Son banales los enojos de parte de la elite al «momentum» de develamiento de la verdad del doble duopolio oligárquico (partido transversal del orden y vínculo de grupos económicos con la mayoría de la élite política). Son dos tipos de alegatos:
a) Contra el linchamiento por corrupción y/o tráfico de influencias y/o financiamiento irregular; b) rechazo a las reformas por conservantismo y mantenimiento del modelo neoliberal centralizado. De este modo se paralizan las reformas claves laborales y descentralizadoras, se licuan o posponen para largos procesos futuribles (clase de lógica segundo medio; aquello que pudiendo ser pudiera no llegar a ser porque está condicionada a nuevos gobiernos, presupuestos, etc.).
La verdad libera si el develamiento es asumido y no «cuestionado» a lo Insulza y un coro largo. Además, para ser justos, gran parte del develamiento vino de afuera o por despecho de actores, por lo cual las teorías conspirativas internas son absurdas. Los contadores, amantes, dealers y secretarias(os) despechados(as) que querían más plata nos acercaron a la verdad: caso Penta, Corpesca, basura municipal, Caval, Soquimich, papel higiénico, pollos y supermercados campañas.
Agreguemos que el «imperialismo» norteamericano positivamente nos ayudó a conocer las cuentas de Pinochet y los jueces de Nueva York tiraron el hilo de la historia para «develar» los escándalos del fútbol. Insulza ya se enfrentó a las fuerzas «extranjeras» para traer a Pinochet a Chile y fustigar a Garzón y a los ingleses. Como lo ha declarado muchas veces, en su idea de realismo político y de nacionalismo soberano para que nadie se meta en los asuntos propios –en función de la estabilidad–, Insulza podría enojarse con los acreedores de varias empresas que comienzan a investigar las malas prácticas de sus gerentes coludidos. El develamiento seguirá, son los signos de los tiempos, para bien y, en estricto rigor, comenzaron hace dos décadas las denuncias serias y graves (me tocó hacerlo con lo de las mafias de la basura). Lo que ha cambiado es la sociedad, la judicatura y los medios. Ya no hay marcha atrás. Lo que sí es obvio y tiene valor es la prudencia al juzgar, la distinción entre faltas y delitos, la disposición sincera o no al reconocimiento y la transformación.
Por tanto, hay que agradecer el develamiento que ayuda a profundizar una «coyuntura crítica» que permita romper la oligarquía y duopolio para avanzar en mayor igualdad y libertad, en poder social y regional. Este concepto de «coyuntura crítica» lo tomo del muy valioso libro inédito del sociológico y doctor en ciencia política Octavio Avendaño: Los partidos y la cuestión agraria en Chile, 1946-1973 es una contribución mayúscula a entender el mayor proceso de cambio sociopolítico ocurrido en Chile en el período de Frei y Allende, el cual debió lidiar previamente con los vetos de los poderes fácticos, las incongruencias en coaliciones supuestamente sociales, para lograr avanzar a un período de coyuntura crítica favorable en los años 60, donde se conjugaron fuerza social, apoyo múltiple externo –desde la Iglesia del Concilio, el influjo de las reformas agrarias cubana, boliviana y peruana, hasta la dimensión modernizadora de la Alianza del Progreso– y crecimiento de fuerzas políticas que en sus programas tenían claro el compromiso con la transformación de las relaciones feudales en el agro sostenida por los latifundistas.
Avendaño toma el concepto de Coyuntura Crítica desde el institucionalismo de Ruth y David Collier para explicarnos tanto el veto a la reforma agraria, en la coyuntura 1946-48, como su destrabamiento en los años 60. Contribuye, el análisis de Joseph Colomer, sobre los agentes que rechazan el cambio institucional cuando consideran que los costos de asumirlo son mayores a los de oponerse (el cálculo que hace activamente el «partido del orden» y los «poderes fácticos»).
El pasado pervive con lecciones para hoy de la “coyuntura crítica” en favor de reformas actuales (derecho a huelga, descentralización, mayor tributación por recursos naturales), en que los segmentos reformistas demandan “cumplimiento del programa”; del mismo modo que ocurrió entre 1946-47, en las postrimerías del ciclo reformistas del “Frente Popular” (alianza del centrista PR con la izquierda) en que el PC, segmentos socialistas y los movimientos sociales y sectores socialcristianos promovían la ley de sindicalización campesina con reforma agraria, el proceso se frustró por la oposición de la derecha conservadora y la ambigüedad “adentro” de la coalición, expresada en los intereses de Agrario Laboristas y parte del Partido Radical. Al final, hay regresión conservadora y statu quo, se dicta la Ley de Defensa de la Democracia que proscribe al PC y la “cuestión agraria” queda postergada, aumentando la explotación, la miseria y la migración masiva campo-ciudad creándose anillos de poblaciones callampas junto a los ríos y en la periferia. Como hoy, se devela la relación grupos económicos-política, Octavio Avendaño mapea en forma documentada los vínculos obvios de la derecha con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pero también sus lazos con segmentos supuestamente reformistas y sociales, como García Moreno el presidente del Partido Agrario Laborista y muchos parlamentarios radicales con propiedades den el centro-sur y la Araucanía.
