Señor Director:
A finales del año pasado hice una solicitud de información al Consejo para la Transparencia con el objeto de contar con antecedentes acerca del concurso ‘TransparentARTE’. La solicitud respondía a la inquietud de cómo un concurso de arte podía aportar a la difusión de la cultura de transparencia en nuestro país. El último Estudio Nacional de Transparencia (2015), indica que sólo un 14% de la población conoce al Consejo, y un 29% conoce la Ley de Transparencia. Si bien estos indicadores han mostrado un aumento progresivo desde que se comenzaron a medir, el conocimiento en el estrato socioeconómico bajo de la población sólo alcanza un 17%, mientras que en el estrato socioeconómico alto este alcanzaría un 65%. De igual modo, de acuerdo al nivel de escolaridad, el conocimiento del Consejo y la Ley aumentarían conforme a los años de escolaridad.
En este contexto -parece de sentido común-, que la promoción del Consejo y la Ley apunte a aquellos segmentos donde el desconocimiento es mayor y se encuentren más desprotegidos antes las decisiones de la autoridad. El concurso ‘TransparentARTE’, el año 2015, alcanzó un costo de $15.020.000, correspondiente al 0,27% del total del presupuesto del Consejo. Su justificación (cito respuesta de mi solicitud) “…La iniciativa de llevar a cabo dicho certamen surgió por la inquietud de impulsar el valor de la Transparencia a través de todos los lenguajes […]; constituye una herramienta que permite – […] – transmitir el concepto y el valor de la Transparencia a los ciudadanos”. Usted se preguntará ¿el arte se constituye como agente transversal, promotor de la Transparencia? El informe indica que el conocimiento de la Ley se da por la televisión (87%), y los siguientes corresponden al diario (19%), y la radio (18%). Creo que la respuesta entonces es todo lo contrario; y por favor, no estoy en contra de la creación de concursos de arte; no obstante, creo firmemente, que el concurso ‘TransparentARTE’ constituye un despropósito. No ha sido evaluado su efecto difusor, y la población no lo reconoce como un medio para conocer la Ley.
Resultaría prudente evaluar éste tipo de iniciativas considerando su utilidad, destinando financiamiento a campañas que tengan mayor difusión, y que entregue herramientas a la población para hacer un uso efectivo de la Ley.
María Antonieta Vega
