La Presidenta Bachelet ha promulgado las leyes de financiamiento de la política y fortalecimiento del carácter público y democrático de los partidos. Posiblemente, junto al término del sistema electoral binominal, serán consideradas las de mayor impacto histórico de su segundo mandato. De seguro, democratizarán decisivamente la composición y representatividad de las autoridades políticas, acercándolas al sentir de la ciudadanía.
Resulta impresionante que fueran aprobadas por amplias mayorías cuando todavía no ha transcurrido un año desde la entrega del “Informe Engel” que sugirió su contenido, el que ni siquiera aparece en el programa de Nueva Mayoría. Es una gran lección de política, cuya ciencia consiste en navegar en medio del oleaje constante, sobre un trasfondo de mareas y corrientes menores, mayores y otras globales, atravesando una sucesión de cambios climáticos más o menos bruscos que no excluyen periódicas tormentas que pueden ser muy violentas.
Es lamentable que algunos, incluso entre quienes algo han aprendido de capear olas, todavía parecen no entender cuánto ha cambiado el sentido de las mareas y corrientes que las subyacen, y no hacen caso de las evidentes señales de tormenta. Creen posible frenar los cambios, volver atrás las cosas, resucitar ampulosos íconos de milagros exagerados, y seguir navegando como hicieron en tiempos de calma chicha. Hay que alejarlos lo más posible del timón pues sus empeños viran el barco hacia los arrecifes. Eso no le conviene a nadie. ¡A nadie!
Las leyes referidas prohíben los aportes de empresas a la política, limitan y hacen públicas las donaciones de ciudadanos excepto las más pequeñas. Fortalecen el rol de los partidos y los financian de manera frugal, al tiempo que otorgan a sus militantes más o menos los mismos derechos democráticos que el Estado a sus ciudadanos. Limitan así el poder del gran dinero privado y también a los “príncipes” partidarios, transparentan, regulan y limitan los gastos electorales, penalizan las transgresiones y fortalecen la institucionalidad que garantiza que estas cosas se cumplan.
No ha faltado quien las tilde de irrelevantes o regresivas, pero parecen opiniones poco informadas y cortas de vista. Conjuntamente con el fin del binominal, su impacto puede resultar similar a la derogación de la “Ley Maldita” e introducción de la cédula electoral única. Estos cambios se hicieron en 1958, tras el gran estallido social del año anterior y terminaron con la exclusión y el cohecho que sobrerepresentaban a Conservadores y Liberales, los viejos partidos de latifundistas y mercaderes. En pocos años perdieron casi todos sus diputados y senadores, lo que posibilitó la aprobación de leyes tan progresistas como la sindicalización campesina, reforma agraria y nacionalización del cobre, esta última en forma unánime. Los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y especialmente Salvador Allende las propusieron y ejecutaron con toda decisión, modernizando el país por completo y para siempre.
¿Cómo es posible que las nuevas leyes que democratizan la política fueran aprobadas por un parlamento donde los exPinochetistas, ayudados por varios otros convenientemente “aceitados” por los hegemones rentistas, mantienen la posibilidad de veto y controlan además la virtual tercera cámara mal llamada “Tribunal Constitucional”? ¿Qué los ha forzado a practicar el Harakiri, de manera consciente además como varios han explicitado? La respuesta a estas preguntas encierra toda la fascinación del progreso histórico de los pueblos, pero señala asimismo, a gritos hay que decir, el curso de la política en los meses y años que vienen.
Como se sabe, la ciencia política clásica descubrió que la clave es comprender acertadamente las mareas y corrientes, los ciclos de movilización política de las masas, como lo enunciaron en su lenguaje preciso hoy pasado de moda, especialmente las más grandes, y estar alertas a sus periódicas ventoleras y tormentas, todo lo cual subyace y agita los constantes ires y venires del oleaje de la política, mal llamada “contingente” puesto que está siempre imbricada y solo puede navegar exitosamente considerando aquellos.
A medida que la ciudadanía acelera geométricamente su movimiento hacia adelante —son fenómenos muy grandes que mueven masas de millones, por lo tanto bastante caóticos y en buena medida ingobernables— el único modo de incidir algo en su conducción consiste en avanzar las consignas hasta abarcar los principales problemas a resolver, y luego actuar en consecuencia. De ese modo alientan las esperanzas, sueños y anhelos más profundos del pueblo en curso de alzarse. Al revés, cuando necesariamente las marejadas amainan al cabo de un tiempo y cuando han alcanzado sus objetivos principales, es imperioso frenar más o menos en seco para evitar que vayan al despeñadero.
Esas son las grandes lecciones grabadas a fuego en los chilenos que han vivido el último medio siglo. Las conclusiones de quienes pretendieron reducir la política a acuerdos de pasillo “en la medida de lo posible”, sólo son válidas para los períodos de calma chicha que, si bien pueden extenderse por un par de décadas como el más reciente, no duran para siempre.
El sistema político chileno es muy flexible y sabe esto de memoria. Mal que mal, ha venido sorteando a cada década, en promedio, grandes tormentas y marejadas populares que lo han venido empujando desde abajo a realizar las reformas sucesivas que han transformado la vieja sociedad campesina y señorial de principios del siglo pasado en el Chile urbano y moderno de hoy. Casi siempre ha sido capaz de conformar las grandes coaliciones requeridas para conducirlas a buen puerto, fracasando solo en dos ocasiones, 1924 y 1973, en las cuales fue reemplazado por la burocracia militar, en el primer caso hacia adelante y en el segundo trágicamente hacia atrás. Nadie quiere que ello suceda de nuevo. Tampoco han sido relevantes en Chile los caudillos y caudillitos de uno u otro signo, felizmente.
