Señor Director:
A propósito de las últimas intervenciones públicas, tanto del Ejecutivo y del Señor Fiscal Nacional, especialmente esta última autoridad, relativas al desempeño de los Defensores Penales Públicos en sus intervenciones en causas relativas al denominado conflicto mapuche, como funcionarios de la Defensoría Penal Pública y, sobre todo, como ciudadanos, nos preocupa la señal que se entrega por los mismos intervinientes -a través de medios de comunicación- al resto de la ciudadanía sobre el rol que debe cumplir el defensor penal público y la equivocada sensación de injusticia que se instaura en nuestra conflictuada sociedad, que finalmente sólo daña a nuestro estado de derecho.
La autonomía del defensor penal público en sus actuaciones en causas específicas está garantizado por ley, y en cuanto tal, es un mandatario del justiciable o perseguido penalmente, y su actuación profesional está al servicio y debe responder siempre a quien representa, esto es al imputado, quien se presume inocente hasta que no exista sentencia de término condenatoria en la respectiva causa.
Dado lo anterior, no es procedente y rechazamos categóricamente la intromisión de autoridades políticas, y especialmente del Fiscal Nacional, en relación con las actuaciones de los defensores penales públicos en procesos penales actualmente en tramitación, también que esta última autoridad aparezca descalificando la labor de aquellos, siendo parte interesada en el resultado de dichos procesos.
Aparecer así en los medios de comunicación, no solo degrada el estado de derecho, sino que puede afectar ilegítimamente la independencia técnica amparada constitucionalmente a todos los defensores del país.
Peter Sharp Vargas
Presidente Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública. Capítulo Defensores/as ANDFUD
