En el marco del debate sobre la Ley de Educación Superior, particularmente a partir de algunas minutas del MINEDUC que bosquejan o anticipan lineamientos que contendría el proyecto de ley de reforma del sistema, se ha expresado una nueva nomenclatura para clasificar a las universidades, diferenciándolas en: estatales, no estatales con vocación pública y privadas.
Las estatales serían las de administración del Estado, mientras que las no estatales con vocación pública serían aquéllas que no dependen del Estado pero que han pertenecido históricamente al Consejo de Rectores. Así, en medio de la complejidad del debate, es importante dilucidar qué se entiende por “pública” o con “vocación pública”, más allá de las defensas corporativistas y meramente administrativas que puedan plantearse.
Es un hecho indiscutible que el actual sistema de educación debe ser reformado y reorientado a cumplir su función pública y a garantizar el derecho a la educación en cada uno de sus niveles. Cuestión válida también para la educación superior universitaria en el cumplimiento de sus funciones de generación de conocimiento, creación, espacio de desarrollo del pensamiento, de las ciencias, las artes, las letras y la técnica, así como la formación de profesionales de nivel superior.
Las movilizaciones estudiantiles que inició la CONFECH el año 2011, pusieron en el debate la necesaria reforma y llevaron a un compromiso político que ha dado curso a un proceso de cambios de dicho sistema cuyo desarrollo y desenlace es aún incierto y preocupante. En este sentido, el carácter “público” de las instituciones de educación superior debiera estar, a nuestro juicio, en el centro del debate. Cuando hablamos de “público” nos referimos a la preocupación por aquello que nos es común, lo que nos interesa a todos, que debe ser comunicado, observado de manera abierta y transparente y debatido por los ciudadanos. Llevado al ámbito universitario, un espacio de pluralidad de ideas que puedan expresarse con plena libertad y donde la investigación, la creación y el pensamiento estén al servicio de la búsqueda del desarrollo y la democracia social y política. En este sentido, la ausencia de lucro en todo el sistema es central, la comprensión de que “lo público” es ir más allá de cualquier interés particular o institucional, erradicando la lógica mercantil que ha organizado el sistema de educación superior en la actualidad.
[cita tipo=»destaque»]Cuando hablamos de “universidad pública” entendemos también la inclusión y no discriminación de los estudiantes por razones socioeconómicas o ideas políticas, el compromiso por la permanencia de los jóvenes en sus carreras y actividades académicas. No menos importante es considerar el respeto por la libertad de pensamiento de los académicos, entendida ésta como la completa libertad de cátedra, de la labor docente en general, incluido el ámbito investigativo y relacional.
Cuando hablamos de “universidad pública” entendemos también la inclusión y no discriminación de los estudiantes por razones socioeconómicas o ideas políticas, el compromiso por la permanencia de los jóvenes en sus carreras y actividades académicas. No menos importante es considerar el respeto por la libertad de pensamiento de los académicos, entendida ésta como la completa libertad de cátedra, de la labor docente en general, incluido el ámbito investigativo y relacional.[/cita]
Por último, con la vocación democrática como eje del desarrollo de una universidad pública debería estar también la gobernabilidad institucional, expresada en participación triestamental en la elección de autoridades y de los órganos de gobierno. Una orientación democrática abierta al debate plural, con participación de los distintos estamentos: profesores, estudiantes y funcionarios.
En síntesis, el sistema de educación superior debe estar orientado al servicio de las necesidades educativas de los ciudadanos y del desarrollo democrático del país, en tanto lo público implica pluralidad. En este sentido, debe asegurarse la existencia un modelo mixto que reconozca la existencia de distintas tipos de universidades, asegurando estructuralmente la preeminencia del interés público y la ausencia de lucro en todo el sistema, aún en aquellas universidades que no reciban financiamiento del Estado. Este modelo mixto del sistema se corresponde con una cierta idea de democracia en que, además del Estado, existen organizaciones de la sociedad civil cuya vocación no se restringe a intereses particulares y se orientan desde una perspectiva basada en el interés común. Democracia no sólo significa un Estado que garantiza derechos políticos, económicos y sociales, sino también una sociedad civil fuerte y organizada por lógicas colectivas u orientadas al bien común. Lo anterior no obsta para que puedan existir universidades privadas constituidas a partir de proyectos educativos vinculados a visiones particulares o grupos de interés privados, aunque no financiadas por el Estado. No obstante, su reconocimiento como instituciones universitarias y su capacidad para otorgar títulos y grados universitarios válidos debe obedecer a ciertas exigencias básicas establecidas por el Estado, relativas al aseguramiento de su calidad a fin de resguardar el interés público.
