sobre las que he publicado columnas de opinión y trabajos académicos: la discriminación, por un lado, y el proceso constituyente, por el otro. Aquí intentaré contribuir a la discusión invirtiendo la acusación: sosteniendo que lo genuinamente discriminador es, justamente, la conformación del Consejo.
Las críticas contra el Consejo calificadas como discriminadoras provienen, como era de esperar, de los sospechosos de siempre: la cadena periodística El Mercurio y parlamentarios de la derecha. Veamos en qué han consistido dichas críticas.
Los diarios de Agustín Edwards han arremetido con particular saña contra la presencia de la dirigenta sindical Olate. El Mercurio de Valparaíso publicó una caricatura sobre las trabajadoras de casa particular que ha sido ampliamente interpretada como una burla respecto a la legitimidad de dicho grupo de trabajadoras, cuyo lugar adecuado, de acuerdo a la imagen de la caricatura, pareciera más bien ser la cocina. En tanto, en El Mercurio de Santiago, una columna humorística (El Mercurio no escatima armas en sus batallas) añadió sarcásticamente que debía haberse incluido también en el Consejo al protagonista de un video viral conocido como “el Manjarsh”, ya que “da muchas garantías de saber lo que es el buen gusto para la gente común y corriente”.
La derecha ha tocado la misma tecla, si bien su objetivo de atención preferencial ha sido el futbolista Beausejour. El diputado de la UDI Felipe Ward, por ejemplo, sostuvo en relación con él que “el tema de la Constitución requiere de expertos constitucionales”, por lo que le dedicó al futbolista un mensaje simple (y simplista): “Pastelero, a sus pasteles”. En tanto, y en la misma línea, Luis Mayol, ex ministro de Piñera y vicepresidente de RN, agregó que el nombramiento del futbolista es tan criticable como lo sería que él, Mayol, fuera nombrado ayudante del entrenador de la selección de fútbol.
La respuesta del gobierno llegó a través del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien sostuvo que “todas esas críticas son discriminatorias” y que “corresponden al clasismo habitual de este país”. Pero, ¿qué es más discriminador? ¿Formular opiniones discriminadoras? ¿O tomar decisiones que reproducen y, por ello, refuerzan la marginalidad de los sectores sociales que sufren la discriminación?
[cita tipo= «destaque»]Es un gobierno que gobierna de manera preferencial para quienes se parecen al ministro del Interior (ya se vio con la postulación fallida de Enrique Rajevic a la Contraloría): hombres eurodescendientes, heterosexuales, católicos, y, por sobre todo, empresarios o profesionales de ingresos altos.[/cita]
En mis trabajos académicos, precisamente, he defendido la idea de que la expresión discriminatoria es tan solo una parte del fenómeno discriminatorio. La expresión discriminatoria es significativa, pues ella reproduce estereotipos que ofrecen razones para excluir a categorías completas de personas de determinadas oportunidades de desarrollo humano. Pero la expresión discriminatoria es significativa precisamente en la medida en que se traduzca en distribuciones asimétricas de las oportunidades de desarrollo humano. En una sociedad discriminadora, las expresiones discriminatorias estén acopladas a una distribución desigual del bienestar material, del estatus simbólico, de la legitimidad para producir opiniones e información relevantes, y, particularmente, de la posibilidad de tomar decisiones sobre una/o misma/o y de participar en la toma de decisiones colectiva; en otras palabras, una sociedad discriminadora es una sociedad económica, simbólica, epistémica y cráticamente desigual. Y como se ve, la integración del Consejo de Observadores revela profundas desigualdades simbólicas (¿quién tiene prestigio como para participar?), epistémicas (¿la opinión de quién es relevante?) y cráticas (¿quiénes participan?).
No es de extrañar, entonces, que diversas agrupaciones feministas hayan también criticado la conformación del Consejo de Observadores, pero por razones muy distintas a las de El Mercurio y la derecha: específicamente, debido a su falta de paridad de género, expresada en que el Consejo está integrado por catorce hombres y tan solo por tres mujeres. Pero también ha de ser criticada la falta de paridad social de este organismo: en el Consejo hay numerosos profesionales, pero solo una trabajadora asalariada. Y también ha de ser criticada su falta de representatividad territorial: la única persona que pareciera tener vínculos con alguna región es un empresario, lo que deja a un lado la mirada de quienes cuestionan, desde las regiones, el centralismo característico del modo existente de explotación de los recursos naturales. También debe ser cuestionada la falta de inclusión étnica: solo hay dos personas de ascendencia mapuche. Y debe ser cuestionada su falta de diversidad sexual: no hay personas intersex, gay, lésbicas ni trans.
Desde luego, el gobierno puede hacer lo que se hace con las preguntas molestas: minimizar, invisibilizar, descartar. Afirmar, dándole la razón a Carlos Peña –quien sostuvo que el Consejo no tiene ninguna función realmente relevante– que la representatividad del Consejo no es relevante, pues lo relevante es la participación que se dé en el proceso mismo, en los ‘cabildos ciudadanos’. Pero ¿por qué habría de esperarse que la ciudadanía llegue a los ‘cabildos’, si ella ya no fue convocada a integrar el Consejo? ¿Y qué se puede esperar de unos ‘cabildos’ cuya metodología de trabajo fue desarrollada por los equipos de trabajo del lobbista Eugenio Tironi, precisamente para desactivar y neutralizar aquellos conflictos sociales que afectan los intereses de sus clientes, empresas extractoras de recursos naturales? Incluso más, ¿qué se puede esperar de un Consejo de Observadores cuyo Presidente es decano de una facultad de derecho del Grupo Laurate, esto es, de una cadena transnacional del lucro en la educación?
Es cierto que los diarios de Agustín Edwards y los dirigentes de la derecha son clasistas. Pero hay que añadir que el gobierno que nombró a solo tres mujeres, a solo dos personas de ascendencia mapuche, a una sola persona asalariada, a ninguna persona de sexualidad diversa, a ningún habitante de comunidades regionales, es un gobierno machista, clasista, homofóbico, transfóbico y centralista, es decir, un gobierno profundamente discriminador. Es un gobierno que gobierna de manera preferencial para quienes se parecen al ministro del Interior (ya se vio con la postulación fallida de Enrique Rajevic a la Contraloría): hombres eurodescendientes, heterosexuales, católicos, y, por sobre todo, empresarios o profesionales de ingresos altos.
En consecuencia, si se trata de decidir quién es aquí la persona responsable de la discriminación en el proceso constituyente, las miradas deben dirigirse hacia quienes nombraron a dedo un Consejo de Observadores que tiene poco de ciudadano y mucho de elitista. Si se desea ponerle rostro, nombre y apellido a la discriminación, la respuesta es una sola: Bachelet es la discriminadora.
