Opinión
Por el momento, la política atiende en orden de peluquería, es decir, según se presenten los problemas y no bajo agenda o planificación. Y eso es lo que ocurrió con los anuncios sobre AFP, que en mucho se parecen a tirar la pelota al próximo Gobierno. Nada de fondo sobre regulaciones de administración, mayor competencia real y aporte sustancial de los empleadores, sobre todo los ricos, que aprovechan los fondos de los trabajadores para generar sus ganancias.
El debate sobre las pensiones ha cobrado una urgencia inesperada en las últimas semanas. En un enrarecido ambiente institucional y político, sin claras prioridades de agenda, los anuncios de Michelle Bachelet en cadena nacional tienen el valor de objetivar las soluciones que pretende el Gobierno, para un tema que por sus cifras apunta al corazón del funcionamiento económico y social del país. El mensaje político fue claro: las iniciativas anunciadas por la Mandataria validan el sistema y se inclinan por reformas muy menores.
Es posible que la envergadura del tema, y la virulencia con la cual brotó, hayan intimidado a un Gobierno ya muy debilitado. Y, asimismo, que lo anunciado –más bien propuesta con aspiraciones de consenso nacional– encuentre fuertes detractores a medida que transcurran los días, provocando más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo. Pero hay más de una buena razón para entender la cautela de Bachelet.
Los fondos acumulados en las AFP equivalen al 70% del PIB, son una fuente financiera activa de recursos para la economía. Pero las bajas pensiones que produce se deben fundamentalmente a la baja capitalización por bajos salarios, falta de continuidad en las cotizaciones, cero aporte patronal y una buena puerta de acceso a la concentración del poder económico y político de quienes administran los fondos. Ellas además se han transformado en una presión hacia la pobreza, dejando en evidencia a la economía como un fin en sí mismo y por sobre el beneficio de la gente.
Desde fines de la década de los 90 del siglo pasado, Chile experimentó –igual que la mayoría de los países del mundo– un salto espasmódico de su desarrollo, impulsado por la revolución tecnológica y de las comunicaciones. Cambió su matriz política y social, el sentido del Estado y sus instituciones y la gobernanza de sus procesos políticos, todo traslucido por la exigencia de transparencia y el escrutinio ciudadano. Y aunque las elites se empecinen en recomponer las amenazas a sus fuentes de privilegio con añejas recetas políticas, las cosas son hoy bastante diferentes a como lo fueron en los años en que se instauró el sistema.
Y este proceso cogió atravesadas a las AFP, y da lo mismo cómo y para qué fueron pensadas sino qué efectos reales producen, y el principal de esa enorme riqueza acumulada ha sido la concentración del poder económico y político. Ojo, ni siquiera de la propiedad material, la cual –como las viviendas sociales de los pobres– puede ser de bienes de consumo no durables.
[cita tipo= «destaque»]Mientras tanto, los pocos grandes grupos económicos de Chile, con múltiples vinculaciones a los fondos de inversión de las AFP, como el Grupo Luksic; el Grupo Angelini; el Grupo Solari, Cuneo, Del Río; el Grupo Matte; el Grupo Saieh; el Grupo CGE, el Grupo Enersis y otros pocos más, manejan la economía concentrada, se erigen no solo como poder de mercado que impide el crecimiento de terceros mediante colusiones sino también como poder político y electoral, comprando parlamentarios. Para cerrar el círculo de poder expropiado a las personas.[/cita]
A esa reflexión contribuye un libro de Ramón Briones, Hernán Bosselin, Rodrigo Bravo y otros, aparecido hace unas semanas con el título de Chile Concentrado. Con simpleza y peras y manzanas, traza una línea entre el origen y los resultados del modelo, desnudando problemas que hasta ahora habían vivido mayormente arropados en el dogma y espiritualidad de la iglesia del mercado, aunque los signos materiales de precariedad estuvieran a flor de superficie por más de 20 años en nuestro país.
Entre no querer verlos en su peso específico y, a cambio, endilgar las complejidades de la desigualdad a la revolución tecnológica, solo hubo un débil velo ideológico. Biotecnología, microelectrónica o robotización, junto con productividad e innovación, fueron por arte de magia causa de nuestro subdesarrollo sin responsables. Todos los problemas de la investigación, la innovación y el desarrollo de capacidades endógenas eran del Estado, y todas las ganancias, de los empresarios. En las AFP el dinero era de los trabajadores, pero la riqueza era –sigue siendo– de las administradoras.
