Señor Director:
El proyecto de Nueva Educación Pública (NEP), más conocido como proyecto de ‘’desmunicipalización’’, y que ha sido centro del debate público en los últimos días, plantea cambiar la administración de las escuelas desde los municipios a los Servicios Locales. Si bien, la desmunicipalización es una demanda histórica de las comunidades educativas, este proyecto mantiene la esencia del modelo de mercado y de estado subsidiario, no significando por tanto un cambio de fondo en el fracasado sistema implementado en dictadura y consolidado en los 26 años de gobiernos “democráticos”. Esto es así, dado que se mantiene el mismo sistema de financiamiento de subvención por asistencia o matrícula, al mismo tiempo que el Estado no asume un rol garante efectivo de la educación pública, ya que la Dirección de Educación Pública propuesta tiene muy débiles responsabilidades y atribuciones. Tampoco se avanza en la democratización de los establecimientos y se sigue concibiendo a las escuelas como empresas que deben gestionarse gerencialmente. Además, continúa la concepción estandarizada y sesgada de lo que se entiende por “calidad de la educación”, sin plantear revisión alguna al cuestionado currículo productivista y de escasa incidencia en la formación integral, que existe actualmente.
Por otro lado, el proyecto en cuestión no fortalece significativamente a la educación pública y no apunta a la construcción de un verdadero sistema nacional de educación pública, en donde el Estado oriente al sistema educativo hacia un proyecto país que sea coherente con la necesidad de enfrentar las brutales desigualdades de la sociedad chilena. Esto no se trata de platas más o platas menos ni de cómo se entregan dichos recursos, sino del sentido y los fines a los que apunta la formación escolar. Chile necesita un sistema educativo para otra educación y para una nueva sociedad.
Centrarse en realizar pequeñas indicaciones a este proyecto es renunciar a nuestro diagnóstico y compromiso fundamental: una transformación profunda, capaz de superar los más de treinta años de neoliberalismo en la educación. La esencia del proyecto actual, ante lo limitado y parcial de sus propuestas, no permite sentar una base firme desde la cual poder construir un acuerdo entre los diversos actores educativos, reflejo de un sistema político cerrado, sordo, incapaz de escuchar y representar las demandas de la sociedad.
Es por esto, y por la convicción de que el país necesita cambios sustantivos en la educación, es que vemos indispensable construir una real reforma educacional, sobre la base de un acuerdo amplio entre los diversos actores de la educación, con una participación efectiva y vinculante del mundo social y no bajo la concepción tecnocrática de un grupo cerrado de supuestos “expertos”, como ha sido la tónica del diseño de este proyecto.
Considerando los principios que hemos defendido a lo largo de estos años, es que consideramos que una verdadera reforma a la educación pública debe tener como base los siguientes conceptos fundamentales:
Proyecto público de educación. Debe orientar todo el sistema escolar y responder a un modelo de desarrollo que definamos como país, involucrando en distintos grados a todos los establecimientos educativos, independiente de su naturaleza, pero especialmente aquellos que reciben recursos del Estado. Su contenido debe abordar:
a. La educación como derecho social, buscar el bien común por sobre intereses particulares, repensar el currículo y erradicar todo tipo de discriminación, ya sea de género, etnia, clase o nacionalidad. El currículum debe tener un alto nivel de descentralización y flexibilidad para atender la diversidad de requerimientos formativos de las comunidades, sobre la base de los valores y fines del sistema educativo público, y debe terminar con la evaluación estandarizada y censal que hoy existe en el sistema.
b. En un nuevo proyecto educativo la no discriminación de género y el feminismo deben tener un énfasis particular, dirigiéndose a hombres y mujeres en un marco de igualdad de oportunidades, y no invisibilizando a la mujer en prácticas naturalizadas o en contenidos, y planes y programas de estudio. Una educación transformadora tiene que propiciar el respeto, la equidad de género y terminar con las lógicas sexistas inmersas actualmente en nuestra educación. De este proyecto se articulan cuatro ejes a transformar.
Nueva institucionalidad: a) Generar un Sistema Nacional de Educación Escolar que regule todo el sistema educativo en función de un proyecto público, que permita a su vez articular un Sistema Nacional de Educación Pública con todas las instituciones que reciban aportes del estado bajo una misma institucionalidad, normas y fines, en base a una estrategia nacional de educación, en los niveles: escolar, técnico y superior. El sistema debe ser descentralizado y con participación comunitaria, pero dependiente del Ministerio de Educación. Ello parece lo más pertinente a la realidad política y trayectoria de nuestro país. En Chile contamos con una exitosa experiencia histórica de educación pública administrada por el Estado a través del MINEDUC, la que debe ser actualizada con nuevas formas de descentralización, participación democrática y gestión comunitaria.
Democracia: Una nueva institucionalidad de la Educación Pública debe tener como su base fundamental la idea de la ESCUELA DEMOCRÁTICA, que realiza formación ciudadana a través de su práctica cotidiana y su convicción por el respeto, la participación y la libertad. Esto significa: a) Implementar consejos escolares resolutivos que puedan incidir en el proyecto educativo de sus establecimientos, b) Establecer el carácter resolutivo de los consejos de profesores en materias técnico-pedagógico y de la gestión escolar, c) Establecer reconocimiento y participación real de las organizaciones estudiantiles, y d) Aumentar la representación y participación de las comunidades educativas en los Consejos Locales de Educación, dándoles atribuciones resolutivas en las materias que les competen y los afectan.
Financiamiento: a) Debe ser basal y terminar con el voucher en los colegios, b) El Estado debe privilegiar en su financiamiento a los colegios públicos, ya que estos asumen a plenitud la finalidad integradora, inclusiva y democratizadora que debe tener la educación c) Los colegios privados que reciban dineros del Estado para sus proyectos particulares, deberán ser parte de la nueva institucionalidad y asumir el proyecto público de educación, para seguir recibiendo dinero de todos los chilenos.
Fortalecimiento de los colegios estatales: Son la base de la educación pública, algo totalmente contrario a su actual condición de descuido, versus las favorables condiciones que ha dado el Estado para el aumento constante del sector privado, haciendo necesario: a) Expandir la matrícula y crear nuevos establecimientos estatales, acompañados de condiciones de infraestructura acorde, y b) Inyectar recursos para mejorar infraestructura, relaciones laborales y ambiente de convivencia a los colegios públicos ya existentes.
Creemos que estos elementos constituyen rasgos indispensables para una reforma efectivamente transformadora, capaz de combatir las dramáticas consecuencias del mercado en la educación. Nuestro llamado es a construir colectivamente entre los actores educativos, sobre la base de estos principios, las bases para una reforma educacional real que responda efectivamente a lo que Chile viene demandando por años.
Mario Aguilar (Secretario Nacional del Colegio de Profesores)
Roberto Zambrano (Presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional)
Carlos Astudillo (Presidente de la Federación de Estudiantes del Pedagógico)
Dominique Aravena (Presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Tajamar de Providencia)
