Más de 1.800 presos han recibido el beneficio de la libertad condicional, noticia que ha generado escándalo en el mundo político. A las Cortes de Apelaciones de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, se sumaron en estos días las Cortes de Punta Arenas, La Serena, Chillán e Iquique. La novedad es que el beneficio se está entregando a un porcentaje significativo de postulantes.
El gobierno acusó a los jueces de oportunistas, porque de haber estado aprobada la agenda corta anti delincuencia esta “liberación masiva” de presos no habría sido posible. Algunos diputados discutieron la posibilidad de citar al director de Gendarmería para que explicara lo ocurrido, olvidando de este modo sus propios pasos anteriores en el ámbito legislativo. El director de Gendarmería, desautorizando a la judicatura, argumentó que en algunos casos su institución había desaconsejado conceder la libertad condicional, a pesar de que se cumplían los requisitos. El conflicto entre los poderes estaba servido. Más tarde, la ministra de justicia aquietó las aguas insinuando la posibilidad de revisión de algunos casos, como el de la Corte de Valparaíso, donde un abrumador porcentaje de solicitantes obtuvo el beneficio. La cuestión fue zanjada por el Presidente de la Corte Suprema, quien señaló que no habría ninguna revisión: “los jueces son independientes (…) y no vamos a dar ninguna explicación”.
El que se haya producido un enfrentamiento directo entre los poderes del Estado se explica en parte porque el año 2012, durante la administración Piñera, se dictó la ley Nº 20.587, que radicó en las comisiones de libertad condicional de las Cortes de Apelaciones la decisión final sobre el otorgamiento del beneficio, mientras que hasta antes de esa fecha la decisión la tomaban las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia; es decir, el Ejecutivo tenía la última palabra. La ideología de la seguridad ciudadana y tolerancia cero, que tiene cautiva a la elite política del mismo modo como ocurre con la ideología neoliberal, motivó que en el pasado reciente el beneficio de la libertad condicional fuese reducido por el poder político a un ritual de dimensiones ridículas, que beneficiaba como con cuentagotas a apenas una decena de solicitantes cada año.
[cita tipo=»destaque»]No es un atentado a la seguridad que una persona sea dejada en libertad condicional si está en pleno proceso de reinserción social. El atentado real a la seguridad es el feroz hacinamiento que se vive en las cárceles chilenas, que aplasta la dignidad de miles de personas y vulnera sus derechos más fundamentales.[/cita]
Pero la ideología de la seguridad ciudadana y tolerancia cero no sólo es corta de vista y olvidadiza, sino que es ante todo una ideología peligrosa, de alto riesgo para la misma seguridad que dice defender. Prueba de ello es que el nuevo gobierno nada más entrar criticó con dureza el indulto concedido por Piñera durante su gobierno, responsabilizándolo de un supuesto aumento de la criminalidad. Mientras el drama carcelario seguía desarrollándose y aumentando su gravedad. Cualquiera que se tome la molestia de averiguar cuáles son los requisitos para conceder el beneficio de la libertad condicional -un informe favorable del consejo técnico del establecimiento penitenciario, conducta intachable, haber cumplido la mitad de la condena, tener un oficio y haber asistido a las escuelas de las cárceles- apreciará como esta herramienta o, mejor dicho, derecho de las personas condenadas, contribuye a la reinserción social. No es un atentado a la seguridad que una persona sea dejada en libertad condicional si está en pleno proceso de reinserción social. El atentado real a la seguridad es el feroz hacinamiento que se vive en las cárceles chilenas, que aplasta la dignidad de miles de personas y vulnera sus derechos más fundamentales. Chile tiene, por un lado la tasa de encarcelamiento per cápita más alta de Latinoamérica, solo después de Estados Unidos y, por otro, una baja tasa de delincuencia, si se apela al criterio internacional de considerar la tasa de homicidios por habitante, la más baja de entre todos los países latinoamericanos.
Los jueces no han sido oportunistas sino oportunos. A diferencia de los políticos, que legislan en la oscuridad, según la feliz expresión de un destacado profesor de la Universidad Diego Portales en un artículo reciente referido a la cuestión del control de identidad; los jueces conocen de cerca la brutal realidad carcelaria porque los golpea con crudeza cada vez que visitan los recintos penitenciarios y constatan las pésimas condiciones en que viven las personas condenadas. Lo suyo ha sido un gesto de responsabilidad, un ademán algo desesperado antes que una nueva vuelta de tuerca de la represión sobre los sectores populares se consagre cuando, como es de lamentar, el Congreso apruebe la nueva agenda corta antidelincuencia.
