Señor Director:
Es sumamente importante la reciente incorporación de indicaciones al proyecto de Sistema de Inclusión Laboral, el cual plantea que un 1% de la planta de los servicios públicos y privados deben ser trabajadores en situación de discapacidad.
Hasta hoy pareciera ser que existe más bien la generosidad por contratar, pero la verdad es que hay un número importante de personas con algunas condiciones de salud que no impedirían que realicen con éxito una diversidad de tareas vinculadas a la actividad productiva.
Más allá de la obligatoriedad y de prosperar la indicación, me encantaría pensar que ello será el primer paso que motivará a los jóvenes a estudiar y capacitarse formalmente, no con capacitación menor, sino con formación técnica o profesional, ya que se abre un espacio real en donde se debería tender a valorar las competencias más que la condición física o, más bien dicho, la apariencia de las personas para seleccionarlas.
Por otra parte, se abre un espacio para hacer esta tarea bien, como es realizar evaluaciones de puesto de trabajo, las cuales nos permitan sugerir las condiciones ideales para que todas las personas, independiente de su condición, ocupen un mismo puesto. Asimismo, hacer estudios de trabajo previos para capacitar a los jóvenes en tareas que luego desarrollarán, de manera de no seguir formándoles en oficios que probablemente nunca realizarán.
Sin duda, se abren nuevas posibilidades y mejoras en la calidad de vida que permitirán que sean las mismas personas en situación de discapacidad las que decidan cómo quieren vivir su vida.
Katherine Vásquez, directora carrera Terapia Ocupacional, U. San Sebastián
