La grotesca farra de militares en un casino habla de cómo está expropiado a los territorios el destino de «sus» recursos. Estamos a fines del 2015 y hay hermetismo sobre si la Presidenta cumplirá lo prometido a las regiones en cuanto a enviar, durante el segundo semestre, una ley de financiamiento de las regiones. La ortodoxia de los economistas apunta a no tocar los impuestos ni generar alarmas en ciclos de baja económica, que es la idea dominante en el Ministerio de Hacienda y los círculos de poder. Recordemos que el ABC de toda descentralización es:
a.- La política: la elección de intendentes en trámite inicial en el Senado y con acuerdo logrado por la Coalición de Fuerzas Regionalistas para “matar” la figura paralela del gobernador regional que promovieron los segmentos más centralistas del Ejecutivo. Se sigue esperando que se pueda realizar a fines del 2017 junto a las presidenciales.
b.- La administrativa: un proceso de traspaso de competencia aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de incremental de largo plazo que espera una instancia de resolución de controversias para que las regiones puedan pedir poderes.
c.- La fiscal-económica: la anunciada ley no enviada que debe dar autonomías, posibilidad de presupuestos plurianuales, endeudamiento con control, coparticipación en rentas, eliminar evasiones y amplias exenciones al pago de los tributos locales (bienes raíces, patentes comerciales) y regionales (minería, recursos naturales, agua, puertos, forestales).
[cita tipo= «destaque»] La ortodoxia de los economistas apunta a no tocar los impuestos ni generar alarmas en ciclos de baja económica, que es la idea dominante en el Ministerio de Hacienda y los círculos de poder.[/cita]
Sin embargo, hay razones para no temer una buena ley con la debida equidad, progresividad y demanda de resultados a regiones y municipios:
– Los escándalos de mal uso de los Fondos Reservados del Cobre que hacen evidente que hay que liberar a Codelco de esta carga que alimenta corrupción y descapitaliza a la empresa e impide que el país invierta en su plan de nuevas refinerías (tan rentable como el cobre a estos precios). Tiene más sentido la antigua demanda de llegar a un 5% de royalties mineros para privados y Codelco, que quede la mitad en las contaminadas zonas mineras y la otra al Fondo de Convergencia con las regiones más rezagadas (como propuso la Comisión para la Descentralización el 2014).
– Exigir en el año de las elecciones municipales un pacto de mayor pago de las contribuciones de bienes raíces (solo lo hace el 19% de las viviendas en Chile) y derechos de aseo, a cambio de servicios municipales garantizados (SEMUGs) de mayor calidad en la vida urbana de los chilenos
– Solidaridad y menos opacidad en la industria de los casinos, donde los casos de municipios con altos ingresos se vean estructuralmente compelidos a compartir con las zonas de impacto de los mismos (Viña del Mar debe aportar a Valparaíso, Mostazal a sus vecinos, al igual que Rinconada, entre otros).
– Las crisis del agua, con las eléctricas, y el conflicto Mapuche con las forestales, demuestran que las empresas deben pagar en los territorios, ser más efectivas y así lograr alianzas endógenas de valor y uso racional de los recursos.
– Los graves problemas metropolitanos del Gran Santiago, Valparaíso y Concepción (basurales, contaminación, problemas de transportes) obligan a pensar en su financiamiento con corresponsabilidad y eficiencia.
Nunca es tarde para reformas concentradas y legítimas, como esta de la descentralización apropiada.
