Desde hace unos días circula la noticia sobre la decisión de la Contraloría General de la República de prohibir que los médicos en especialización hagan turnos adicionales en la red pública de salud. Situación preocupante, si se considera que la mayor parte de los turnos adicionales realizados por médicos en especialización (residentes) son para cubrir aquellos turnos “vacíos” debido a la falta de especialistas en los hospitales públicos. En otras palabras, esta medida viene a agudizar la crisis por la falta de médicos especialistas en el sector. Lo paradójico del problema es que precisamente se llegó a él debido a la política seguida por el Ministerio de Salud (Minsal) para cubrir dicho déficit. ¡Para no creerlo!
Y es que si bien existe un déficit basal de algunas especialidades, el principal problema que enfrentamos es la migración de los médicos desde el sistema público de salud al sector privado. Esto se ha incrementado en los últimos años. Hoy más de 2/3 de las horas médicas del país se concentran en el sistema privado de salud (destinado al 16% de la población), mientras que los usuarios de la red pública (80% de la población) deben conformarse con solo 1/3 de la horas médicas para su atención. Simplemente brutal.
Lamentablemente, esta situación no es más que expresión del modelo de salud de mercado imperante en el país, en el cual se ha desmantelado al sistema público y se ha potenciado la prestación en el sector privado. Así, en el contexto de un presupuesto insuficiente y una gestión inadecuada, se precarizó la condición laboral de los trabajadores de la salud (médicos incluidos) y se redujo la capacidad asistencial de los hospitales (falta de infraestructura, equipamiento, etc.); estas condiciones, junto al crecimiento desregulado de la red privada y su consiguiente demanda por más médicos, actuaron como caldo de cultivo para la migración.
Durante la administración Piñera (2010), el Minsal inició una política para cubrir el déficit de especialistas basada en la monopolización del financiamiento de la especialidades y en la retención forzada de los médicos por 6 años luego de financiar su formación, sin tocar las causas estructurales de la migración, y más aún, sin una planificación que asegurara que esa retención tuviera algún impacto en el nivel de salud de la población. Así se continuó con la lógica de precarización laboral y para la vinculación de los médicos se utilizó una forma de subcontrato denominada “Becario”, que negaba de forma explícita la condición funcionaria de los residentes, dejándolos sin derechos laborales básicos. Es decir, se profundizaron las causas de la migración, con la excusa de lograr una retención transitoria de los médicos.
[cita tipo=»destaque»]Urge que la autoridad se haga cargo de la gravedad de los hechos y busque un cambio en la lógica de enfrentar el problema, ya que está en juego la capacidad del sistema público para atender las necesidades de salud de la mayor parte de la población. Esta situación estructural no se resolverá solo cambiando un reglamento para autorizar turnos u otros beneficios, pues requiere cambios de fondo.[/cita]
Como era de esperar, los problemas fueron constantes desde la implementación de esta política, a tal punto que los residentes se agruparon y movilizaron para intentar mejorar sus condiciones de permanencia a largo plazo en la red pública, sin lograr respuesta de la autoridad. La actual administración de Bachelet continuó la lógica de la política iniciada por Piñera, privilegiando el “ofertazo” de miles de médicos formándose como especialistas para trabajar por un plazo acotado en el sistema público, en vez de cuestionarse por qué estos no están donde los chilenos más los necesitan.
En este escenario, mientras sigue avanzando la crisis por la falta de especialistas, las contradicciones de la política ministerial se han hecho evidentes. El problema actual no es más que el resultado esperado de la forma precaria de “contrato” del ministerio, en el cual se explicita que la calidad de “Becario” es incompatible con cualquier empleo o cargo funcionario en la red pública (como los turnos en hospitales). Esto es lo que ha interpretado el dictamen de Contraloría y lo que nos ha llevado a la paradoja descrita. Es más, la prohibición impide que los residentes realicen turnos en hospitales, pero permite que lo hagan centros privados de salud, constituyendo un claro incentivo a la migración. Más de lo mismo: precarización y limitaciones en lo público, junto a incentivos para el ejercicio privado de la profesión.
Lo crítico de este entuerto es que no ha llegado a su crisis terminal. De seguir esta lógica, en el mediano plazo nos estaremos enfrentando a la migración masiva de especialistas al sector privado, luego que estos completen su retención obligatoria en la red pública, transformando a esta política pública en un subsidio a la formación de especialistas para clínicas y centros médicos privados. El Minsal no tendrá más remedio que seguir incentivando a los médicos a especializarse a través de sus programas para cubrir el nuevo déficit, sacándolos de consultorios y otros centros de atención primaria, justamente lo contrario que una política sanitaria debería fomentar.
Urge que la autoridad se haga cargo de la gravedad de los hechos y busque un cambio en la lógica de enfrentar el problema, ya que está en juego la capacidad del sistema público para atender las necesidades de salud de la mayor parte de la población. Esta situación estructural no se resolverá solo cambiando un reglamento para autorizar turnos u otros beneficios, pues requiere cambios de fondo. Es necesario que la ciudadanía tome un rol activo en el conflicto, ya que serán los principales afectados por sus consecuencias y las soluciones requieren voluntad política.
En definitiva, hay que atacar las causas estructurales de la migración para aumentar la capacidad de retención de los médicos especialistas en el sistema público. Esto implica, al menos, otorgar calidad funcionaria a los residentes, avanzar hacia una carrera médica única, mejorar las condiciones del ejercicio profesional (invirtiendo en infraestructura y equipamiento en hospitales) y realizar una planificación adecuada para la devolución de los especialistas, acorde a las necesidades poblacionales. Es la oportunidad para que usuarios, médicos y la autoridad sanitaria avancen en conjunto hacia una política que permita que todos los chilenos puedan recibir la atención digna que merecen.
