«El fin de las AFP, entonces, está inevitablemente hermanado al fin de la Concertación; no al fin de su nombre, ni siquiera necesariamente al fin de sus estructuras partidarias, sino al fin de la alianza que ella representa hoy entre clase empresarial y clase política».
(*) La oportunidad que dos canales de televisión le dieron a José Piñera para expresar sus puntos de vista sobre el sistema de pensiones ideado por él durante la dictadura sirvió para darle un rostro (no muy humano; pero rostro, al fin y al cabo) al sistema que día a día defrauda a los trabajadores chilenos. Pero enfocarnos en la bajeza moral de José Piñera crea el riesgo de que olvidemos quiénes son los responsables políticos de que las AFP sigan existiendo hasta el día de hoy: no José Piñera, sino que Ximena Rincón; no Pinochet, sino Bachelet.
De hecho, lo más lúcido del monólogo de José Piñera en TVN fue su lectura de las circunstancias que han permitido que subsistan las AFP y el modelo neoliberal en general:
“Hay una clase política que dice que el sistema [de pensiones] es malo… pero por otro lado actúa de manera totalmente distinta… es un hecho que la Presidenta de Chile no ha presentado ningún proyecto para cambiar [ni siquiera] una coma del sistema de pensiones durante dos años y varios meses teniendo mayoría en el Senado, teniendo mayoría en, la Cámara de Diputados, habiendo gobernado un período anterior; o sea, este sistema ya es de la actual Presidenta”.
Piñera, por supuesto, tiene razón: la Concertación tiene, hace tiempo, el quórum constitucional necesario para cambiar de raíz el sistema previsional. Y la propia Presidenta Bachelet, por su parte, le dio la razón a José Piñera este mismo fin de semana, al afirmar lo siguiente:
“lo que es claro es que nunca más vamos a poder volver a un sistema como el de reparto”
Al hacer tal afirmación, Bachelet invoca lugares comunes neoliberales en defensa de esa tesis, tales como el aumento de la población pasiva en relación a la población activa. Pero esas piruetas retóricas no deben llevarnos a olvidar que la oposición a la creación de un sistema de reparto en materia de seguridad social, así como la oposición a la creación de una reforma estructural en educación, entre numerosos otros aspectos, se ha fundado en consideraciones políticas, no económicas: en la alianza entre empresariado y alto funcionariado de la Concertación (denominación que, para estos efectos, preferiré a la de Nueva Mayoría, dado que en esta materia, la incorporación del PC y otros pequeños partidos a la Concertación ha traído cambios cosméticos, retóricos, más que políticos).
Por supuesto, esto no significa que entrevistar a José Piñera sea algo que careczca de interés público. Es importante recordar que Piñera fue uno de los intelectuales orgánicos de la dictadura más “prolíficos”: como Ministro de Trabajo y Seguridad Social no sólo destruyó el sistema de seguridad social de preexistente, reemplazándolo por un sistema de ahorro individual; también desmanteló el derecho colectivo, dificultando la sindicalización y la negociación colectiva; y posteriormente, como Ministro de Minería, transformó las concesiones mineras en verdaderos derechos individuales de propiedad, contradiciendo y anulando la afirmación del artículo 19 Nº 24 de la Constitución según la cual el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Piñera tiene bien merecido su lugar en el panteón de los monstruos que durante la dictadura destruyeron lo poco que el estado chileno le ofrecía a sus ciudadanos. Por todo ello, la disposición de Piñera a ser entrevistado ofrecía una gran oportunidad para adentrarse en nuestro macabro pasado reciente; oportunidad que sin duda fue desaprovechada al poner como interlocutores de Piñera no a periodistas como Mónica González o María Olivia Monckeberg, sino a simples lectores de noticias sin preparación informativa ni destreza en el oficio. Como sea, el debate público adquirió un poco más de contexto histórico, y eso puede ser bueno.
Hay que enfatizar, sin embargo, el modo condicional: puede ser bueno, en la medida en que dicha contextualización no sea parcial, es decir, en la medida en que no oculte a medida que muestre. La repentina aparición de José Piñera en el debate público puede fácilmente terminar transformándose en una bendición para el sistema, en la medida en que, al atraer sobre sí el rechazo moral que generan las AFP, libere de esa condena a los actores políticos que, efectivamente, le dan hoy solidez y viabilidad política a esas mismas AFP. Con su insoportable arrogancia, sus ademanes de clase alta, y su absurdo y fantasioso ego (ese que le llevó a anunciar que “regresaba” a Chile), José Piñera puede terminar produciendo el efecto de opacar a defensores de las AFP más discretos, pero más efectivos. Y tal como en la elección presidencial de Estados Unidos, donde la mejor carta de presentación de Hillary Clinton es que ella no es Donald Trump, los políticos que hoy han sido el escudo y la espada de las AFP pueden ufanarse de que ellos al menos no crearon ese sistema y que, por lo tanto, debemos confiar en ellos para hacerlo menos malo.
