«Se hace profundamente necesario regular el mecanismo de inhabilitación de legisladores con algún conflicto de interés, ya que se hace insostenible seguir manteniendo el sistema actual donde la inhabilitación es prácticamente voluntaria».
La Cámara de Diputados anunció con bombos y platillos el inicio del debate de un nuevo estatuto que viene a poner fin a los privilegios parlamentarios, esto en el marco de una agenda de probidad y transparencia, y con un Congreso Nacional que carga con un rechazo ciudadano que supera el 80% en prácticamente todos los estudios de opinión.
Este nuevo estatuto, que deberá discutirse durante los próximos días en la Cámara Baja, pretende de algún modo hacerse cargo de una serie de cuestionamientos que ha tenido que enfrentar el Parlamento en el último tiempo. La medida más novedosa resulta ser la regulación del período de vacaciones de los legisladores, los que de tener todo el mes de febrero, debido al receso legislativo, pasarían a tener 15 días hábiles de vacaciones en el mismo período, con lo cual se pretende asimilar a las normas de Código del Trabajo que rigen a todo trabajador con contrato, sin embargo, no considera las características particulares de la función parlamentaria.
Algunos puntos que se contemplan en este nuevo estatuto ya existían y otros más bien resultan ser normas de austeridad fiscal, de sentido común y que debieran imperar en el servicio público, como el uso de pasajes más económicos en viajes oficiales, prohibir el uso de pasaporte diplomático a familiares o la obligación de pagar los almuerzos y cenas que los diputados realizan en la Cámara.
Todo esfuerzo que se realice en el sentido de terminar con privilegios, transparentar la actividad pública, y mejorar los sistemas de control constituyen un avance. Sin embargo, las medidas anunciadas son más bien un maquillaje, pues resultan insuficientes y en muchos aspectos son superficiales, ya que no se hacen cargo de aquellas áreas más complejas. Si lo que se busca es avanzar en recuperar la confianza ciudadana, se deben implementar medidas de verdad profundas como establecer mecanismos claros y transparentes para definir la cuantía de la dieta parlamentaria, la que hoy es superior al promedio de los países OCDE, además, se debe consagrar expresamente la dedicación exclusiva en el ejercicio del cargo de parlamentario.
Del mismo modo, se hace necesario regular el uso que los diputados y senadores dan a las semanas distritales, aumentar las sanciones por inasistencias injustificadas a sesiones de sala y comisiones. Asimismo, se debe regular la situación de los parlamentarios desaforados en cuanto a que mientras dure dicha situación dejen de percibir su dieta y asignaciones, se establezca la prohibición de ejercer el cargo parlamentario a los condenas por cohecho o financiamiento irregular de la política, incluso cuando la condena no se trate de pena aflictiva.
También, se hace profundamente necesario regular el mecanismo de inhabilitación de legisladores con algún conflicto de interés, ya que se hace insostenible seguir manteniendo el sistema actual donde la inhabilitación es prácticamente voluntaria.
Un estatuto que persiga la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, debiese a lo menos considerar medidas como las señaladas. La única forma de revertir el fuerte rechazo ciudadano que hoy ostenta el Congreso Nacional es con acciones concretas y que se hagan cargo del problema de fondo, los privilegios y la falta de transparencia. Si no se avanza en ese sentido no existirá ninguna posibilidad de recuperar la confianza.
