Opinión
La Moneda es la clave para resolver esta injusticia y el Congreso Nacional puede cooperar. Pero para ello no debe limitarse a aprobar Proyectos de Acuerdo, llenos de buenas intenciones pero que no sirven para cambiar nada. Necesitamos una ley que nos permita a los ciudadanos tomar la decisión, libre e informadamente, de optar por quedamos en las AFP o nos trasladamos a un sistema público, solidario de reparto, como el que mantienen los uniformados, con las modificaciones indispensables.
El viernes 22 de enero pasado, concurrí a la Plaza de la Constitución para participar en un homenaje al Presidente Eduardo Frei Montalva, militante demócrata cristiano asesinado por órdenes de Pinochet. No es banal recordar que la historia de Chile nos enseña que Eduardo Frei es el único ex Presidente de Chile asesinado por razones políticas en nuestro país. Balmaceda y Allende se suicidaron, el primero en la legación argentina y el segundo en su puesto, el Palacio de La Moneda. El estadista DC era un peligro para la mantención de la dictadura, ya que en torno a él empezaban a confluir fuerzas políticas que habían estado fuertemente enfrentadas antes. Su nombramiento en la Comisión Norte Sur, liderada por el canciller Willy Brandt, apoyado por las fuerzas socialdemócratas y DC a nivel mundial, marcaban el fracaso de la campaña de desprestigio contra Frei para convertirlo en cómplice de la CIA.
Lo que era una actitud legítima y compartida por muchos de oposición al Gobierno de Allende, se presentó como conspiración por mucho tiempo. Los fundamentos de una oposición popular se encuentran en mi libro La DC y el Gobierno de Allende, que contiene los argumentos de Luis Riveros, Serenísimo Gran Maestro de la Masonería, ex Rector de la U. de Chile; Jorge Arrate, ex candidato presidencial; Mireya Baltra, mi amiga ex diputada del PC; Patricio Hales, antes PC, hoy PPD; y un comentario de mi amigo y camarada Jaime Hales.
Ese día en la Plaza, recordé una reciente investigación de la profesora Olga Ulianova, que estudió los documentos desclasificados de la CIA, y demuestra que Eduardo Frei Montalva no participó en la preparación del Golpe, se negó a las maniobras preparadas para tentarlo, incluso rechazando el ofrecimiento de volver a la Presidencia y, que fue, además, un gran crítico de Pinochet, causando molestia en la CIA por sus repercusiones en todo el mundo. De ahí proviene la fría decisión del dictador Pinochet de eliminarlo, implementada en enero de 1982 por médicos de la DINA que infectaron al estadista enfermo, logrando quitarle la vida de una manera solapada.
Cuando advertí la presencia del actual diputado Tucapel Jiménez entre los asistentes, recordé que en febrero del mismo año 1982, fue asesinado brutalmente su padre, cuyo nombre lleva con orgullo. Tucapel padre era un líder sindical al que Manuel Bustos, José Ruiz, yo, entre muchos sindicalistas, apoyábamos para liderar la unidad de los trabajadores. Juntar a los perseguidos de la dictadura tras una propuesta democrática, unitaria y pacífica no era una tarea fácil y menos exenta de riesgos. Leighton, Fuentealba, Palma, Velasco, Andrés Aylwin y otros destacados militantes que firmaron el 13 de septiembre del 73 una declaración de rechazo al Golpe, habían sufrido una dura represión, que obligó a varios de ellos a vivir en un doloroso exilio, donde recibieron amenazas permanentes. Estas se concretaron en un intento cruel de asesinato que afectó en 1975 a don Bernardo Leighton y su querida esposa Anita Fresno, exiliados entonces en Roma. A seis cuadras de La Plaza de la Constitución, el domingo 24 de enero, recordamos a don Bernardo, en la Iglesia del Colegio donde estudió este gran hombre y uno de cuyos maestros fue el Padre Hurtado.
