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El derecho penal oligárquico en Chile: falta de ética y mano dura

por 7 marzo 2016

En columnas anteriores mencioné que la principal reacción de los parlamentarios ante la delincuencia es la “mano dura”, sea creando nuevos delitos o endureciendo las penas de los ya existentes. Sin embargo, creo que quizás haya debido ser más riguroso, por cuanto esto solo es efectivo respecto de los delitos violentos, sexuales y patrimoniales. En efecto, la reacción de los parlamentarios, de la elite política, respecto de los delitos económicos, conocidos como de “cuello blanco”, pareciera ser la desidia, la negligencia o la despreocupación.

Dentro de la comunidad de abogados penalistas, las deficiencias de nuestra legislación penal han sido históricamente atribuidas a la ausencia de un Código Penal actualizado, y a la mala técnica legislativa del Congreso nacional. No obstante, los casos de financiamiento ilegal de la política (SQM-Penta), las relaciones estrechas entre algunos miembros de la elite política con la elite empresarial (Corpesca-Orpis / Longueira-Contesse), así como la defensa que de estas relaciones ha hecho cierta clase política, como las recientes declaraciones de José Miguel Insulza, nos hacen replantearnos las causas de estas lagunas legales.

La pregunta que los chilenos (y particularmente abogados, sociólogos e investigadores de ciencias sociales) debemos formularnos es la siguiente: si la relación entre la elite empresarial y la elite política es de carácter transversal, oculta y viene gestándose desde hace al menos una década, ¿cuál es el impacto que dicha relación tiene en la gestación de las leyes en Chile? Los casos de la Ley de Pesca y la Ley del Royalty Minero ofrecen ejemplos de la relevancia de dicha relación, pero dos casos no son suficientes, atendiendo a la cantidad de leyes que han sido tramitadas por el Congreso en los últimos diez años.

En atención a estos hechos, la laguna existente hoy en día en relación con delitos económicos se vuelve sumamente sospechosa. Cuando hay “mano dura” contra la droga, los mecheros o quienes conducen en estado de ebriedad, pero no existe tal reacción contra los delitos empresariales, como el caso de la colusión o de la administración desleal de patrimonio ajeno, pareciera que en Chile la “mano dura” es una cuestión de clase. No obstante, no me refiero aquella visión simplista que ve solo “ricos vs pobres”, sino a ese grupo conformado por menos del 5% de los chilenos pero que posee más de 35% de la riqueza del país, y que, no conforme con ello, se encuentran coludidos con la clase política, escondiendo sus relaciones de influencia y poder al resto de los chilenos.

Basta analizar la regulación penal de los Estados miembros de la OCDE en materias de corrupción y delincuencia “de cuello blanco” para darse cuenta de las abismantes lagunas que existen en Chile. Y es que en nuestro país, además, se vive un falso capitalismo. Los políticos de derecha nos dicen que debemos proteger a la clase empresarial, dado que producen el empleo, y por extensión la riqueza, olvidando que, si fuésemos capitalistas, en rigor lo que se debe proteger es el mercado, precisamente de las malas prácticas empresariales. La corrupción empresarial no sirve a nadie, una vez que se descubre daña la imagen país en el exterior y afecta directamente la inversión extranjera, y no obstante los escándalos de colusión están a la orden del día.

La laguna existente hoy en día en relación con delitos económicos se vuelve sumamente sospechosa. Cuando hay “mano dura” contra la droga, los mecheros o quienes conducen en estado de ebriedad, pero no existe tal reacción contra los delitos empresariales, como el caso de la colusión o de la administración desleal de patrimonio ajeno, pareciera que en Chile la “mano dura” es una cuestión de clase.

En otras palabras, este entramado de influencias políticas, empresariales y familiares ha instalado una oligarquía penal, donde los intereses de la elite se aseguran mediante la no regulación de conductas que debieran ser constitutivas de delito. En efecto, la oligarquía es una forma de gobierno en la cual unos pocos, una elite, decide el destino de una nación. Uso esta palabra porque, en materia penal –la forma en que se crean las leyes penales en Chile, en que se prohíben y castigan los “delitos”–, no parece que exista democracia alguna. Uno de los principios esenciales de una democracia, la igualdad ante la ley, no existe porque ya las leyes penales que dicta el Congreso contemplan un trato desigual.

Lo que es aún más grave es que la elite política, cuando se ve involucrada en algún escándalo, se defiende diciendo que, mientras no medie una condena penal, mientras haya presunción de inocencia, no se puede hacer reproche alguno. Esto es preocupante, ya que los políticos pretenden hacernos creer que solo se falta a la ética cuando se comete un delito. Lo anterior es paradójico: por un lado, tenemos una elite que se ha caracterizado por descuidar, consciente o inconscientemente, una mejor regulación penal de delitos de corrupción, tráfico de influencias o financiamiento ilegal de la política, de manera que los delitos que existen en Chile son imperfectos o rebuscados. En otras palabras, pretenden decirnos que no han cometido ninguna falta porque no hay delitos para sancionarlos, cuando son ellos mismos quienes han impedido que existan normas, o bien que las existentes apliquen la lógica de la mano dura.

Lo que los chilenos no deben olvidar es que a los políticos se les debe medir con una vara más alta que a los ciudadanos comunes. No hay que cometer un delito para realizar actos reñidos con la ética y, precisamente por eso, el discurso de la elite para justificarse es inaceptable y sumamente peligroso, porque abre la puerta para legitimar cualquier conducta corrupta. En suma, vivimos en una sociedad con un derecho penal oligárquico, dirigido para controlar al “chileno medio”, a fin de asegurar que nos portemos bien, pero que es incapaz de regular adecuadamente a la elite política y empresarial, sin importar que los delitos de esta clase, vale decir, delitos de corrupción o que atentan contra el mercado, ocasionen un daño directo a miles de chilenos.

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