Ya estamos acostumbrados a escuchar y a leer, en nuestros inefables medios de comunicación, palabras repetidas, muletillas agobiadoras, e insistentes sentencias no demostradas con cifras no analizadas. De tanto escuchar, terminamos por creer y, lo que es peor, lo compartimos y así multiplicamos, imponiendo certeza a la consigna de turno. Felizmente los diarios digitales y las redes sociales nos salvan del oscurantismo total.
De esta manera, hemos escuchado de los próceres de derecha, en diversas formas, y en programas como Estado Nacional, que el Estado chileno, refiriéndose al Poder Ejecutivo, tiene contratado un excesivo número de funcionarios que no hacen nada, no saben nada, que solo son operadores y que ganan salarios millonarios. Olvidaron que una de sus representantes mencionó al asumir un cargo alto que los sueldos eran reguleques y que la lista de los salarios percibidos por los empleados públicos figuran en la web debido a la ley de transparencia. Un profesional universitario, con cinco años de estudios como mínimo, titulado y con experiencia, puede acceder a un grado 6, grado que tiene asignado por ley, un salario de $2.900.000 que con los descuentos de impuestos y AFP, cuya cotización es obligatoria, le significan un salario líquido de menos de $2 millones.
Por otra parte, datos comparativos publicados por instituciones internacionales nos han mostrado en los últimos días que los países que tienen un mayor porcentaje de empleados públicos en comparación con el empleo total del país, son Dinamarca con 34,9%, Noruega con 34,6% y Suecia con 28,1%. Justamente los países que muchos quisiéramos emular por la eficiencia y probidad de sus estados. La OCDE, de la cual formamos parte, satisfaciendo con ello grandes aspiraciones nacionales, tiene un promedio de 21,3% de empleados públicos dentro del empleo total. Chile se encuentra en el segundo lugar de los menores porcentajes con un 10,7%, siguiendo a México que tiene un 11,8% de asalariados públicos. Así, nuestro país solo supera a Japón, que es el país con menos personal en su administración pública, con un 7,9%.
Ello nos muestra que no tenemos supernumerario. Más aún, muchos sabemos que necesitamos más personal en sectores de nuestra administración pública, en particular en la educación, la salud y en otras instancias vinculadas a los servicios de atención a los más débiles, como se ha constatado últimamente al hacerse públicas las enormes falencias de Gendarmería y Sename. Para qué nos vamos a referir a nuestros inválidos, locos, enfermos siquiátricos y terminales y a los cientos de compatriotas con necesidades especiales, que carecen totalmente de lugares y profesionales para su protección. Para qué vamos a hablar que, tanto su cuidado, como el de los jubilados con magras pensiones, recaen sobre las ya agobiadas familias que apenas pueden financiar la vida de su núcleo más cercano.
[cita tipo=»destaque»] Creo que también nos destacamos por las instancias de participación que se han impulsado en la ciudadanía. Como de esto no se habla, lo que ocurre desaparece sin que se conozca, se analice y se valore. Los Consejos de la Sociedad Civil funcionan y cada vez lo hacen mejor, con un gran despliegue e interés de los representantes máximos de cada institución, que se dan el trabajo de informar de todas sus actividades a las organizaciones de la comunidad participante. Si esto se comentara y publicara en los medios de comunicación, habría mayor participación, por lo tanto más crítica y por consiguiente un mejor desenvolvimiento.[/cita]
Estas carencias sin embargo, no pueden impedirnos reconocer el esfuerzo que se ha hecho en la Administración Pública chilena, aún no suficiente y que hay que mejorar con seriedad y consensos.
Se ha intentado mejorar la calidad técnica del personal contratando a los funcionarios a través de la Alta Dirección Pública, pero es difícil aún erradicar totalmente la institución del pituto. Si a ello se agregara disminuir los cargos de confianza política, se podría compensar esto. Tener solo dos o tres cargos políticos, en la cúpula de las instituciones, traería consigo más transparencia, acallaría rumores y daría estabilidad al personal. Así, también se podría desarrollar la carrera funcionaria, de manera que cada Jefe de Departamento o División no tenga que estar antes de cada cuatro años buscando un nuevo lugar para desempeñarse profesionalmente.
También, se deberían reconocer los avances que han hecho varias instancias del Gobierno Central en modernización. La digitalización de procesos, la atención a los consumidores online han tenido una importancia vital. En ello se ha destacado la Tesorería General de la República con sus servicios dependientes y también el Poder Judicial, que hace años viene modernizándose, comenzando por la Reforma Procesal Penal que nunca se ha valorado en todas sus dimensiones. Esto acompañado de páginas web al servicio de la ciudadanía que cuentan con información pública exigida por la Ley de Transparencia como los nombres de los funcionarios con sus sueldos y los orígenes de estos con las partidas correspondientes. A mi juicio, Chile es uno de los pocos países que cumplen eso tan cabalmente. Hay muchos otros desarrollos dignos de mención, pero que no hay espacio para comentar acá.
Creo que también nos destacamos por las instancias de participación que se han impulsado en la ciudadanía. Como de esto no se habla, lo que ocurre desaparece sin que se conozca, se analice y se valore. Los Consejos de la Sociedad Civil funcionan y cada vez lo hacen mejor, con un gran despliegue e interés de los representantes máximos de cada institución, que se dan el trabajo de informar de todas sus actividades a las organizaciones de la comunidad participante. Si esto se comentara y publicara en los medios de comunicación, habría mayor participación, por lo tanto más crítica y por consiguiente un mejor desenvolvimiento.
En este marco, la mayor o mejor participación solo dependerá de la imaginación y empuje de los líderes de cada institución y todavía hay un gran camino por recorrer. Para muchos esta participación puede ser una entelequia e incluso una pérdida de tiempo para usar el posible ocio del empleado público, pero hay experiencias interesantes. Una de ellas entre muchas es la de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF.
Desde hace un par de años, en conjunto con su Consejo de la Sociedad Civil, que cuenta con la participación de organismos preocupados por la información ciudadana, como Conadecus, la SBIF ha organizado el mes de la educación financiera. Este mes es octubre y se orienta a niños, jóvenes, adultos mayores, PYME, es decir a todos los chilenos que pueden estar más proclives al endeudamiento, sea por necesidad o por la excesiva publicidad al consumo.
El año pasado y antes pasado, la SBIF desarrolló la feria de la educación financiera que duró dos días. En 2015, la Feria, que se realizó en el Centro Cultural de la Moneda, fue un éxito de asistencia y compenetración de los diferentes sectores participantes.
Este año la feria se realizará en el mismo lugar, los días 4 y 5 de octubre, y todas las organizaciones interesadas, que tengan algo que aportar en la educación e inclusión financiera están invitadas, a poner stands en la feria, a conversar con la gente participante, a dar charlas y a proporcionar información escrita. Desde ya los interesados en participar en la feria, en dar charlas sobre financierismo en Santiago o regiones, pueden inscribirse en la SBIF. Más aún, desde ya se los invita a participar en el Concurso de Educación e Inclusión Financiera 2016, cuyas bases también se encuentran en la web de la SBIF.
Es cierto que no estamos en tiempos de grandes esperanzas y en períodos en que se pierde la fe no hay mucho ánimo para voluntariados, participación y solidaridad. Pero si no hacemos algo nosotros por nosotros mismos ¿quién lo va a hacer?
