«En más de alguna ocasión se me ha consultado si creo o no en el así llamado ‘proceso constituyente’. Y en más de alguna ocasión he respondido que el hecho de que el gobierno se haya visto impulsado a realizar este ejercicio, ya es un triunfo de quienes venimos exigiendo una asamblea constituyente real como la forma más democrática para definir la nueva Constitución de Chile».
El fin de semana se realizaron en 41 provincias del país los cabildos correspondientes a la segunda etapa de los diálogos constituyentes convocados por el gobierno de Michelle Bachelet. Una aclaración: me resisto a llamar “proceso constituyente” a una serie de actividades que nacen de un acto administrativo y que, independiente de estar cubiertos de voluntad política y de lo positivo que resulta todo espacio para dialogar sobre qué Constitución queremos, son más bien efecto de un proceso ya en rodaje que el puntapié inicial de este.
Yo también fui parte de uno. El que se desarrolló en la Escuela Baquedano de Coyhaique. A vuelo de pájaro, más de 200 personas nos convocamos durante más de media jornada para dialogar. Para discutir políticamente de política. Ya previamente había participado en un encuentro local autoconvocado y me había dado el tiempo para completar la encuesta virtual individual. Así, bien aplicado.
En más de alguna ocasión se me ha consultado si creo o no en el así llamado “proceso constituyente”. Y en más de alguna ocasión he respondido que el hecho de que el gobierno se haya visto impulsado a realizar este ejercicio, ya es un triunfo de quienes venimos exigiendo una asamblea constituyente real como la forma más democrática para definir la nueva Constitución de Chile. Un logro cuando entendemos que lo que hoy se está llevando adelante no es el fin del camino, sino un hito en un proceso superior.
A quienes asumen el rol de comportarse como ciudadanos no les corresponde adivinar el futuro. No es su deber agenciarse una bola de cristal para lamentarse por ese horizonte aciago, alegrarse por aquel que se divisa esplendoroso. Su responsabilidad es proyectar el presente hacia adelante y evaluar los pasos a seguir para alcanzar el objetivo político deseado. Si hay que apuntalar se apuntala, si hay que modificar se modifica.
Y tal no es una tarea menor, considerando que la postura que se adopte requiere de voluntad y trabajo. Ser espectador o comentarista de lo mal que está el país, no tanto. Participar, mucho más. Y en esto es deseable toda acción que permita amplificar el debate sobre la Constitución, en nuestro caso sobre cómo cambiar las bases de la actual y darle una legitimidad con la que no cuenta. Y en ello, actuar como en el judo: utilizar la energía del oponente para nuestros propios objetivos.
Uno de ellos, por ejemplo, demostrar a una elite y empresariado sordos qué es lo que piensa Chile. Cuáles son las prioridades de una ciudadanía que ve cómo desde arriba se toman decisiones sin considerar lo que los mandantes efectivamente quieren.
Es lo que ocurre cuando uno revisa los principios y valores, derechos y deberes más mencionados en los 7.575 encuentros locales autoconvocados del país, donde participaron más de 100 mil personas: la protección y conservación de la naturaleza. En primer lugar en los deberes, segundo en los valores y principios, y sexto en los derechos.
Algo no muy distinto ocurrió en la región de Aysén. En los deberes tal planteamiento emerge como el primero de la provincia Capitán Prat, segundo en las de Coyhaique y Aysén, y tercero en la General Carrera. No tan lejos estamos en términos de derechos, y principios y valores. Lo que señalaron las 1.320 ciudadanos y ciudadanas que se dieron el tiempo de participar.
A pesar de los mensajes y acciones de este gobierno en pos de detener los avances que nos permitan como país dar un giro al modelo extractivista imperante, para beneficio económico de un minoritario sector de la población y perjuicio de quienes viven en los territorios impactados, existe una parte de la población que tiene otra idea de lo que debe ser Chile.
Y es aquello lo que resta legitimidad a la alianza político empresarial que pretende torpedear las reformas que convierten el agua en un derecho humano fundamental y esencial para los ecosistemas, la protección efectiva de los glaciares. Esa connivencia dinero/Estado que busca convertir los territorios en máquinas hidráulicas para la exportación de electricidad y en beneficio de quienes ya se apropiaron de los derechos de agua del país. Y qué decir del modelo forestal, salmonero, pesquero y minero, o el sueño de plantas desaladoras por doquier y tanta otra idea salida de la creatividad desarrollista y codiciosa de quienes aún creen que vivimos en un planeta sin límites biofísicos.
Ya se ha dicho: Chile no es una despensa ni un botadero. Lo que ha emergido de estos diálogos constituyentes es parte del sentido común que cierta elite, obnubilada por el brillo del metal, en alguna parte ha extraviado. Ese que estos resultados reflejan y que no deben ser vistos como un logro sino como un instrumento de acción política para exigir los cambios que muchos aún creen deben ocurrir.
