Cualquiera que asome su cabeza al panorama político chileno sentirá una sensación de vértigo. Es la reacción natural frente el vacío político, que en el último tiempo se ha ido profundizando, sin que ninguna de las fuerzas políticas dominantes (ni subalternas) haya podido dar una respuesta a la encrucijada planteada.
Por una parte, la clase política se va quedando desfondada frente a un malestar social cada vez más profundo, que ya ha estrenado su capacidad de manifestarse, aunque sin la consistencia necesaria para poner las cosas a su favor. Para agravar la crisis, además de la corrupción que percola por prácticamente todos los intersticios por donde circula dinero, en el horizonte, amenazan los nubarrones de un modelo de (sub)desarrollo que ya ha alcanzado los límites de su propia implosión.
La inquietud en la élite es evidente, al igual que la oportunidad que se abre para la constitución de una nueva fuerza política con voluntad y, por qué no, capacidad de transformación. Si bien su posibilidad surge del hastío ciudadano medidado electoralmente, su profundidad no. Esta depende del anclaje que dicha fuerza tenga en las respuestas sociales organizadas al neoliberalismo cotidiano y su realidad de exclusión y mercantilización.
Entre aquellas, además del potente movimiento estudiantil y del embrionario surgimiento de un sindicalismo que responde a la indignidad del subcontrato quebrantando la legalidad, aparecen una y otra vez los levantamientos de las provincias: Magallanes, Aysén, Freirina y Calama (2011). Esto invita a pensar políticamente el territorio, particularmente el municipio, cuya disputa se define en las elecciones del presente año.
[cita tipo=»destaque»] La pregunta que se abre es, entonces, ¿cómo y cuáles son las herramientas que ofrece el Municipio que sirvan, cambiando la lógica con que han operado hasta ahora, para hacer avanzar en la constitución política a las organizaciones sociales que se han estado movilizando?[/cita]
En el gobierno local se juega algo importante para el proyecto de transformación. Desde ahí se (re)producen ciertas formas de relación entre el Estado y las comunidades, cuyo carácter puede ser de un signo u otro. Esto es, puede haber relaciones clientelares, como las actuales, o pueden desarrollarse nuevas formas de organizar lo social, abriendo espacios para que la sociedad despliegue sus capacidades creativas, las mismas que le han sido expropiadas por diversas vías: una democracia restringida y sin participación, una tecnocracia que suplanta la soberanía popular, una política capturada por el poder del dinero de los empresarios, un centralismo brutal, que ahoga el desarrollo, entre otras.
Ahora bien, no pretendemos sostener que la disputa por el (auto)gobierno local se limite al Municipio, sino que se refiere a la gobernanza local, o sea, esa compleja relación de fuerzas movilizadas por distintos actores, instituciones e intereses (privados y públicos), a distintos niveles (regional, nacional, global), que determinan el sentido de las decisiones relevantes en un territorio. Visto así, lo que ocurre es que la dirección que toma la manera en que se producen los territorios no se encuentra en la administración pública, la que sólo tiene un rol facilitador o coordinador. Por lo mismo, si la disputa es por el (auto)gobierno local, entonces hay que tener en cuenta algunas de las limitantes que presenta la forma del Municipio. No se trata solo de administrar las capacidades que hoy tiene, sino que en el desarrollo de nuestras prácticas transformar su carácter.
Por eso es que hablamos de un proceso de apropiación o empoderamiento: hacer propio algo que no lo es, y que incluye una disputa por su transformación. Los términos de esta apropiación son diversos. En primer lugar, es una apropiación institucional, que implica reconocer el aparato legal y jurídico en el que están inmersos los gobiernos locales, sus limitaciones y posibilidades. En segundo lugar, se debe reconocer y transformar las prácticas y usos que las organizaciones sociales despliegan en su relación con el municipio. Y, en tercer lugar, y sobre todo, implica un proceso de apropiación por parte de las organizaciones sociales del ejercicio de la política a escala local.
Se trata, como dicen en Bolivia, de “fundir el Estado en la sociedad civil”. En otras palabras, se requiere impulsar un proceso consciente en que el gobierno del territorio esté fundado en la iniciativa de la sociedad y no en su sustitución por parte del gobierno. El objetivo es que el Estado en su escala local empuje, diversifique y facilite los medios para la autoorganización de la sociedad, para así producir otro tipo de relaciones sociales en el territorio. Relaciones que sean lo opuesto a las que actualmente nos dominan, o sea, relaciones que sean democráticas, horizontales, solidarias, cooperativas y sustentables. Desde este proceso podemos animar la construcción de una voluntad política de transformación social y, en diálogo con ella, la constitución de una nueva fuerza política.
La pregunta que se abre es, entonces, ¿cómo y cuáles son las herramientas que ofrece el Municipio que sirvan, cambiando la lógica con que han operado hasta ahora, para hacer avanzar en la constitución política a las organizaciones sociales que se han estado movilizando? La posibilidad de ensayar una respuesta pasa por la articulación de las capacidades de inteligencia del mundo social crítico (hoy dispersas distintas organizaciones sociales, oenegés y fundaciones) con los actores locales, politizados desde sus conflictos (hoy aislados y algo desesperados). Las posibilidades de éxito en el mediano plazo, dependen, entre otras cosas, de si esta articulación, es capaz, a su vez, de dotarse de una dirección política propia.
Hoy existen, aunque de manera poco articulada, distintas experiencias de trabajo en torno a conflictos territoriales que apuntan a un cuestionamiento de las relaciones sociales que configura y reproduce el modelo. Estas experiencias deben reflejarse en un esfuerzo común que sea capaz de disputar, con cada vez mayor ímpetu, los espacios de toma de decisiones y la manera en que estas se alcanzan. En este contexto, desde los procesos de disputa local que se constituyan en torno a las elecciones municipales, se abre también la posibilidad de ir construyendo, desde la fuerza de las organizaciones sociales, una voluntad política de transformación que sea capaz de articular un proyecto político distinto para organizar de otro modo nuestras vidas.
