Señor Director:
El colapso, producto del sistema frontal en la zona centro sur del país, dejó al descubierto una realidad que cada día es más evidente: el Estado no puede hacerse a un lado en la política pública cuando se trata de temas de gestión de reducción de riesgos de desastres socio naturales, ya que se trata de temas de seguridad interior.
Así de claro. Están los hechos y las graves consecuencias: dos muertos, 10 desaparecidos, 21 personas albergadas y 429 aislados, además de innumerables daños a viviendas, comercio, servicios, vías de comunicación y equipamientos , y detrás de todo aquello una opinión que comienza a expandirse: la «ausencia o silencio del Estado» en estas materias.
Si bien Chile se ha desarrollado y ha crecido con la participación activa del sector privado, existen áreas tan sensibles como la gestión de riesgos , que no pueden estar entregadas al principio de la subsidiaridad en la gestión pública. Para enfrentar los riesgos es necesario no sólo el aumento de la capacidad para fiscalizar y mejorar los controles por parte del aparato público. Por cierto, esto es un avance y es indispensable que el Estado pueda actuar con firmeza para fiscalizar a las entidades privadas, pero la capacidad de control es una herramienta de intervención del aparato público que opera en el corto plazo y que es, por lo tanto, limitada.
Lo que Chile requiere son políticas públicas de Estado, de largo aliento, perdurables en el tiempo y que dejen a un lado la improvisación. Políticas que aporten inteligencia al sistema de gestión de riesgos de desastres socio naturales en todas sus fases, tanto preventiva como reactiva, y respecto a distintos tipos de amenazas: incendios, volcanes, terremotos, tsunamis, inundaciones y deslizamientos, entre otras amenazas que nos afectan.
El Estado puede hacerlo. Cuenta con este conocimiento y la capacidad para generar la información pertinente. Pero es necesario contar con un «espacio de convergencia», una nueva institucionalidad donde confluyan saberes, tomadores de decisiones y sociedad civil. Una instancia donde los académicos de las universidades puedan aportar su conocimiento para que las autoridades, los funcionarios públicos y la ciudadanía estén preparados para distintos eventos y en el largo plazo logren reducir aquellos factores que originan el riesgo en el país.
Aunque existe una política nacional que contempla materias de gestión de riesgo y desastres socio naturales, su materialización en normas y leyes que la hagan vinculantes y obligatorias, y que las relacionen estrechamente con la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, es una tarea en la cual estamos en deuda y atrasados en el concierto internacional.
La planificación territorial debe urgentemente convertirse en la principal herramienta de reducción de riesgos a mediano y largo plazo en el país. En Chile, las ciudades crecen sin un ordenamiento que contemple información científico-técnica sobre amenazas naturales. Ejemplos de esta ausencia hay a raudales: oficinas públicas y hospitales construidos en zonas de tsunamis, viviendas en quebradas y lechos de ríos, son algunos de los casos más evidentes.
Los instrumentos de planificación territorial requieren de la participación de todos los actores del territorio, especialmente de su comunidad. Para el éxito de su aplicación se requieren capacidades y competencias instaladas en cada región para identificar adecuadamente las amenazas, las condiciones de vulnerabilidad y las capaciades del territorio y su población, de forma tal que sea posible avanzar hacia condiciones de desarrollo sostenible, con un claro sello descentralizado que asegure bienestar y seguridad social.
Así habrá menos días de colapsos, tragedias y culpas.
Programa gestión de reducción de riesgos socionaturales
Universidad de Chile