[cita tipo= «destaque»]Cumplir con estas normas sobre derechos humanos, también es reencontrarse con la Política con mayúscula y seguir el camino trazado por estos tres presidentes de orientaciones doctrinarias tan diferentes: nos permite, además, un reencuentro con la hermosa historia de un país que reconoce su diversidad y a sus habitantes como una riqueza adicional y que quiere poner fin a la economía neoliberal que nos trata como mercaderías desechables, que nos humilla en la vejez y envenena nuestra vida y la naturaleza. [/cita]
Recomiendo visitar la Plaza de la Constitución, tanto en forma individual como acompañados por personas que pacífica y respetuosamente quieran expresar sus legítimas demandas de cambios frente a los abusos. Hay que ir allí. Ciertos días se ve el Cambio de Guardia, ceremonia que me encantaba de joven y que congrega aún a miles de chilenos y turistas. Podrán mirar que en su parte sur, está el palacio de La Moneda, restaurado después de la destrucción increíble del 73, donde, desde 1990, han vuelto a funcionar las oficinas de los legítimos Presidentes de Chile, los elegidos por nosotros, el pueblo. Si queremos cambiar las abusivas normas sobre salud y pensiones, hay que tener en mente La Moneda, ya que desde el Gobierno del Presidente mártir, finalizado en 1970, rige una reforma constitucional que radicó en el Ejecutivo la iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley sobre materias que significaran gastos con fondos públicos. Se buscó, con razones muy contundentes, evitar los excesos demagógicos de parlamentarios que aprobaban leyes sin financiamiento, ahondando el déficit fiscal, perjudicando así al país en su conjunto.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), este promovió y logró hacer aprobar varias leyes que permitían jubilar de manera digna a trabajadores del carbón y ferrocarriles que se vieron afectados por las reducciones y cierres de sus actividades. Varios senadores de esa época le solicitamos que se permitiera a los trabajadores volver al sistema antiguo. Una muralla china se levantó entonces. El fundador del neoliberalismo concertacionista, Edgardo Boeninger, más los ex progresistas Foxley, Cortázar y Ominami se negaron tajantemente. Ellos creían que las AFP entregarían mejores pensiones que el INP. Entre sus ministros preferidos, con postgrado y nosotros, parlamentarios provenientes del mundo social, el gran Presidente optó por ellos. Pero como muestra su historia profesional y política, era un arbitrador, así que permitió que los funcionarios públicos antiguos afiliados al ex INP, pudieran cambiarse, pero no los afiliados a las AFP. ¿Qué significó esa decisión? Un profesor jubilado en virtud de la Ley 19.200 de enero de 1993, tiene una pensión cercana al 80% de su última remuneración y un profesor afiliado a una AFP, hoy solo recibe de la AFP un 25% de su último sueldo.
No cabe duda, entonces, La Moneda es la clave para resolver esta injusticia y el Congreso Nacional puede cooperar. Pero para ello no debe limitarse a aprobar, como ha informado también El Mostrador, Proyectos de Acuerdo, llenos de buenas intenciones pero que no sirven para cambiar nada. Necesitamos una ley que nos permita a los ciudadanos tomar la decisión, libre e informadamente, de optar por quedamos en las AFP o nos trasladamos a un sistema público, solidario de reparto, como el que mantienen los uniformados, con las modificaciones indispensables.
Por eso, el Presidente de la JDC, Diego Calderón, Nolberto Díaz, vicepresidente de la CUT, y otros dirigentes sociales, firmamos una carta pública a la Presidenta, que le entregó en sus manos ese día el nuevo líder de la JDC, nieto de un campesino beneficiado por la Reforma Agraria y perjudicado como millones por la dictadura. Le pedimos en la nota que apure los cambios prometidos, que se invierta nuestro dinero en Chile, que ordene aplicar las normas que obligan a Cuprum y Provida a pagar los 410 millones de dólares en impuestos que quieren eludir, de lo que es responsable la renunciada Superintendenta de Pensiones.
