Las cifras publicadas –y en actual investigación– sobre las 185 muertes de niños y niñas ocurridas en instituciones dependientes del Sename generaron gran conmoción pública. La alta frecuencia y las causas de muerte reportadas por el Servicio Médico Legal , escandalizaron a la opinión pública, sin embargo, cabe destacar que, en conferencias internacionales, Chile luce una de las menores tasas de mortalidad infantil* de la región, siendo de 7 por mil recién nacidos vivos al 2013, muy cercano al promedio de los países de la OCDE. Esto no hace más que reforzar el dicho que reza que “los promedios esconden las inequidades”.
Cuando se realiza el análisis de la mortalidad infantil por grupos, en Chile, el riesgo de morir antes del año de edad en Puerto Saavedra es 6 veces mayor al riesgo de aquel niño o niña que nace en Vitacura. Si analizamos la mortalidad de un hijo de padres con 13 o más años de estudio, es 16 veces menor que aquel que nace de padres sin escolaridad completa, siendo principalmente a expensas de causas de muerte prevenibles, como accidentes o consultas tardías a centros asistenciales de salud.
[cita tipo=»destaque»]Cada fallecimiento de un menor de edad al menos merece una auditoría, y no tengo duda de que en la gran mayoría –si es que no en todas– algo más se pudo haber hecho. Lamentablemente, Chile es un país reactivo, en que lo urgente se antepone a lo importante, y en que la “Convención sobre los derechos de las niñas y los niños” publicada por la ONU en 1989, a la cual Chile adscribió en el año 1990, salvo puntuales excepciones, ha pasado inadvertida en 26 años.[/cita]
No corresponde realizar comparaciones entre los datos de la institución respecto a los datos nacionales, ya que no existen estudios específicos ni registros precisos públicos de los niños protegidos por el Sename. Esto, dado por la dificultad metodológica, el subregistro de determinantes y de factores de riesgo, y por protección de la identidad de los niños internos. No obstante, no cabe duda de que en estos centros están –algunos de– los niños y niñas con mayor vulnerabilidad social del país, por lo que su protección no está en discusión.
Sin embargo, ¿de qué protección estamos hablando? ¿Es protección social internar a niños y niñas “hijos de” –drogadictos, alcohólicos, prostitutas, presidiarios, entre otros– junto con niños interdictos? ¿Es protección social efectiva, el hecho de que el cuidado de numerosos lactantes esté en manos de escasos cuidadores cuyas competencias no estén certificadas? ¿Es protección social, que estos niños y niñas crezcan y se desarrollen lejos de referentes sociales, oportunidades reales y ejemplos de superación?
Los modos y operaciones internas de la institución pueden ser motivo de gran discusión y estar sujetos a los recursos disponibles, empero lo que no resiste análisis, son los fallecimientos de estos niños protegidos, por causas de muerte prevenibles: los 10 niños fallecidos en un incendio al interior de hogar dependiente de Sename en Puerto Montt el 2007; el menor de 17 años (DBP) asesinado por internos del mismo hogar, por presunto robo de celular el 2013; número significativo de lactantes fallecidos al interior de hogares con insuficiente recurso humano al cuidado de los menores, las cuales habrían sido prevenibles con consultas precoces a centros asistenciales; así como numerosos suicidios por patología de salud mental mal controlada.
Cada fallecimiento de un menor de edad al menos merece una auditoría, y no tengo duda de que en la gran mayoría –si es que no en todas– algo más se pudo haber hecho. Lamentablemente, Chile es un país reactivo, en que lo urgente se antepone a lo importante, y en que la “Convención sobre los derechos de las niñas y los niños”, publicada por la ONU en 1989 y a la cual Chile adscribió en el año 1990, salvo puntuales excepciones, ha pasado inadvertida en 26 años (tema desarrollado in extenso en columna de octubre 2015).
Creo que es el momento de tomar el tema en serio, los niños fallecidos son solo la punta del iceberg de un inmenso sufrimiento que existe al interior de cada hogar, de cada historia, de cada familia. Aunque duela decirlo, estos niños son consecuencia de la indolencia y la desidia de una sociedad que no ha sabido hacerse cargo de los más indefensos, de aquellos a los que el precio de su cuna sigue determinando el precio de su tumba.
El éxito de un país no se mide con la aprobación del libro escolar: Nicolás tiene 2 papás, o si se legaliza el “aborto en la causal de violación”. El éxito se mide en cómo un país se hace cargo de los más vulnerables, con políticas preventivas, protectoras e inclusivas. De lo que ya no hay duda, y aunque lleguemos tarde una vez más, es que hoy urge política de infancia.
Que en Chile, así como se dijo en Gran Bretaña en el año 2003, “every child matters”, digamos enérgicamente: “¡Todo niño y niña importan!”, y definamos presupuesto y estrategias amplias y transdisciplinarias para que, de una vez, nos hagamos cargo de los sin voz, de los sin voto, de los sin tuición, de los sin amor. La Subsecretaría de la Infancia podría ser un primer paso, pero para romper con la “hipocresía autocomplaciente” de los últimos gobiernos, acuñada por Benito Baranda, esta debe ir acompañada de un apoyo político total.
En definitiva, es hora de que nos hagamos cargo de todos los niños y niñas, ya que, como dijo Nelson Mandela: «No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad, que la forma en la que trata a sus niños».
*Mortalidad infantil: mortalidad de niños y niñas menores de 1 año por cada mil recién nacidos vivos.
