Es indispensable reflexionar sobre los derechos de las mujeres, aplaudiendo los avances, pero sin dejar de constatar las todavía enormes asimetrías y desigualdades que ellas experimentan. Estas están concentradas básicamente en el empleo, en los derechos sexuales y reproductivos, en los imaginarios culturales de la sociedad y, por qué no subrayarlo, en la política.
La participación de las mujeres como jefas de hogar ha venido creciendo sistemática y permanentemente. En el año 2003 un 26% de los hogares chilenos tenía a una mujer como jefa de hogar. Hoy esa cifra llega a 39%. En comparación al año 1990, en el que uno de cada cinco hogares era encabezado por una mujer, hoy, veinticinco años después, la cifra se ha duplicado y dos de cada cinco hogares son encabezados por mujeres. Socialmente su responsabilidad ha crecido.
En Chile tenemos, aproximadamente, unos cinco millones de hogares, lo que hace que en unos dos millones de ellos, aproximadamente, la mujer sea la jefa de hogar. Este índice se ve incrementado en los sectores en situación de pobreza, donde un 50% de los hogares son encabezados por una mujer, cifra que sube a 55% en las familias en extrema pobreza.
Ello pone una demanda intensificada en el desarrollo de capacitación, condiciones de empleo y emprendimientos productivos para las políticas públicas nacionales orientadas hacia la mujer. Sin embargo, aquí también la tarea se pone cuesta arriba.
[cita tipo=»destaque»] En nuestro país solo el 12,5% de los alcaldes son mujeres y solo el 24,9% son concejalas, pese al estrecho nexo territorial y funcional entre municipio y hogares. Existen 263 consejeros regionales electos, de los cuales 223 son hombres (85 %) y solo 40 mujeres (15 %). Es decir, el fenómeno se repite a toda escala.[/cita]
Si bien la primera magistratura está a cargo de una mujer, a nivel parlamentario y de consejeros regionales la realidad es muy diferente. Solo el 18,8% fueron candidatas a parlamentarias (diputadas) y algo más del 19,24% fueron candidatas a Core. En los partidos políticos, solo el 17,3% son mujeres en órganos directivos.
No es una ley de la naturaleza, pero menos mujeres en política implica casi inevitablemente menos posibilidad de que desde las estructuras de poder se propicien cambios que tiendan a equilibrar las condiciones de género y las relaciones de poder.
En nuestro país solo el 12,5% de los alcaldes son mujeres y solo el 24,9% son concejalas, pese al estrecho nexo territorial y funcional entre municipio y hogares. Existen 263 consejeros regionales electos, de los cuales 223 son hombres (85 %) y solo 40 mujeres (15 %). Es decir, el fenómeno se repite a toda escala.
Desde un punto de vista historiográfico, en las organizaciones sociales y el gobierno local, la participación de las mujeres se ha concentrado en cuestiones y tareas relativas a las necesidades básicas de la familia y la comunidad, mientras que la presencia de los hombres se ve reforzada en los cargos de poder y decisión políticas.
No obstante, es importante no olvidar, a la hora de los análisis, constatar y relevar los avances que hemos tenido como Gobierno en reformas que profundizan el enfoque de derechos, políticas sociales, políticas económicas, estas últimas, en el marco de la Agenda Productividad Innovación y Crecimiento, donde destacó el Programa Crece mujer emprendedora, apoyo en capital de riesgo y numerosos programas que están enfocados en las mujeres que, con mucho esfuerzo, empuje y creatividad, generan emprendimientos.
Todos los esfuerzos de Políticas, planes y programas, no generarán los cambios esperados si no van acompañados de un compromiso como sociedad que, desde donde nos desenvolvamos en lo cotidiano, contribuyamos a transformar los imaginarios culturales sobre la mujer, con la convicción de que, tanto la democratización de la sociedad, la mitigación de las desigualdades, como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es una sola gran tarea.
