Que don Genaro Arriagada se oponga a la revocación ciudadana de mandatos es lo normal. Él ha sido un destacado político del período pasado, marcado por la discreción y la validación de la política en el interior cerrado de su propio sistema. Es normal en su caso, pero las distintas manifestaciones de rechazo y omisión de la propuesta de Ricardo Lagos Weber reflejan respuestas automáticas, insuficientemente meditadas.
La solución a los reiterados pequeños y grandes escándalos en la política pasa por ventilar el sistema, acercando y comprometiendo a la ciudadanía tanto en la gestación de iniciativas como en la supervisión de sus límites. No basta con acortar los plazos de los mandatos. El abismo entre opinión y decisión es lo que está en la base de la desconfianza, el desapego y de la impotencia indignada de la ciudadanía.
A los representantes cuestionados por la gente pero cubiertos por la transversalidad de las trampas, no se les ha ocurrido renunciar, porque sus responsabilidades políticas son inexigibles. Se necesita que el Parlamento sepa que su representatividad está condicionada a un ejercicio razonable de la representación.
Muchos han profetizado que esa herramienta se transformaría en una chacota. Pero la chacota es lo que tenemos ahora. Y las expresiones de desconfianza a la iniciativa ciudadana no hacen más que apostar a una inercia que se sorprende a sí misma día a día. La economía y la política están organizadas sobre la base de los incentivos a la trampa.
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La acción de revocación de autoridades por iniciativa popular debe ser extraordinaria y no prestarse a juegos políticos coyunturales ni a manejos arbitrarios de la opinión pública. El proceso debe ser difícil pero posible. La cuestión de los equilibrios entre representación y ciudadanía es el tema de fondo a discutir. Debemos definir si el actual sistema de representación es suficiente o si necesita ser complementado. Debemos definir si la ciudadanía influye demasiado o demasiado poco en la política. Debemos definir si la manera en que la ciudadanía se hace escuchar es la más adecuada.
Al mismo juicio político, que eleva a los individuos a la dignidad de ‘representante’, le corresponde retirar esa dignidad al que la ha abusado. La liviandad con que algunas autoridades hablan de asumir sus responsabilidades se debe a que no tenemos una instancia de juicio político que haga valer las responsabilidades. Esta iniciativa tiene la gran ventaja de proponer salidas institucionales a situaciones que de otro modo llevan a combinaciones inconducentes de apatía, guanacos y barricadas.
