Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de reforma constitucional que establecerá la elección democrática de intendentes, iniciando el camino a un proceso de descentralización y abriendo la posibilidad, por primera vez en nuestra historia, a que las regiones tengan real poder de decisión sobre sus territorios.
Este proyecto se remueve en el Congreso como una bestia a la espera de nacer; tanto el Senado como el Ejecutivo quieren impedir que la reforma vea la luz en su forma actual.
Después de que el Ejecutivo presentara el proyecto, todas sus modificaciones a este han sido para disminuir las facultades de los intendentes y aumentar las de los gobernadores (que seguirían siendo designados por el Ejecutivo); como si a poco andar se hubiese dado cuenta de que con esto se crearía una figura que competiría en poder con el gobierno central y quisiera echar marcha atrás. Lo mismo el Senado, que ha tomado el proyecto como rehén de mezquinos cálculos electorales, paralizándose la discusión en la cuestión del método de elección de los intendentes.
Las luchas regionalistas de los últimos años (el conflicto del gas en Magallanes, las demandas sociales de Aysén, de Chiloé, de Calama, de Atacama) se han presentado como una batalla contra la oligarquía centralista, contra los intereses mercantiles, contra la extracción indiscriminada de los recursos naturales. Esta es, tristemente, una historia vieja en nuestro país: desde la Independencia ha habido competencia entre las provincias y Santiago por el control del país y su riqueza. La primera versión de este conflicto fue el Federalismo, proyecto que tuvo corta vida y que, tras un final decididamente trágico, pasó a un aparente olvido, pero que con ocasión de esta reforma constitucional ha regresado a la palestra pública.
¿Cómo se compara la historia del Federalismo con la actual situación? ¿Qué pasa ahora con las demandas de autonomía?
En Chile, el sistema de gobierno implantado en la Colonia (por la influencia absolutista de la dinastía borbónica) era fuertemente centralizado, concentrando todo el poder en unos pocos funcionarios, designados por la Corona, los cuales en su mayoría residían en la capital. Tras la Guerra de Independencia se dio una situación de lucha constante, entre las distintas facciones de la élite, pero también entre Santiago y las provincias. En este período anárquico hubo una Constitución (en 1826) que instauraba un sistema federal, con ocho provincias en las que cada una contaría con una asamblea legislativa y gobernadores elegidos popularmente. Los federalistas en Chile, liderados por José Miguel Infante, buscaban ante todo democracia para el pueblo chileno, y para ellos esto significaba un ejercicio directo del poder por los ciudadanos, enraizando al gobierno en los distintos territorios donde se ubicaba.
[cita tipo=»destaque»]A lo que aspiran las regiones es a generar una institucionalidad que permita que todos los habitantes del país, independientemente de su región o territorio, tengan voz y voto en la generación y distribución de riqueza en la nación, participando equitativamente en la producción de sus condiciones de vida.[/cita]
El intento de implementar esta Constitución fracasó por la resistencia de Santiago, por conflictos entre las provincias y por la poca experiencia gubernativa. En 1827 tuvo que ser abandonado y, en 1830, tras una serie de levantamientos y batallas, triunfaron los conservadores de Santiago, liderados por Diego Portales. El gobierno portaliano era deliberadamente autoritario y centralista; las provincias se rebelaron, en Coquimbo en 1851 y Atacama en 1859, pero fueron derrotadas y sus líderes encarcelados o exiliados. Tras este último intento, el federalismo fue abandonado como proyecto político, consolidándose un modelo político oligárquico y cerrado, que pervivió durante (casi) todo el siglo XX.
Desde el 2011, tras las protestas de Aysén y Magallanes, la descentralización se ha vuelto promesa obligada de las candidaturas presidenciales. Ese mismo año, Sebastián Piñera ingresó el proyecto de ley de descentralización administrativa que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, y Michelle Bachelet firmó en diciembre del 2014 el proyecto de elección de intendentes.
Tanto los defensores como los detractores de la elección de intendentes traen a colación al Federalismo: los unos diciendo que lo que Chile necesita es el reconocimiento de la más amplia autonomía a sus regiones, tal como las repúblicas federales (EE.UU., Brasil y Argentina, por nombrar algunos casos); los otros señalando que eso traería solo división e ingobernabilidad, y que nuestro país ha sido, por tradición y necesidad, unitario.
Lo que no reconocen quienes se oponen a este proyecto es que tienen miedo a perder el control del Estado, a que ya no puedan predecir quién tomará las decisiones (la tan mencionada “seguridad jurídica”). Ese miedo es el mismo que animaba a Portales en la construcción de su Estado: dicen que no habrá unidad, que no habrá gobernabilidad. En el fondo lo que temen es que ellos no puedan gobernar, le temen a la posibilidad de un Chile que se gobierne a sí mismo.
A lo que aspiran las regiones es a generar una institucionalidad que permita que todos los habitantes del país, independientemente de su región o territorio, tengan voz y voto en la generación y distribución de riqueza en la nación, participando equitativamente en la producción de sus condiciones de vida. Este ideal es el mismo que ha guiado las luchas de las regiones de Chile a lo largo de su historia, primero el Federalismo del siglo XIX, y ahora las distintas luchas sociales y regionales. Todos han defendido el mismo principio: para que haya democracia real, el poder debe estar distribuido, tanto social como geográficamente.
Y es que la democracia es algo situado, que nace del encuentro entre ciudadanos, quienes a través de su asociatividad generan una voluntad común. Este encuentro solo puede producirse en los espacios donde las personas proyectan su vida y construyen su identidad, pues es allí donde está el tejido social necesario para el ejercicio del poder.
Por eso es tan necesario contar con una reforma que reconozca el poder real que yace, en potencia, en todas las comunidades a lo largo del país. En esto, la elección de intendentes es solo el primer paso, pero un primer paso esencial. Después de eso, es nuestra responsabilidad seguir construyendo los espacios en que podamos participar y tomar decisiones. Es tiempo de que dejemos de ser observadores de cómo se gobierna el país y pasemos a ser protagonistas, de que tomemos, por fin, las riendas de nuestro destino.
