Cuando nos preguntamos qué es una política pública, decimos que es un actuar del Estado diseñado para responder a necesidades de una determinada sociedad. Además de ello, se ha ido reconociendo por la ciencia política que la sola decisión de la autoridad per se, es insuficiente para una real definición, pues ella incluye requisitos de mayor consideración integradora, como afirma Lahera: “Si las políticas públicas no son enmarcadas en el amplio proceso de participación, ello puede sesgar a los actores públicos”. A su vez, Antonio Armas sostiene que deben ser un conjunto de decisiones y acciones adoptadas como solución a una dificultad considerada por el Gobierno y ciudadanos.
Ante esto, se define política pública como un proceso de actuar político, en el que intervienen los actores involucrados en los momentos de debate y elaboración, en su adopción y ejecución. No es la mera opinión de la autoridad, contiene una percepción clara del entramado cultural y con miras a resolver una dificultad de importancia para el presente y futuro.
En este contexto, una autoridad que quiere imponer una decisión contra sujetos colectivos, instituciones educativas, movimientos sociales, no está dando vida a una política pública, está imponiendo un interés determinado. Acá, surge la interrogante: ¿estamos frente a una política pública por el sólo hecho de ser planteada por el Estado? Si no resulta de un proceso que capta una necesidad, el debate formulado legislativamente, en coherencia con lo anterior ¿Sería expresión de una política pública o simplemente un interés materializado de quien detenta el poder por seguir en él?
Cuando se habla de política pública en educación y se pretende insistir implementando su formalización en una ley, pero contra un movimiento social compuesto por la red de universidades estatales, estudiantes, académicos y apoderados, no estamos en presencia de un proceso de formación y decisión de políticas públicas, ni de protección de derechos, ni bien común, sino de intereses parciales, que en última instancia deviene poder.
El proyecto de Ley que pretende convertirse en la herramienta que organice la educación superior en Chile, establece quién definirá los criterios y evaluará la calidad, pero no qué se entiende por ésta; quién definirá la acreditación, cómo y la correlación de las instituciones a cargo, pero no sobre ella. Podríamos seguir ilustrando, pero al hacer una lectura integral del proyecto se puede comprender que en él se debaten correlaciones de poder, político y económico, y donde la educación del futuro, en última instancia, es un convidado de piedra.
Desafiar al futuro de un país, de los seres vivos humanos-no humanos, la sobrevivencia, arriesgar salud/enfermedad, la vida/muerte, felicidad/dolor, organización/desorganización, es una postura provocadora. Esta afirmación es categórica, pues hay que admitir que profesionales los hay en todas partes. En cada lugar de toma de decisiones hay uno, razón por la cual el debate debe ser profundo, ya que de las decisiones que se adopten sobre educación superior, dependen nuestras generaciones futuras.
