Opinión
Tenemos una explicación a lo que sucede hoy: una administración que en su programa gubernamental se comprometió a promover “el bienestar, los derechos y la participación de todas las personas… [y] la capacidad creativa”, enfatizando su variante pastoril que cuida rebaños pero que, tal como está hoy, tanto por las iniciativas que promueve así como por quienes dirigen las políticas de Gobierno y seguridad, camina ineluctablemente a enfatizar solo su carácter de Estado policiaco.
Si no conociéramos el carácter reformista del actual Gobierno, cualquiera pensaría que se trata de un reality del ‘Gran Hermano’: se quiere reintroducir la detención por sospecha, así como sancionar a fiscales, y quizá a periodistas, que filtren información en los casos que investigan.
Asimismo, Aleuy, el benthamiano, amenaza a los chilenos con incorporar una iniciativa legislativa que penalizaría a los padres de los manifestantes.
En el contexto de la aprobación de la Reforma Laboral se introducen aspectos que criminalizan el movimiento sindical, diseñados particularmente para estigmatizar a los trabajadores contratistas.
Un reportaje periodístico de este medio nos informa que el Ejecutivo ha recurrido ya cinco veces a la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de comuneros mapuches, pese a que, tanto la candidata como el ministro Peñailillo, dijeron que durante esta administración no se la iba a invocar.
La policía hace de las suyas en las manifestaciones y ya va un par de muertos. Atacama arde en llamas y la protesta, que ya alcanza ribetes de desesperación, ojalá no nos entregue una nueva víctima.
Todo ello, a pesar de que en el programa de Gobierno se acogió la demanda por un país más inclusivo: “Un Chile con ciudadanos y ciudadanas que viven con confianza su libertad, autonomía y derechos”. Sin embargo, al transcurrir ya la medianía de su mandato, esta administración es presa del sino que persigue a los gobiernos progresistas de la región, los que, en vez de estimular los derechos de su población, mutaron en administraciones que van camino de transformarse en Estados policiacos, como lo ponen en evidencia las iniciativas legislativas que se anuncian y que ahogarían al movimiento social que se avizora.
Si bien el actual Ejecutivo se caracterizó por moverse en la lógica del pastor que conduce rebaños, hoy, en medio de su crisis, mutó a otro que enfatiza solo su carácter policiaco.
Como se sabe, la gubernamentalidad es la técnica de gobernar, pero ante todo, es la tecnología que permite que nos transformemos en cuerpos dóciles, objetos pasivos del poder.
Fue Foucault quien profundizó en el tema después de las preguntas que quedaron abiertas en Historia de la sexualidad y que el malogrado ensayista francés derivó hacia las tecnologías del yo y la construcción del self, punto de partida para preguntarse: ¿por qué permitimos que nos gobiernen?, ¿qué hace que nuestros cuerpos soporten la brutalidad y la violencia del poder?
Si bien el curso que dio origen a esa problemática –“Seguridad, territorio, población”– definió la Gubernamentalidad como un proceso complejo, lo cierto es que no fue otra cosa que explicar y excavar en su origen, acaecido allá por los albores de la Modernidad, donde se toparon y yuxtapusieron dos formas predominantes de gobierno: la pastoril, vinculada desde el Antiguo Testamento a la idea de la conducción del rebaño. “La asociación entre Dios y el rey se deduce casi naturalmente, puesto que ambos juegan el mismo papel: el rebaño que ellos cuidan es el mismo; el pastor real está encargado de pastorear a las criaturas del gran pastor divino”.
En esta variante del poder hay más bien una benevolencia y no una imposición. La idea del dios-pastor y el pueblo rebaño dará vida a uno de los poderes y sociedades más crueles de la historia, con una extraña tecnología que trata a los hombres como si fuesen un rebaño que necesita guías.
Este poder se entrecruzó luego con la formación del Estado moderno y el surgimiento de una nueva racionalidad gubernamental que ponía su foco en dos conceptos relevantes que harían historia: la razón de Estado y la teoría de la policía.
La primera generó unos medios –la estadística, por ejemplo– que permitieron el “control de la población”. La policía, tempranamente, fue una técnica de gobierno en correspondencia con ese poder. Su papel, en tanto forma de intervención racional que ejerce el poder político sobre los hombres, consistió en proporcionar un pequeño suplemento de vida y brindar al Estado un poco más de fuerza, control de la «comunicación», es decir, de las actividades comunes de los individuos (trabajo, producción, intercambio, comercio, etc.).
