Opinión
Hoy en Chiloé el modelo capitalista rentista, extractivista y depredador nuevamente hace aguas y, como es obvio, mediáticamente se posiciona como una lucha particular de pescadores que reclaman un bono. Es en esta misma línea que Luis Céspedes, ministro de Economía, luego del quiebre de la mesa, sostuvo que durante la negociación surgieron otros temas no relacionados con la problemática actual.
El «exitoso» modelo económico chileno de desarrollo se cae a pedazos, no solo porque ese «éxito» excluye a la mayoría de la población (uno de los modelos más desiguales a costa del radical aumento de la tasa de ganancia del capital sobre el trabajo), sino porque sus fundamentos son insostenibles.
El modelo de desarrollo capitalista-neoliberal en Chile se ha sustentado en dos grandes pilares. Por un lado, la «economía de deuda», que implica que en Chile existan más de 10 millones de deudores (más personas endeudadas que ocupados y un 30% de morosos); por otra parte, el rentismo extractivista que permitió un relativo «éxito» sustentado en el precio de los commodities a nivel internacional y el crecimiento de economías como la china. Sobre este último punto, son numerosas las resistencias que han generado los sectores populares y trabajadores afectados por este modelo depredador capitalista, emprendiendo luchas por la recuperación de la soberanía de su espacio territorial.
Sin embargo, naturalmente todas estas luchas han sido invisibilizadas por el bloque en el poder y los medios de comunicación o, a lo sumo, han sido transformadas en «demandas» específicas y sectoriales. De la lucha contra el impacto de las forestales poco se habla; Freirina quedó solo en un eslogan por el olor de las chancheras y no como un proyecto de recuperación territorial del pueblo organizado en asambleas; Calama solo se redujo a una discusión sobre recursos de inversión, despolitizando el petitorio que contenía nacionalización del cobre y del agua; Magallanes se posicionó mediáticamente solo como una «pataleta» regional por el aumento en la tarifa del gas.
Hoy en Chiloé el modelo capitalista rentista, extractivista y depredador nuevamente hace aguas y, como es obvio, mediáticamente se posiciona como una lucha particular de pescadores que reclaman un bono. Es en esta misma línea que Luis Céspedes, ministro de Economía, luego del quiebre de la mesa, sostuvo que durante la negociación surgieron otros temas no relacionados con la problemática actual.
Y claro, el posicionamiento mediático del grupo en el poder es que solo se trata de montos: 300 mil en vez de 150 mil. Esta estrategia, además de menoscabar el apoyo de la población del resto del país respecto al conflicto (cosa que ha fracasado relativamente, dadas las numerosas protestas y manifestaciones de apoyo en varias ciudades), busca tensionar y dividir a los actores movilizados: armadores (propietarios), tripulantes (trabajadores), sindicatos, federaciones, comités de cesantes y la población chilota en general.
[cita tipo= «destaque»]Uno de los petitorios provinciales que se han articulado posee 15 demandas, solicitando la declaración de Zona de Catástrofe Ambiental, la fijación de una investigación, la sanción a las instituciones responsables, un estudio de daño ambiental, regular la piscicultura, apoyo técnico para la reconversión de los afectados, políticas públicas orientadas al sector pesquero artesanal y la derogación de la Ley de Pesca.[/cita]
Las más de 30 toneladas vertidas en las costa de la Región de Los Lagos, y su impacto ambiental y económico, es solamente la punta del iceberg de un conflicto de larga data asociado a un sector productivo que solo ha beneficiado a sus dueños. Un buen resumen de esto puede verse en el video «Crisis Ecológica y Engaño Financiero en la Industria Salmonera Chilena», donde el Biólogo Marino Héctor Kol explica los efectos que ha tenido la industria del salmón.
El modelo económico regional se ha centrado en los últimos 20 años –con la complicidad del Estado– en la salmonicultura, lo que, además de daño ambiental, ha arrastrado altos niveles de precarización laboral y despidos que se han extendido por meses en toda la región.
La descarga de desechos mar adentro –autorizada por Sernapesca–, seguida de la muerte masiva de flora y fauna marina, implicó un impacto en toda la cadena productiva de la isla: imposibilidad de desarrollar las labores asociadas a la pesca artesanal y todas las actividades que se desprenden directa o indirectamente de ahí. Esto ha llevado, además de que no se conozcan los efectos ambientales de mediano y largo plazo, a que exista una total incertidumbre de la población local respecto al futuro.
De esta forma, uno de los petitorios provinciales que se han articulado posee 15 demandas, solicitando la declaración de Zona de Catástrofe Ambiental, la fijación de una investigación, la sanción a las instituciones responsables, un estudio de daño ambiental, regular la piscicultura, apoyo técnico para la reconversión de los afectados, políticas públicas orientadas al sector pesquero artesanal y la derogación de la Ley de Pesca.
Paulatinamente, además, se han ido sumando otros pliegos con contenidos críticos al extractivismo que han intentado posicionar, más allá del bono, una indemización por los 30 años de contaminación y el daño ambiental provocado.
Restará ver si los actores movilizados son capaces de articular los distintos petitorios en un pliego provincial-regional, unificado a los que luchan contra los efectos del modelo impuesto y de las fórmulas de alianzas público-privadas fracasadas. Será también pertinente observar si logran conformarse mesas de trabajo ampliadas y considerar qué ocurrirá con los petitorios y demandas locales de los diversos sectores populares, cuando tarde o temprano exista acuerdo entre algunos dirigentes de pescadores y el Gobierno respecto al monto del bono.
Nuevamente está en cuestión quién decide en el espacio territorial: ¿será el poder político-empresarial centralista o las comunidades locales?
