La política habitacional en Chile tiene larga data, su estado actual permite generar proyectos de estándar técnico de calidad, sin embargo, no se han encontrado herramientas que reviertan la tendencia de localización de esta en los sectores periféricos de nuestras ciudades, pese a los esfuerzos realizados en materia de incentivos a la «buena localización».
La administración anterior en una lógica racional de mercado consideró que entregar subsidios a los comités de vivienda directamente y sin un proyecto desarrollado, o más bien sin terreno, cambiaría la posición de negociación de las familias, las que al tener un voucher en la mano lograrían atraer oferta de construcción a los territorios donde estas residen, esta idea fue un fracaso que dejó a más de 41.000 familias a la espera de una oferta habitacional con «cartón en mano».
La actual administración, en cambio, simplemente ha decidido abandonar el foco en las familias vulnerables y ha optado por la implementación de programas de reactivación, los que si bien incorporan a familias vulnerables, es en porcentajes menores y además son las empresas privadas las que seleccionan a los «mejorcitos» e inscriben en los Serviu (no tengo datos que confirmen que las empresas estén yendo a promover sus proyectos a campamentos), saltándose la fila de los que han esperado años.
Esto queda refrendado con la entrega en 2016 en todo el país de solo 3.755 subsidios para Fondo Solidario de Elección de Vivienda, de los cuales se ha pagado (la familia está en su casa) un 4% (Informe mensual, junio de 2016), DPH – MINVU), es decir, menos de 200, además de la inexistencia de un programa especial destinado a las más de 35.000 familias en situación de Campamento (Castastro Techo, 2015) que hoy existen en Chile.
Esta focalización no solo tiene relación con el programa de subsidios disponibles, sino con los requisitos y procedimientos con los que una familia vulnerable debe lidiar para obtener una solución así como con el complejo rol que cumplen los funcionarios de los Serviu para permitir que un proyecto habitacional destinado a estas familias avance.
[cita tipo=»destaque»]La actual administración, en cambio, simplemente ha decidido abandonar el foco en las familias vulnerables y ha optado por la implementación de programas de reactivación, los que si bien incorporan a familias vulnerables, es en porcentajes menores y además son las empresas privadas las que seleccionan a los «mejorcitos» e inscriben en los Serviu (no tengo datos que confirmen que las empresas estén yendo a promover sus proyectos a campamentos), saltándose la fila de los que han esperado años.[/cita]
Así, mientras un proyecto de reactivación ingresa y se califica en 1 mes (Art. 12 del DS 19), los proyectos para familias vulnerables pasan meses dentro de cada Serviu recibiendo observaciones. Los primeros necesitan un informe favorable de un revisor independiente sobre el proyecto de arquitectura (Art. 8 del DS 19), en cambio los segundos necesitan un expediente aprobado por la Municipalidad (DOM) y además todas sus especialidades desarrolladas (Cálculo, Gas, Eléctrico, Agua Potable y Alcantarillado, Pavimentación, etc.), todas las cuales tienen entidades encargadas de certificar su funcionamiento con responsabilidades civiles claras. Sin embargo, el funcionario Serviu está mandatado a revisar cada una de ellas objetando el trabajo de profesionales expertos y extralimitando sus responsabilidades frente a otros servicios.
Además de ello, otras diferencias dificultadoras para los más vulnerables: terreno comprado o con promesa de serlo, estudios de títulos, contrato de construcción, 3 tipos de presupuestos, una Entidad Patrocinante (ex EGIS), proyecto de asistencia técnica, proyecto de habilitación de terreno, plan de habilitación social, entre otros, todo lo cual se realiza sin saber si la familia va a obtener o no su subsidio.
Asimismo, se ha permitido la creación de requisitos regionales (Art. 44 del DS 49), los cuales no traen aparejado ningún incentivo pero sí nuevos formatos de presentación: las familias vulnerables pueden quedar fuera de «calificar» (ni siquiera de obtener su subsidio) porque el plano presentado no tiene el último logo del Serviu Regional o la viñeta no es la adecuada.
Respecto de la demanda, los proyectos de reactivación pueden incorporar a familias individualmente en el proceso construcción, los destinados a vulnerables deben ir con las familias asociadas en su presentación. Esto produce que los comités y familias que llevan años esperando por una oportunidad y que han optado por un esfuerzo colectivo se postergan ante la oferta individual generada por inmobiliarias.
Por último, respecto del financiamiento de los proyectos de reactivación, estos permiten obtener un subsidio de 1.080 UF para la oferta de familias vulnerables, lo que en el mejor de los casos llega a 750 UF (promedio) con terreno incluido en el caso del FSEV, permitiendo construir en los primeros casos departamentos de 52 m², es decir, 3 m² menos que los 55 m² mínimos que se le exige a la misma oferta del FSEV.
Con todo lo anterior, la señal para desatender a la vivienda social es clara y desalentadora.
Chile requiere superar el déficit habitacional y acabar con los campamentos, los gobiernos necesitan instrumentos creativos, variados y descentralizados para avanzar, generando esfuerzos desde nivel central y regional en alianza con municipios, comités, organizaciones de la sociedad civil y empresas pequeñas y grandes para superar el problema.
Necesitamos cambiar el rol del Estado hacia un modelo relacional colaborativo, no de jueces y partes, para una mejor y más efectiva implementación de los programas habitacionales destinados a familias más desfavorecidas. Deben existir incentivos y confianza en todos los actores del rubro, desburocratizando los complejos procesos que hoy en día enfrenta la vivienda social.
Para ello, sería también positivo que el MINVU dialogue con más actores que la CChC, donde el tema se remite solo al alza de los montos de subsidios. Existen ejemplos y actores que han decidido aportar en vivienda social, quienes se enfrentan diariamente a esta serie de vicisitudes, lo que, a juzgar por las cifras, tiene a la vivienda social en estado agónico.