El cruzamiento de ambas tecnologías de poder creó el Estado contemporáneo que, según Foucault, es “una de las formas de gobierno humano más extraordinarias y también de las más temibles” y de la cual aún no logramos escapar.
El poder pastoril se desarrolló particularmente en la Colonia con la instalación de la figura del rey-guía que conduce a sus ovejas, lo que sucedió en especial con aborígenes y grupos subalternos.
No fue casual, en el contexto de las guerras de Independencia, como bien nos lo documentó José Bengoa, que mapuches como grupos subalternos estuvieran más bien del lado del bando realista antes que de los criollos, pues percibían en la figura del monarca y su representación colonial una imagen de protección y no de abuso, como sí ocurría con la oligarquía criolla: sus patrones.
Con el desarrollo de Chile como nación independiente, se afianzó la idea de avanzar en la construcción de un Estado moderno y no fue casual que varios de los primeros proyectos de gobierno tuvieran que ver con la inserción de cuerpos de policía, construcción de escuelas, instalación de un nuevo discurso penitenciario, cuyo objetivo era la construcción de un Estado que decide “ cargar sobre su espalda la responsabilidad del control y el disciplinamiento social; es la misma institución la que intentará, desde ahora, armar un país”.
En ese correlato, la educación, la religión, la estadística y la corrección de los hombres cobran especial significación y estos arquetipos se trasformaron pronto en ejes transversales que cruzaron a las diversas instituciones que el Estado instaló: escuelas, fábricas, Fuerzas Armadas, organismos de caridad y la Penitenciaría.
Finalmente, para no extenderme más de lo necesario, quisiera recurrir al ejemplo culminante para evidenciar esa gigantesca operación de control que se estableció sobre el espacio humano y que no fue otro que esa marejada de reglamentos que se tomó el cuerpo social desde temprano.
Cobran forma a partir de 1832 y ya no será posible detenerlos. Ellos se presentan como el mejor testimonio de aquella sociedad que se autoproclama liberal en el discurso, pero que asumía otros adjetivos en la práctica. He ahí los del propio Instituto Nacional; del panteón de Santiago; de los diversos cuerpos de policía, los serenos y cuerpos de vigilantes; de la sociedad para el socorro de los pobres vergonzantes; del hospicio de Santiago; de las escuelas normales; del funcionamiento del hospital; de los colegios de señoritas; de la casa de huérfanos; del funcionamiento de la Aduana de Valparaíso; del Ejército y, por supuesto, los de las cárceles.
En términos de controlar y vigilar la conducta humana hubo una sola manifestación legal que quiso superarlos. Fue aquel proyecto de Ley que permitía allanar las casas por orden de cualquier autoridad, incluidos los agentes de policía y los serenos y cualquier persona, incluso de noche.
Esfuerzo escalofriante, sin duda, pero en la misma perspectiva que los reglamentos: controlar y enmarcar la conducta humana conforme a ciertas normas llamadas casi siempre deberes, en tanto los derechos nunca ocuparon más de un renglón. Quizá por ello no se equivoca el que alguna vez dijo que, si se suprimían los títulos de las de las instituciones a las que pertenecían, nadie sabría de qué establecimiento eran.
[cita tipo= «destaque»]Y así llegamos hasta esta administración que nos prometió derechos y libertades pero que, al parecer, finalizará conculcándolos. Camila Vallejo y Karol Cariola nunca soñaron que, mientras trabajaban para Bachelet, lo hacían también en favor de la detención por sospecha, de la penalización de los padres de manifestantes y, menos, de la Ley Antiterrorista. Las luces tienen sus sombras y no son pocos los que suelen equivocarse de oscurantismo.[/cita]
Ese esfuerzo disciplinario quedó en la impronta de la sociedad chilena y la posteridad la bautizó como “El Estado Portaliano”, hecho a punta de rebenques y latigazos, y cuyo esfuerzo por armar una nación cubrió todo el siglo XIX. Hitos relevantes de ese proceso de normalización y estatalización de la sociedad fueron el crecimiento del aparato burocrático, la uniformización de la ley, la sumisión de las regiones al hiperpresidencialismo metropolitano, la subordinación del poder eclesiástico al control del Estado con el matrimonio civil, ley de cementerios laicos y la creación del Registro Civil, que le quitó a la Iglesia el poder exclusivo sobre la vida y la muerte.
Con posterioridad, la estatalización de la sociedad y la creciente autonomización del Estado asustaron a sus padres fundadores. Entonces encabezaron una rebelión para recuperar parte de esa autonomía perdida, hicieron caer a Balmaceda y, de paso, provocaron su muerte. La comuna autónoma del senador Manuel José Irarrázaval, más la frondización del Gobierno les permitió, por un tiempo, volver a gozar de sus fueros ancestrales y resurgió el padre-castigador del latifundio.