La Nueva Mayoría ha honrado esa tradición con una gran limitación: Nacida del gran cambio de mareas en curso no ha mostrado todavía la decisión requerida para encabezarla. Su mismo programa refleja esta contradicción. Evidentemente marca un giro respecto de sus predecesores, pero su misma moderación le impide inspirar la adhesión popular fervorosa que se requiere y en su momento impulsaron la Revolución en Libertad del Presidente Frei Montalva y la Revolución con empanadas y vino tinto del Presidente Allende. Deberá superar esta limitación en el programa de su probable segundo período.
Para remate, la conducción de las tímidas reformas planteadas a veces parece haber olvidado la regla esencial de acumular fuerzas a medida que se avanza. En el caso de la reforma educacional, por ejemplo, se confundió el enemigo, que nunca han sido los “sostenedores” escolares y universidades privadas, casi todos ellos empresarios medianos y pequeños, instituciones religiosas y de beneficencia. En lugar de ofrecerles un cauce conveniente para transformarse en componentes del nuevo sistema de educación pública, se los denostó injustamente como si fueran los culpables de la crisis y amenazó con las penas del infierno si lucraban o discriminaban, mientras se mantenía intacto e incluso ampliaba el sistema de financiamiento mediante “vouchers” que prohijó esos comportamientos y empresas en primer lugar.
Felizmente, la glosa de gratuidad ha empezado a enmendar parcialmente este error, reduciendo el “subsidio a la demanda” desde tres cuartos a menos de la mitad del presupuesto de educación superior e incorporando a buena parte de los que quieran adherir a ella. Se ha logrado avanzar un tercio de ese camino, beneficiando a decenas de miles de estudiantes y fortaleciendo al gobierno significativamente. Pero faltan los dos tercios restantes en educación superior y aplicar un esquema similar en básica y media terminando con las subvenciones escolares. Además de una sustantiva de reforma de todo el sistema, que habilite en breve plazo instituciones gratuitas, colegios en cada barrio, universidades e institutos en cada nivel y región, eleve su calidad y la forma en que contratan sus docentes.
Asimismo, la Nueva Mayoría se alineó y aprobó tímidas reformas tributaria y laboral. Todos estos modestos avances fueron verdaderos partos. Se lograron en una sucesión de pujos. En una semana se avanzaba y la siguiente se retrocedía buena parte de lo adelantado o más. En el caso de la reforma laboral, tras el empellón decisivo de la aprobación parlamentaria vino el esperable retroceso de la presentación al TC, que probablemente fallará políticamente como lo hizo antes con la glosa de gratuidad. Seguramente el Ejecutivo va a repetir la magnífica muestra de decisión que dio entonces la Presidenta, que el pueblo recordará siempre. “No me conocen —respondió al instante— la gratuidad va de todas maneras”. Así fue. Así será también probablemente con la reforma laboral.
No hay que sorprenderse por ello. De ese modo avanza siempre la política “contingente”, en medio del oleaje que va y viene constantemente, hoy se gana, mañana se pierde, luego se empata y finalmente se gana, casi nunca por goleada.
Por eso resulta fascinante lo sucedido con las trascendentes leyes que han democratizado decisivamente el sistema político. Un avance gigantesco cursó con el empuje irresistible de correntadas y marejadas que barrieron el oleaje en medio de una ventolera de padre y señor mío. Hace un año estalló la gigantesca erupción social que hierve en el sustrato tectónico de la política, silenciosa como la portentosa fumarola que el volcán Calbuco elevó hasta la estratosfera por esos mismos días. Por el lado menos pensado ¡la corrupción, en uno de los países más probos del mundo!
Precipitada de ese modo la mayor crisis política desde la que puso fin a la dictadura, la Presidenta y todos los partidos reaccionaron de manera rápida, flexible y decidida. Merecen ser reconocidos por ello. La Presidenta convocó de inmediato el consejo presidido por el respetado ingeniero Eduardo Engel y le dió un plazo de pocas semanas para proponer medidas que ayudasen. restituir la confianza ciudadana en las instituciones políticas.
Tras escuchar a todo el país, todas sus instituciones y las principales organizaciones políticas y sociales a lo largo del territorio, ésta propuso iniciar de inmediato el proceso constitucional y cntundentes medidas de democratización del financiamiento de la política y el funcionamiento de los partidos y los mercados, así como el fortalecimiento del Estado para que lo anterior no quedase en letra muerta.
Reconoció así la causa principal de la crisis, que no es solo política sino se origina en las grandes tensiones socio-económicas que se han acumulado —agudizando la lucha de clases, como se decía antes con menos eufemismos—, y se abrió un cauce del ancho requerido para que curse de modo constructivo.
La Presidenta asumió el informe como política de Estado y lo tradujo un importante conjunto de proyectos de ley, casi todos los cuales han sido aprobados y promulgados, incluidos los antes referidos que son los principales.
Estas medidas no bastan para resolver la crisis política y canalizar la gigantesca erupción en curso, las que continuarán desenvolviéndose en los meses y años venideros. Sin embargo, la respuesta del sistema político muestra a las claras lo que hay que hacer para que la inmensa energía que se está liberando continúe impulsando el progreso del país, en vez de derivar hacia un caos destructivo.
Ante lo sucedido, aparecen pueriles y ridículos si no provocasen tantas dificultades, los intentos de quienes desde dentro y fuera de la coalición de gobierno insisten aplicar los frenos como han venido intentando sin mayor éxito.
De seguro vendrán nuevas ventoleras y marejadas, posiblemente no tan silenciosas. La Presidenta y los partidos políticos sabrán navegarlas con éxito, aprovechando su impulso para terminar de corregir, enderezar y reconstruir, el trágico saldo del tsunami reaccionario que asoló a Chile durante el medio siglo que felizmente está terminando de este modo.
