¿Hay coherencia en el discurso?
El recién conocido Informe de la comisión de visita de cárcel de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dio cuenta de las condiciones infrahumanas en que viven las personas privadas de libertad en la Región Metropolitana –esto es, en espacios mínimos, plagados de insectos, parásitos y focos infecciosos–, sin duda es una noticia grave y preocupante.
En un país como el nuestro, con el nivel de desarrollo que aparenta, resulta impresentable e indigno que un porcentaje de nuestra población, que se encuentra cumpliendo una sanción de privación de libertad, deba vivir en condiciones inhumanas como las descritas. En este sentido, nada pareciera diferenciar a nuestro país de las condiciones carcelarias de países subdesarrollados, considerando además que somos uno de los países con más presos por habitante de América Latina.
Sin embargo, lamentablemente, nada de lo expuesto resulta ser nuevo ni una sorpresa. Es un hecho que en nuestro país, a pesar de algunos esfuerzos aislados, nunca ha sido una prioridad política ni presupuestaria mejorar las condiciones carcelarias. Ni eventos tan lamentables como el incendio en la cárcel de San Miguel parecieran haber logrado conmover o convencer a nuestra clase política de la gravedad de la situación carcelaria. Quienes están cumpliendo condenas en las cárceles solo deben ser privados precisamente de la libertad y no de otros derechos, ya que la condena descrita en el Código Penal (o medida cautelar en su caso) no incluye la conculcación de otros derechos como la vida o la salud.
Además, como se ha sostenido hasta el cansancio desde la academia y por muchos de los actores del sistema, a la postre, la gran herramienta costo/eficiente para disminuir la reincidencia y lograr una mayor reinserción no pasa por aumentar las penas de cárcel. La solución es más bien impulsar y fomentar la correcta y eficiente aplicación y supervisión de mecanismos alternativos a la cárcel, dejando la pena privativa de libertad como último recurso y, en caso de utilizarse, propiciando posibilidades reales de rehabilitación y reinserción que, como mínimo, requieren de condiciones dignas en las cuales vivir.
[cita tipo=»destaque»]Por un lado nos dicen que sí preocupa que las personas estén privadas de libertad en condiciones inhumanas y, por otro lado, se contribuye a que más gente esté privada de libertad en esos recintos. Esto no es coherente. Esto es realmente lo preocupante.[/cita]
Pero no, lamentablemente dicho discurso no parece ser popular entre la clase política y siempre habrá otras prioridades a la hora de enfocar los recursos. Será problema de otros que, cuando esas personas que viven entre infecciones y parásitos recuperen su libertad, se integren en nuestra sociedad y, como por arte de magia, dejen de cometer nuevos delitos.
Lo más preocupante de todo entonces no es que salga a la luz información que ya conocíamos, sino que no haya esfuerzos reales para evitar estos problemas y que no haya coherencia entre las políticas públicas que inciden en estos. No basta con decir que se trata de una tarea por cumplir y que se revisará el Informe para analizar qué se puede hacer mientras que, por otro lado, se nos presenta una carta que pareciera borrar con el codo estas promesas.
Todos, políticos y Ejecutivo, conocían y conocen la situación descrita en el Informe. Aun así, se ha impulsado, promovido, puesto urgencia y aprobado en gran parte, un proyecto de agenda corta antidelincuencia que, entre otros efectos, como hemos expuesto en un Informe elaborado por nuestra Asociación (Valenzuela, ACHTJ, 2015), aumenta las penas para los delitos contra la propiedad, disminuye las opciones de acceder a medidas cautelares en libertad y dificulta las posibilidades de acceder a salidas alternativas y penas sustitutivas. Todo esto se va a traducir, precisamente, en más gente privada de libertad, menos opciones de reinserción y, por ende, más reincidencia y nuevos delitos. De esta forma, a pesar del Informe, hoy se está por aprobar un proyecto que va a enviar a más gente a esas inhumanas cárceles.
Es decir, por un lado nos dicen que sí preocupa que las personas estén privadas de libertad en condiciones inhumanas y, por otro lado, se contribuye a que más gente esté privada de libertad en esos recintos. Esto no es coherente. Esto es realmente lo preocupante.
Aún hay tiempo para cambios. Ojalá este informe logre alguna atención real y seria del Ejecutivo y nuestros parlamentarios y no que, como suele suceder, no pase de educadas y sentidas declaraciones del minuto pero dejando en el cajón del recuerdos el tristemente conocido hallazgo del Informe.
