Opinión
Es la misma Presidenta que no contesta preguntas en los puntos de prensa. Y la misma que quiso excluir de los viajes oficiales a periodistas incómodos. La querella va en la misma dirección (se reconoce un patrón, diría un psicólogo): disciplinar a los medios para que no molesten. Por cierto, este rasgo autoritario no es privativo de la derecha más tradicional, sino que es también constitutivo de la izquierda en la que la Presidenta creció políticamente.
La Presidenta Bachelet interpuso una querella criminal por injurias y calumnias contra revista Qué Pasa por publicar informaciones sobre escuchas telefónicas –de una fuente nada confiable–, resultantes de pericias policiales que la vincularían con el caso Caval.
¿Torpeza política o autoritarismo?
Me temo, ambos.
Si, como indican los diccionarios, la torpeza tiene que ver con la falta de habilidad o capacidad para desarrollar determinadas tareas, es un claro caso de torpeza política. Esto se debe a que el fin político que su acción persigue tiene tantas externalidades negativas que incluso el éxito jurídico de su querella será un fracaso para su gobierno. Por cierto, nominalmente, está querella pretende diferenciar entre la ciudadana Bachelet, que la presenta, y la Presidenta Bachelet, que permanece neutral. Pero esta estrategia es mañosa: por muy ciudadana que sea, se trata de la Presidenta tratando de desvincularse de un caso que ha dañado su imagen y la de su gobierno.
Además, la implementación de la estrategia tiene visos de hipocresía: no se entiende de otro modo que sea un ministro de Estado el que anuncie la querella, valiéndose así de todo el poder simbólico que conlleva el poder político de más alto rango para hacer avanzar la querella de la ciudadana.
El mejor escenario para la Presidenta es que su querella desemboque en una multa para el medio. Pero inevitablemente aquello será interpretado –correctamente a mi parecer– como un tipo de censura, lo que repercutirá negativamente en su imagen y la de su Gobierno.
Pero no es solo la Presidenta la que perderá. Perderá también la libertad de expresión. Por una parte, los rankings de transparencia y libertad de prensa se verán perjudicados (un costo que la ciudadana Bachelet asume correcto traspasar al país –lo que supongo no haría la Presidenta Bachelet–). ¿Nadie pudo convencer a la Presidenta de que no es bueno estar en una misma lista con Erdogan, Maduro, Cristina de Kirchner y Pinochet, por nombrar solo a algunos de los notables?
Por otra parte, si los periodistas deben ser considerados jurídicamente responsables por la verdad de las informaciones –es decir, por la correspondencia entre lo que declaran y la constitución objetiva del mundo–, y no solo por la falta deliberada a la verdad, entonces perderemos escrutinio sobre el poder, y así también un poco más de aquello que le da valor a la democracia.
[cita tipo= «destaque»]¿Nadie pudo convencer a la Presidenta de que no es bueno estar en una misma lista con Erdogan, Maduro, Cristina de Kirchner y Pinochet, por nombrar solo a algunos de los notables?[/cita]
Pero también la decisión de la ciudadana-Presidenta trasunta autoritarismo. Es la misma Presidenta que no contesta preguntas en los puntos de prensa. Y la misma que quiso excluir de los viajes oficiales a periodistas incómodos. La querella va en la misma dirección (se reconoce un patrón, diría un psicólogo): disciplinar a los medios para que no molesten. Por cierto, este rasgo autoritario no es privativo de la derecha más tradicional, sino que es también constitutivo de la izquierda en la que la Presidenta creció políticamente.
Pero quizás todo esto es un análisis errado. A fin de cuentas, de acuerdo a la creativa explicación del subsecretario Aleuy, nada de esto tendría que ver con límites a la libertad de expresión, sino que más bien se trataría de que tengamos un periodismo serio y de calidad. Es decir, el interés que la ciudadana Bachelet persigue con su querella sería de tipo pedagógico.
Si es así, se trataría de pedagogía autoritaria –de esa que enseñaba a leer a punta de reglazos–. Pero esto es un constructo poco creíble. Por una parte, es la misma explicación que se da usualmente en los regímenes abiertamente autoritarios cuando se limita la libertad de expresión: no se trata de limitarla, sino que de mejorar el periodismo según los estándares de calidad que excluyen las opiniones contrarias. Por otra parte, si la ciudadana Bachelet presenta una querella por injurias –la versión oficial– es porque se siente injuriada, y quiere que se haga justicia, no porque aspire a mejorar la seriedad y calidad del periodismo. Si este fuese el objetivo que la motiva, haciendo uso de su cargo, bien podría poner en marcha mecanismos mucho más efectivos para alcanzarlo (por ejemplo, implementar comisiones de ética o algo parecido).
Lo propio del estilo de liderazgo de la Presidenta es su capacidad casi mágica para establecer sintonía con el ciudadano medio. El ciudadano medio se reconocía en Bachelet y, al hacerlo, le reflejaba una imagen de sí en la que ella misma gustaba reconocerse. Pero los procesos de reconocimiento que se asientan sobre características de personalidad son frágiles. El caso Caval destruyó esta sintonía de tal modo, que es dudoso que se pueda recomponer. La imagen reflejada adquirió características dantescas, y nadie gusta encontrarse con este tipo de imágenes al mirarse en el espejo de los otros. Sin esta sintonía, queda poco de que asirse.
La querella de la Presidenta parece expresar una lucha desesperada por no perder definitivamente el reconocimiento del que gozaba. Todo esto se puede entender bien. Pero la Mandataria debiese entender que una democracia que valga ese nombre requiere de sólidos mecanismos escrutadores del poder. Y que son esos mecanismos los que la ciudadana Bachelet debilita con su querella.