Pero aquello no duró mucho. El abuso, la sobreexplotación, el efecto rebelde del disciplinamiento hizo que los cuerpos dóciles volvieran a exigir derechos. Se organizaron primero en mutuales, luego en sindicatos y con posterioridad formaron sus propios partidos políticos y buscaron un padre-protector, más cerca del pastor-guía-rebaños que del patrón autoritario. Entonces, nació un nuevo guía-pastor: el Estado de Bienestar que protegió, entregó derechos pero continuó con la normalización y el disciplinamiento social: se profundizó la ampliación del sistema de educación pública, la extensión de la red de salud, así como el control estadístico de la población.
Aquel esfuerzo se extendió hasta 1973, en que una nueva reacción de la oligarquía fundadora nos puso de regresó en el oscurantismo, ahora en una versión amplificada del Estado policial.
La larga noche se cierne sobre el territorio y el gremio de Clío internaliza que la historia no es solo Hegelismo: a veces también avanza caminando hacia atrás.
Ya no es solo el control de los cuerpos y el disciplinamiento social, es también limpieza higiénico-ideológica (“hay que extirpar el cáncer marxista que corroe al país, dirá uno de sus jefes”), en tanto su líder, un militar de origen campesino y brutal, dirá años después, al ser consultado por el hallazgo de dos o más cadáveres juntos, “¡que economía más grande!”.
Para lograr su objetivo el régimen hará uso del castigo moderno (el encierro), pero también de otros más clásicos y tan antiguos como el hombre mismo: los suplicios, la tortura, el destierro, y los más inimaginables métodos de represión. Por supuesto, la vigilancia y la delación pasan a formar parte de la cotidianidad de cada chileno. Por las noches, bandas de criminales se toman las calles y las urbes se transforman en ciudades en las sombras.
Es en ese ambiente que intelectuales y algunos sobrevivientes de izquierda comienzan a leer Vigilar y castigar. La oligarquía local aprende, cuarenta años antes que Byung-Chul Han, que no basta con el biopoder, ni que es suficiente con el control de los factores exteriores, como la procreación, el control de las tasas de natalidad y mortalidad, hay que penetrar en la psique de la población.
Ha llegado el tiempo de “la psicopolítica”. El control brutal de los medios de comunicación, combinado con el poder de muerte, la biopolítica y el psicopoder, más el endeudamiento masivo de los chilenos y la enajenación de sus recursos (AFP, Isapres, etc.) terminan por instalar lo que tempranamente Moulián caracterizó como “Chile, páramo del ciudadano, paraíso del consumidor”.
Esa tridimensionalidad de la dominación se hará insoportable incluso para no pocos miembros de los grupos dirigentes, los que, junto a una masa humana de barrios y poblaciones, que ya no aguantan aquella disciplina y que cada vez más se declaran en abierta rebeldía, al punto de preocupar al embajador Harry Barnes, provocan la caída del régimen con la ayuda de EE.UU.
La restauración democrática, como lo sabemos, no cambia mucho el panorama, salvo desinstalar lo que había de soberano y de muerte en el ejercicio del poder: se elimina la CNI y parte de la brutalidad del control que caracterizó a la dictadura. Pero el resto de los dispositivos se mantienen incólumes y en algunos casos se intensifican.
La temprana apuesta por desactivar al potente movimiento social surgido desde abajo y que provocaba el terror no solo del embajador Barnes sino también de una parte de la elite que dirige a la oposición, determinan su desaparición de escena: “A las 10:45 a.m. del 6 de octubre de 1988, mientras afuera desfilaba un mar de gente celebrando, en esa reunión se nos dijo que había que desmovilizarlos. Apenas transcurridas unas horas del triunfo del NO, se liquidó la construcción social de nuestra democracia” (Tomás Hirsch). A eso le siguió la decisión por eliminar los medios de comunicación alternativos a la prensa dictatorial y que Eugenio Tironi fundamentó del modo siguiente: “La mejor política comunicacional es no tenerla”.
Ello, se reafirmó con la decisión por mantener a los chilenos presos del modelo económico, exacerbando solo el lado placentero de la dominación vía el endeudamiento –aumento del gravamen a las personas y no a la riqueza, la bancarización hasta del chileno más humilde, el copago que terminaría con lo que quedaba de educación pública, y la creación de un mercado de capitales, la introducción del CAE, etc.–, hasta que el modelo reventase.
