Señor Director:
La Presidenta Michelle Bachelet anunció, este 18 de enero, que enviará al Congreso durante el primer semestre de este año un proyecto de ley que creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El principal objetivo de esta institucionalidad, dijo, será fortalecer y ampliar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en Chile. Este anuncio, bien valorado por muchos investigadores, plantea diversos desafíos para asegurar la materialización de lo que debe ser el norte de esta cartera: la construcción de conocimiento.
En 2015 la discusión se centró en la reforma de Educación Superior –reducida principalmente a la gratuidad– y hubo una completa omisión sobre políticas de investigación, docencia universitaria y articulación de instituciones del sistema de educación superior con la sociedad. A pesar de esta omisión, desde la comunidad académica científica han surgido voces críticas sobre las políticas de financiamiento, el retorno de investigadores –proceso de internacionalización que Chile desarrolló en la última década– y sus condiciones laborales.
La nueva institucionalidad, sin duda, deberá hacerse cargo de ampliar la diversidad de temas y problemas de investigación que cuentan con financiamiento público, definir perfiles idóneos de quienes encabezarán los procesos de selección, ampliar los equipos de investigadores por áreas disciplinarias, respaldar a los investigadores de universidades regionales, los requerimientos con que hoy se mide la productividad académica, publicaciones indexadas y obtención de fondos de investigación, entre otros. En ese sentido, me parece urgente discutir una nueva política de investigación y analizar las condiciones actuales en que hoy se construye conocimiento en Chile.
La discusión internacional sobre Políticas de Conocimiento hoy plantea que construir conocimiento se ha transformado en un imperativo estratégico para los países, en el cual la fórmula Investigación+Desarrollo+Innovación (I+D+I) fortalece las áreas estratégicas de desarrollo de las naciones. Además plantea que el conocimiento debe ser considerado un recurso clave para el crecimiento económico.
Por esta razón, la sola creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología no resuelve la crisis que hoy vive la investigación en Chile, pero sí abre un mundo de posibilidades para avanzar en su desarrollo y fortalecimiento. La invitación para las autoridades que encabecerán la nueva institucionalidad y los profesionales que la integrarán, entonces, es a repensar las condiciones contemporáneas de trabajo académico y las dinámicas de regulación del conocimiento que existen en Chile. Solo haciendo visibles y tangibles esas regulaciones será posible avanzar hacia una nueva ciencia para Chile. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no debiera ser el punto de partida de una nueva institucionalidad, sino el destino de una construcción de políticas de investigación democrática y participativa.
Ana Luisa Muñoz García, Ph.D.
Académica
Núcleo de Investigación en Educación
Universidad Andrés Bello