No cabe duda, la Plaza de la Constitución es un lugar cargado de simbolismo. Al norte, mirando hacia La Moneda, se encuentra la estatua de Diego Portales, que en los comienzos de la patria se enfrentó a los caudillos militares y al personalismo, estableciendo normas jurídicas obligatorias para gobernantes y gobernados. ¿El costo? Su vida. Portales fue asesinado por militares rebeldes. Al oeste de la Plaza, está la estatua de mi camarada Eduardo Frei Montalva, asesinado por los esbirros de Pinochet. Frente a él, en la parte este, se han erigido sendas estatuas a Jorge Alessandri, Presidente derechista, y más hacia el sur, a Salvador Allende, que prefirió suicidarse antes que ser destituido por un Golpe de Estado encabezado por uno de sus generales de confianza. Tres muertes violentas y una natural.
Los tres ex presidentes mencionados fueron adversarios políticos. Dos de ellos alcanzaron a mostrar su respeto a la voluntad popular y les entregaron el cargo a sus sucesores de otra tendencia. Alessandri a Frei y este a Allende, que no pudo terminar su mandato constitucional por las dramáticas razones conocidas.
¿Tenían algo en común estos tres Presidentes recordados en estas estatuas?
Muchas características los unen. Fueron servidores públicos honestos y tuvieron una larga trayectoria reconocida y admirada por los chilenos. Fueron ministros, senadores y presidentes. Y algo muy relevante para las luchas de hoy: los tres defendían la Seguridad Social, que incluye pensiones, salud, cesantía, accidentes del trabajo, y otros, como tarea ineludible del Estado, alejadas del lucro y el abuso.
Las posiciones de Frei y Allende son más conocidas, pero pocos saben, salvo los que hayan leído el libro de José Piñera, El cascabel al gato o mi libro El gran engaño, que don Jorge Alessandri fue decidido opositor al sistema de AFP. Tanto así, que J. Piñera debe reconocer que tuvo que lograr que el proyecto no se enviara al Consejo de Estado que existía en la dictadura, porque sabía que Jorge Alessandri lo rechazaría. Aunque este era una instancia sin poder, como se demostró cuando aprobó un proyecto de Constitución distinto al que la Junta Militar presentó a plebiscito, Piñera, José, maniobró con Merino y Matthei para evitar el obstáculo.
Terminar con el lucro en las AFP e Isapres es, ciertamente, aplicar las normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entidad internacional en que participan los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de todo el mundo. El artículo 5° de nuestra criticada Constitución le da valor constitucional a los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos vigentes y todos estos instrumentos consideran la Seguridad Social un derecho humano, de modo que estamos incumpliendo obligaciones tan obligatorias como las de la OMC.
Cumplir con estas normas sobre derechos humanos, también es reencontrarse con la Política con mayúscula y seguir el camino trazado por estos tres presidentes de orientaciones doctrinarias tan diferentes: nos permite, además, un reencuentro con la hermosa historia de un país que reconoce su diversidad y a sus habitantes como una riqueza adicional y que quiere poner fin a la economía neoliberal que nos trata como mercaderías desechables, que nos humilla en la vejez y envenena nuestra vida y la naturaleza.
El 11 de marzo del 2013, con mi familia y miles de chilenos más, concurrimos a la Plaza de la Constitución, para aplaudir a la Presidenta que habíamos elegido con nuestro trabajo y nuestros votos y que se comprometía a derrotar al principal enemigo de Chile, según ella y nosotros: la desigualdad. El 22 de enero concurrimos a honrar a un gran líder asesinado.
Más pronto que tarde, esperamos reunirnos de nuevo en esa hermosa Plaza para aplaudir a nuestra Presidenta por el cumplimiento de sus promesas, especialmente en pensiones, salud y educación.