En la base de nuestra opción democrática, a principios de los 90 del siglo pasado, estuvo la decisión de fortalecer el consenso económico, aceptar un pacto político para conservar la estabilidad institucional y la paz social y reingresar a la comunidad internacional con una política exterior de regionalismo abierto, con amplios tratados de libre comercio, exportación de commodities y bilateralismo político. Pleno éxito, pero todo sin gente.
Todavía se discute si el éxito de la economía chilena de los años 90 y los 2000 fue el resultado de la “modernización autoritaria de la dictadura” o, por el contrario, “un éxito de la transición democrática”. Inoficiosa discusión. Los acuerdos sobre institucionalidad macroeconómica, desarrollo de política fiscal, leyes regulatorias o políticas de fomento fueron producto de un consenso amplio interelites de izquierdas y derechas, de lo cual hay rastros en todas partes.
Los cambios estratégicos del gobierno militar se consolidaron y mejoraron bajo los gobiernos de la Concertación. Durante 20 años nunca se percibió un interés por cambiar el sentido estratégico de la reforma previsional, de los seguros de salud o de la provisión privada en la educación. Sí mejorarlas todo lo que se pudiera, en la medida de lo posible, con mayor equidad.
Una voluntad como la de Jorge Cauas, cabeza de los Chicago Boys en 1975, nunca se vio. Él dijo que si la política de ajuste “significaba que aumentará la cesantía, la pobreza marginal y el desamparo de algunos estratos de la población, había que afrontar tal hecho sin remilgos porque a la larga el beneficio sería para el país entero”. Claro, era la Dictadura, que se planteaba metas y no plazos, con un firme control político, en extraña coincidencia ideológica con la construcción del paraíso socialista futuro.
Tal radicalidad solo fue enfrentada con medidas de mayor equidad y políticas de mitigación social. La carta de navegación del Primer Mensaje Presidencial en democracia consigna lo siguiente: “Para sostener un proceso dinámico de crecimiento se requería decisiones empresariales… (y) la conducta empresarial dependía de la evaluación del impacto que sobre la libertad, flexibilidad y rentabilidad de las actividades privadas podrían tener eventuales cambios en las reglas del juego, como las reformas laboral y tributaria anunciadas”.
El compromiso con los equilibrios macroeconómicos, tempranamente consagrado en el ajuste de 1990, continuó con una política de superávit fiscal permanente, y se trabó uno sistemático sobre los temas de reforma tributaria, pese a que el sistema se disparaba hacia la concentración acelerada. Todos los gobiernos de la sensibilidad de la Concertación, incluido el actual, se abocaron a reformas para perfeccionar el funcionamiento de la economía, aceptando de manera tácita que el modelo era intangible en sus fundamentos, y que tenía solo requerimientos de equidad y mayor regulación.
Y de la profecía se hizo verdad, como señala el libro citado.
Sin embargo, la acumulación de problemas terminó por explotar y la duda razonable hoy es si existen condiciones de rectificación sin que medie un largo y odioso período de crisis institucional y social. Por el momento, la política atiende en orden de peluquería, es decir, según se presenten los problemas y no bajo agenda o planificación. Y eso es lo que ocurrió con los anuncios sobre AFP, que en mucho se parecen a tirar la pelota al próximo Gobierno. Nada de fondo sobre regulaciones de administración, mayor competencia real y aporte sustancial de los empleadores, sobre todo los ricos, que aprovechan los fondos de los trabajadores para generar sus ganancias.
Mientras tanto, los pocos grandes grupos económicos de Chile, con múltiples vinculaciones a los fondos de inversión de las AFP, como el Grupo Luksic; el Grupo Angelini; el Grupo Solari, Cuneo, Del Río; el Grupo Matte; el Grupo Saieh; el Grupo CGE, el Grupo Enersis y otros pocos más, manejan la economía concentrada, se erigen no solo como poder de mercado que impide el crecimiento de terceros mediante colusiones sino también como poder político y electoral, comprando parlamentarios. Para cerrar el círculo de poder expropiado a las personas.
