Dos objetivos son los que motivan esta columna. En primer lugar, evidenciar que una ley que enfatiza el concepto de inclusión pero sólo hace mención a la temática migratoria indirectamente, nos parece insuficiente. En segundo lugar, informar a la comunidad que hoy las familias inmigrantes podrán exigir a los establecimientos que sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes y sus familias sin importar la nacionalidad. Esto nos parece relevante de destacar en el actual contexto de decepción por parte de las comunidades migrantes en Chile quienes el pasado 31 de marzo esperaban atentos a que el Poder Ejecutivo enviase el proyecto de ley de una nueva Ley Migratoria intersectorial con enfoque de derechos, la cual nuevamente no llegó y fue postergada. Desde el Senado y las organizaciones que trabajan con población migrante han criticado que este proyecto no se encuentra realmente dentro de las prioridades presidenciales.
Marco legal de la educación y la inmigración en Chile
Los niños, niñas y adolescentes inmigrantes de Chile cuentan actualmente con dos normativas que garantizan su acceso a la educación: la ratificación realizada por el estado en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Educación (LGE). Por su parte, la LGE, establecida el 2009 luego de las movilizaciones estudiantiles del 2006, reconoce entre los principios fundantes del sistema educativo la diversidad, la interculturalidad y la integración. Se entiende que es deber del estado promover y respetar la diversidad cultural, religiosa y social de las familias enfatizando que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.
Modificaciones legales
Hoy contamos con una nueva la ley que modifica y añade principios a la actual LGE, buscando gradualmente garantizar la educación como un derecho en cuanto el estado debe financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin discriminaciones arbitrarias. Esta es la denominada Ley de Inclusión.
Hay dos modificaciones legales que nos parecen relevantes en relación a la inmigración. En primer lugar, al principio de integración se le incorpora la noción de inclusión al establecer que el sistema escolar debe tender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes; asimismo, se propicia que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. Con anterioridad a la Ley este principio solo establecía que era deber del sistema incorporar a alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.
[cita tipo=»destaque»]Esperamos que con este principio algún día la LGE incluya explícitamente un artículo que establezca que los establecimientos reconocidos oficialmente deben proporcionar educación para todos y todas las y los niños y niñas en edad escolar obligatoria independiente de la situación migratoria de sus padres.[/cita]
Por otro lado, la Ley añade el principio de dignidad del ser humano, el cual establece que el sistema escolar debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esperamos que con este principio algún día la LGE incluya explícitamente un artículo que establezca que los establecimientos reconocidos oficialmente deben proporcionar educación para todos y todas las y los niños y niñas en edad escolar obligatoria independiente de la situación migratoria de sus padres. Hoy solo contamos con convenios especiales de colaboración entre el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y ciertas municipalidades, que buscan promover el derecho a la educación a través de la implementación del programa “Escuela somos todos”.
Aún cuando estos siguen siendo pequeños gestos, consideramos que son un avance en el reconocimiento de que la condición migratoria y nacional de los y las estudiantes son dimensiones relevantes de la diversidad que hoy existe en nuestras aulas de clases. De este modo, aunque la Ley de Inclusión no se haya referido explícitamente a la temática migratoria, ha abierto un camino para pensar que la diversidad en nuestras escuelas es base fundamental para construir una sociedad más inclusiva. En este sentido, la Ley puede constituirse como un espacio significativo para construir al fin un enfoque inclusivo, intercultural y derecho hacia la inmigración.