Devela y documenta el veto oligárquico: El peso electoral de los liberales y de los otros partidos daba cuenta del poder de veto dentro del Congreso Nacional de quienes se oponían a iniciativas como la sindicalización campesina, o que significaran intervención por parte del Estado en el ámbito de la producción agrícola. Hacia fines de los años cuarenta, la debilidad electoral de la Falange, y la exclusión en el caso del PC, influyeron para que estos otros partidos evaluaran que el costo de impulsar los cambios era demasiado alto, optando finalmente por su postergación. Aportan evaluaciones más recientes del proceso como las de Arnold Bauer que califica el campo chileno como un sistema semi feudal en el dominio señorial colonial de los latifundistas, ajeno a la lógica de promover “grajeros” productivos (anglosajones) o la decisión modernizante de Bismarck y el estilo “prusiano” en Alemania de eliminar el inquilinaje y favorecer la existencia de trabajadores asalariados que vivían en los pueblos en la segunda mitad del siglo XIX, liberados del yugo campesino.
Discursivamente se coincidía en que era necesario un proceso de reforma agraria para tres objetivos que el autor va describiendo en sus diversas etapas y grados de avance programático, legislativo e institucional: a) revertir la situación deficitaria de la producción agropecuaria para superar la pobreza en las zonas rurales; b) enfrentar la excesiva concentración de la propiedad y su ineficacia productiva; c) superar la falta de organización de los trabajadores agrícolas y la existencia de derechos sociales y sindicales de los mismos y sus familias.
La reforma agraria y la sindicalización campesina figuraban en los objetivos programáticos que los partidos de izquierda definieron desde el momento de su fundación –el PC en Rancagua en 1922 y el PS en Santiago en 1933–, como de la Falange (DC) desde 1938. Además, la “cuestión agraria” apareció como parte de los programas de todos aquellos gobiernos en los cuales participaron desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en 1938, el cual dejaba atrás el ciclo liberal-conservador. Durante la campaña presidencial de 1946, los dirigentes comunistas y un grupo de radicales decidieron incluir los dos temas como parte del programa de gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952). El autor hace análisis de comparación internacional con los otros casos latinoamericanos de reforma agraria: México (desde los inicios de la revolución el 1910), Bolivia (1952), Cuba (1959) y, más contemporáneamente, con el período reformista chileno la de Velasco Alvarado en Perú.
A su vez, se muestran las tramas de la organización campesina, el rol de Alberto Hurtado en promover los sindicatos desde la ASICH, el trabajo clandestino de la Juventudes Comunistas en zonas rurales, el apoyo creciente de los segmentos progresistas de la Conferencia Episcopal (sobre todo el obispo Manuel Larraín y el propio cardenal Caro, que advirtió a Ibáñez de no agudizar la represión). Las movilizaciones sociales, las huelgas y su represión se convierten en momentos claves y simbólicos (como la movilización estudiantil del 2011 para entender el mayor éxito de la reforma educacional). En el caso de lo agrario, fue paradigmática la gran huelga de 1953 de los trabajadores vitivinícolas de Molina respaldada por falangistas.
Finalmente, Avendaño explica los años 60 como la convergencia de una coalición sociopolítica que logra hacer la reforma agraria con apoyo interno por la vitalidad del propio movimiento campesino y el apoyo activo de la Iglesia, así como un contexto internacional favorable, desde la Alianza para el Progreso en su opción capitalista democrática para detener «el comunismo» favoreciendo la dispersión de la tenencia de la tierra, pasando por los influjos «revolucionarios» de las reformas agrarias en México, Bolivia, Cuba y Perú, es decir, un proceso que se volvió inevitable.
Insulza en su pesimismo compara el actual proceso con el previo al golpe (muy, muy desafortunada comparación), en vez de explorar cómo en los momentos de crispación hay que buscar transformación versus la impunidad y el statu quo en un país cínico (hay mucha más corrupción) y desigual.
Volviendo a Colomer y los actores que evalúan que decir la verdad y transformar encierra riesgos, por cierto, de perder poder, como toda descentralización o democratización real de los partidos. Parece contradictorio que los «institucionalistas realistas» rasguen vestiduras cuando el trabajo de las instituciones está forjando transformaciones para nuevas instituciones (pactos sociales consensuados que se formalizan).
La actual coyuntura es muy positiva para Chile si se juega con la verdad y no contra ella, federando las fuerzas sociopolíticas por los cambios y haciéndolos plausibles.