En este sentido, no está de más recordar que los desafíos propios del acto de creación institucional son muy distintos de los desafíos propios del acto de mantención institucional. La creación de instituciones ocurre en momentos fundacionales, en los cuales alguna circunstancia ha hecho posible que existan numerosas alternativas disponibles y que la solución a adoptar esté indeterminada. Esa circunstancia suele ser el poder, esto es la capacidad de las grandes masas de actuar de manera colectiva, o laviolencia, esto es, la capacidad de unos pocos de multiplicar su fuerza mediante el recurso a las armas. El caso chileno ofrece un ejemplo paradigmático de esta última alternativa: sin la violencia militar no habrían existido las condiciones que permitieron a José Piñera crear las AFP. Sin embargo, la vida de las instituciones requiere, más que de poder, de obediencia; y les conviene más dosificar la violencia, empleándola selectivamente contra los disidentes, que ejercerla de la manera abierta e indiscriminada que es necesaria en el momento fundacional. Ello es particularmente cierto respecto de las instituciones del mercado, que requieren de circunstancias regulares y predecibles para fructiferar; la “certeza” y “seguridad” que Hernán Büchi instaló con su supuesta “partida” de Chile, tan irreal como el “regreso” de Piñera.
Por ello, los grandes grupos empresariales no tuvieron mayores problemas en acostumbrarse en los años 90’ a las nuevas circunstancias, al Chile de la “Alegría” y de los “Nuevos Tiempos”. Ciertamente, el empresariado que se había enriquecido durante la dictadura, animado por su lealtad con el dictador que le enriqueció y por su odio histórico contra los partidos políticos que alguna vez fueran sus enemigos, mantuvo durante los 90’ una alianza pública con el pinochetismo más duro, ese que se encontraba su espacio natural en la Fundación Pinochet. Pero ya hacia los 2000, en una señal de esa “amistad cívica” de la que hoy habla Piñera, la generación de recambio en el empresariado, encarnada en dirigentes como Juan Claro, comenzó a hacer gestos públicos de buena voluntad hacia la Concertación.
En privado, por supuesto, la alianza estratégica entre Concertación y empresariado ya había comenzado mucho antes, durante la campaña presidencial y el gobierno de Patricio Aylwin; quien evidenció la relación que su coalición mantendría con el empresariado al designar a empresarios como Carlos Hurtado y Alberto Etchegaray en carteras ministeriales en las cuales mantenían intereses empresariales. Con el paso del tiempo, la relación se invertiría, haciendo empresarios de los políticos concertacionistas; así es como posteriormente se establecería una “puerta giratoria” que permitió a ex funcionarios públicos ser nombrados en lucrativos cargos en áreas que anteriormente habían debido regular, como ocurriera, por mencionar tan sólo un par de ejemplos, con la actual Ministra del Trabajo y Seguridad Social, Ximena Rincón, que tras desempeñarse como Superintendenta de Seguridad Social en el gobierno de Ricardo Lagos, pasó a ocupar un sillón como directora de AFP Provida; o como Pilar Armanet, que de ser jefa de la división de Educación Superior, y después Ministra secretaria general de Gobierno de Michelle Bachelet, es hoy rectora de la Universidad de Las Américas, el buque insignia del lucro en la educación. Estos casos ilustran la alianza estratégica que se ha construido durante las últimas dos décadas y media entre el alto funcionariado de la Concertación y el gran empresariado que lucra con la salud, la educación, y el sistema de pensiones. Esta alianza permitió que la defensa del Estado Subsidiario y la oposición a la consagración de derechos sociales no la hayan hecho los antiguos creadores del sistema, sino los antiguos opositores al sistema.
Frente a esas circunstancias, la única manera en que el movimiento social puede cambiar en su favor la correlación de fuerzas consiste en seguir su estrategia de movilización y denuncia. Por ello, junto con felicitar la capacidad de organización que ha demostrado la coordinadora No + AFP, hay que saludar acciones como la toma de las oficinas de Pilar Armanet que protagonizaron dirigentes de la CONFECH, o la carta que la Directiva Nacional de Izquierda Autónoma presentó en la sede del PPD denunciando a los militantes de ese partido que se han opuesto a una reforma estructural a la educación superior. Sólo a través de la movilización social y la denuncia, complementadas con un proceso de construcción de organizaciones políticas que puedan llegar a disputar posiciones de poder institucional, lograremos iniciar un nuevo ciclo histórico, en que el Estado Subsidiario sea reemplazado por un Estado Social.
El momento inaugural de ese nuevo ciclo, sin embargo, no será necesariamente una asamblea constituyente; si algo nos enseña la historia de Chile durante el siglo XX es que los nuevos ciclos históricos no comienzan específicamente con la dictación de una nueva Constitución, sino con un reordenamiento significativo en el sistema de partidos políticos. No fue la Constitución de 1925 la causa del surgimiento de un estado interventor, orientado hacia la protección social; la causa de ello fue el relativo empoderamiento de las clases trabajadores y su capacidad de canalizar sus demandas mediante partidos políticos cuya estructura orgánica les ofrecía un espacio de participación y cuya ideología estaba sintonizada con sus necesidades.
El fin de las AFP, entonces, está inevitablemente hermanado al fin de la Concertación; no al fin de su nombre, ni siquiera necesariamente al fin de sus estructuras partidarias, sino al fin de la alianza que ella representa hoy entre clase empresarial y clase política. En el presente, entonces, no más AFP no significa no más José Piñera; en el presente, no más AFP significa no más Concertación.
