Señor Director:
Con asombro he leído la columna de opinión del Señor Santiago Escobar, quien livianamente me descalifica, sin siquiera conocerme o informarse debidamente, efectúa una serie de aseveraciones erradas y a la vez entrega información abiertamente falsa.
Señalo a usted que jamás he sido el abogado del Señor Angel Maulén, a quien conocí siendo decano de la Universidad Mariano Egaña, la que fuera absorbida por la Universidad Pedro de Valdivia, a la que renuncié hace muchos años. Pongo en su conocimiento además que tampoco he militado en partido político alguno y menos conozco al Senador don Hernán Larraín.
Por otro lado, señalo que ignoro actividades que alguna persona pudiera haber efectuado en relación al concurso público al que usted alude y donde he postulado dada mi vocación por la justicia y la verdad, a mi larga trayectoria como abogado y docente, por lo que siento puedo aportar a nuestro sistema judicial y a la dignidad de las personas.
Lamentablemente su artículo, desconociendo las razones que persigue, llega al extremo de enlodar a destacados miembros del más alto Tribunal de nuestro país y a otros destacados colegas que también han manifestado su intención de participar en el concurso destinado a llenar una vacante de dicho Tribunal.
Finalmente quiero manifestar que sorprende o llama poderosamente la atención, el hecho de que se me descalifique por conocer a algunas personas, reiterando que algunos de los mencionados ni siquiera conozco, y se me apunte como si ello fuere prohibido; manifiesto a usted que no tengo intereses en ningún partido político, empresa, universidad (salvo docencia), ni grupo de interés económico o de otra índole.
Creo al igual que Sócrates en cuanto al escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente y en lo señalado por San Agustín en cuanto a que donde no hay caridad no puede haber justicia.
La libertad de opinión y expresión no puede manifestarse sin el debido respeto a los demás, más aún cuando se emiten comentarios y opiniones de personas que no se conocen ni se tiene el acabado conocimiento de su desempeño profesional o docente. El derecho a opinar y entregar información, debe ser efectuado sabiamente y más aún, debidamente informado, si no se conoce la materia o persona o no se cuentan con los correspondientes antecedentes fidedignos respecto del cual se emite un comentario y se opina a su respecto, más vale no hacerlo, de lo contrario, ocurre precisamente un contrasentido, esa libertad de opinión y expresión, en vez de un derecho pasa a ser una violación del mismo.
Gastón Salinas Ugarte
Doctor en Derecho