Del viejo Estado de Bienestar solo se mantuvo lo discursivo y con la Concertación asistimos al desmembramiento de lo que quedaba del fisco: comenzó la manía por jibarizar y por privatizar todo lo que no alcanzó a hacer Pinochet.
La enajenación fue tanta que a un Presidente socialista se le ocurrió incluso privatizar los caminos. Y desde Aylwin en adelante solo asistimos a la parte benthamiana del Estado que, a duras penas, mantiene a raya la protesta que se deriva de la violencia del modelo: no hay Gobierno que no haga crecer el número de las policías y de su equipamiento; el aumento de la justicia controladora (hoy hasta el más mínimo conflicto privado es judicializado), pero no liberadora; crecimiento de la burocracia estatal sin atribuciones ni presupuesto, salvo para estadigraficar la población y vigilarla. En fin, el sueño orwelliano se ha hecho realidad, los mecanismos de control se tornan más fuertes y son aún más invisibles.
Pero aquello no garantiza que la cosa no reviente, como estuvo a días de ocurrir durante las protestas estudiantiles de 2011, que tuvieron al gobierno de Piñera en las cuerdas y que provocaron la creación de nuevas estrategias de control, como la iniciativa de esa administración –en pleno apogeo de la protesta– para intervenir y digitar el debate en las redes sociales.
Es que la oportunidad que brinda internet y el control de las redes sociales es el nuevo sueño benthamiano de cualquier gobierno.
Cómo no recordar, también, el polémico proyecto que encabezó Hintzpeter para resguardar el orden público, cuyo fin no era otro que paralizar al cuerpo social e instalar una herramienta de represión y control social similar a los que alguna vez estuvieron presentes en los socialismos reales y que conocimos a través del relato de exiliados, de películas como La vida de los otros y de novelas como Vida y Destino. En ese contexto no resultó para nada descabellado que Hintzpeter fuese caricaturizado por un humorista como Terminator.
Y así llegamos hasta esta administración que nos prometió derechos y libertades pero que, al parecer, finalizará conculcándolos. Camila Vallejo y Karol Cariola nunca soñaron que, mientras trabajaban para Bachelet, lo hacían también en favor de la detención por sospecha, de la penalización de los padres de manifestantes y, menos, de la Ley Antiterrorista. Las luces tienen sus sombras y no son pocos los que suelen equivocarse de oscurantismo.
Y no podemos culpar de todo a las particulares personalidades de Burgos y Aleuy.
El primero, hijo único proveniente de un partido dirigido por una parte de la oligarquía histórica que tiene un discurso acogedor e integrador de los pobres, pero que cuando estos se sublevan o se autonomizan no dudan en apalearlos: allí está como evidencia el comportamiento de sus militantes que han sido ministros del Interior, desde Pérez-Zujovic a Burgos; en tanto, el segundo, un hombre opaco, de talante autoritario que no cree en el debate y que piensa que el poder es solo para ejercer autoridad, militante de una facción del PS de tono burocrático y ribetes totalitarios, autor de unas frases que serán parte de la antología con que se recuerde a este Gobierno –pues alguien los puso allí a pesar de su estética muy contrapelo del aura reformista que se autoimpuso el Ejecutivo y cuyas designaciones no solo sorprendieron, sino que, también, asustaron–.
Digámoslo sinceramente: tenemos una Mandataria que, poseyendo una personalidad acogedora en una primera aproximación, se torna fría y distante en un segundo acercamiento, dueña de un discurso inclusivo y reformista pero que, cuando las cosas no resultan, se torna muy conservadora.
Si a lo anterior le sumamos la impronta implacable de los gobiernos modernos, de moverse entre las lógicas del gobierno-pastor y del Estado policiaco, priorizando uno u otro aspecto según sea la coalición de la que se trate, pero siempre aumentando y perfeccionando las tecnologías de control, tenemos una explicación a lo que sucede hoy: una administración que en su programa gubernamental se comprometió a promover “el bienestar, los derechos y la participación de todas las personas….[y] la capacidad creativa”, enfatizando su variante pastoril que cuida rebaños pero que, tal como está hoy, tanto por las iniciativas que promueve así como por quienes dirigen las políticas de Gobierno y seguridad, camina ineluctablemente a enfatizar solo su carácter de Estado policiaco.
Aunque también la historia está llena de ejemplos en que la intensificación del control disciplinario no provocó otra cosa que un aumento de la rebelión y la desobediencia civil. Prueba de ello es que en las redes sociales ya han comenzado a preguntarse «¿cómo es que soportamos que nos sigan gobernando así?».
