El ingreso de Chile a la OCDE en el año 2010 significó para el país un reconocimiento internacional de los avances logrados –especialmente en términos de crecimiento económico y estabilidad política–, posicionándonos como uno de los líderes en la región. Sin embargo, al poco andar, empezó a hacerse claro que, junto a esta invitación al club del desarrollo, venían también grandes desafíos.
Dentro de los muchos retos, el tema medioambiental era uno de nuestros grandes pendientes, como quedó demostrado en el primer informe de desempeño ambiental realizado en el año 2005 por la OCDE, a modo de preparación para nuestra inclusión. Sin embargo, y a pesar de los avances en esta temática, aún existe una gran debilidad que desborda el tema ambiental y que fue sacado a colación por la OCDE en abril de este año: como país tenemos un fuerte déficit en el proceso de elaboración de las políticas públicas.
La necesidad de generar mejores políticas públicas que estén basadas en evidencia no es un tema nuevo a nivel global, sin embargo, no fue sino hasta hace poco que el país lo puso en la agenda, en el marco de la “Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento”, establecida en el año 2014 por el Ministerio de Economía. Entendiendo así el vínculo entre regulaciones de alta calidad y crecimiento económico, mayor productividad, mejoras de bienestar, entre otros numerosos beneficios.
Fue en este marco que se le pidió a la OCDE que realizara una evaluación que dio resultados poco favorables: el proceso de formación de regulaciones estaría basado en evidencia poco clara y existen fuertes falencias en la aplicación de “buenas prácticas”, lo que limitaría el crecimiento económico y el desarrollo en general.
Esta inquietud ha sido rescatada también por otros sectores, especialmente el científico que, a través de centros de investigación, ha buscado vincular la ciencia con la política pública y rescatar la importancia de generar procesos sistemáticos para la formación de regulaciones. El Núcleo Milenio – Centro Para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP) se crea en el año 2015 con fondos de la Iniciativa Científica Milenio (ICM) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, con el principal objetivo de generar conocimiento científico e información relevante para la toma de decisiones sobre las políticas que afectan directa e indirectamente el medio ambiente. El centro evalúa la sustentabilidad ambiental, social y económica de las políticas públicas, a través de la comprensión y medición de los vínculos causales entre las Políticas Ambientalmente Relevantes (PAR) y sus impactos socioeconómicos.
Centros como CESIEP son parte fundamental a la hora de repensar el proceso de formación y evaluación de políticas públicas en el país, ya que proveen de insumos necesarios a partir de evidencia científica que guíe la forma que las regulaciones debiesen tomar. Es, por lo tanto, primordial que este tipo de iniciativas sean consideradas como parte integral de cualquier propuesta de reformulación del proceso regulatorio, ya que la implementación de políticas públicas basadas en intuiciones o evidencia sesgada llevan muchas veces a consecuencias inesperadas, que pueden ir incluso en detrimento del bienestar de los supuestos beneficiarios.
[cita tipo=destaque]Chile debe seguir la senda de la generación de políticas públicas basadas en la evidencia y la mirada integral de las dimensiones sociales, económicas y ambientales, como quedó planteado en el informe OCDE sobre política regulatoria en nuestro país.[/cita]
A continuación se presentan algunos ejemplos de la investigación que CESIEP se encuentra actualmente desarrollando y que demuestran la relevancia de lo anterior: se estudió la relación que tienen las áreas protegidas y la deforestación, llegando a la conclusión de que estas áreas tienen un impacto sobre la disminución de la deforestación y la degradación forestal en comparación con la situación que habría ocurrido si esas áreas no se hubieran establecido. Esta evidencia resulta fundamental al momento de, por ejemplo, replantear el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
Otra investigación de gran relevancia que actualmente realiza CESIEP es la evaluación de impacto del Decreto Ley 701, política de subsidio al establecimiento de plantaciones forestales, sobre el remplazo de bosque nativo, pobreza, migración y otras variables. Actualmente, una de las conclusiones es que la implementación de este decreto ley no ha significado un aumento de la pobreza en aquellos territorios en los que se ha desplegado, como se ha insinuado en algún debate legislativo. Sin embargo, tampoco ha significado una disminución de esta, por lo que la intervención en la pobreza no sería un motivo de continuidad de aquella política pública.
Además, CESIEP investiga respecto a las vinculaciones entre áreas protegidas y enfermedades humanas, que permitiría justificar la creación de estas áreas con el objetivo de mejorar los estándares de bienestar humano. En esta línea se ha encontrado el vínculo entre el mayor porcentaje de territorio de una comuna destinado a áreas protegidas y la disminución de la incidencia de enfermedades como la hidatidosis y la triquinosis en esas comunas.
Chile debe seguir la senda de la generación de políticas públicas basadas en la evidencia y la mirada integral de las dimensiones sociales, económicas y ambientales, como quedó planteado en el informe OCDE sobre política regulatoria en nuestro país. Especial hincapié debe hacerse en la introducción de herramientas de gestión de la regulación, tales como las evaluaciones del impacto regulatorio y las evaluaciones ex-post, por lo que líneas de investigación como las de CESIEP se hacen cada vez más necesarias para la mejora productiva y un sistema más equitativo e inclusivo en Chile.
Sumado a lo anterior, también está desarrollar políticas públicas de mejor calidad y que no estén ideológicamente sustentadas, sino basadas en la toma racional de decisiones. Además, mejorar el uso e impacto de políticas y prácticas basadas en ciencia es importante para aumentar la calidad y legitimidad de sistemas de gobernanza democráticos, al hacerlas más inclusivas y poniendo al centro el bienestar de los individuos.
