Chile no aprueba para ponerse a la altura de sus socios europeos en materia ambiental. En el Informe “Evaluaciones del Desempeño Ambiental: Chile 2016”, preparado por la OCDE (Julio 2016) se nota un especial cuidado para evitar críticas al Gobierno por su desidia frente a los grandes desafíos en materia de sustentabilidad y medioambiente.
Desde 2010, año en que se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental, los sucesivos Gobiernos han realizado pocas acciones relevantes, pocas inversiones y se ha convocado una mínima participación ciudadana. Respecto a políticas eficaces, casi nada. Se deduce del Informe, que el gran grueso de la abundante documentación legal y las variadas instituciones no sirvieron para que Chile cuente con una política ambiental digna de respeto. Tampoco para definir las responsabilidades en materia de gestión ambiental y desarrollo sustentable en el seno del Gobierno. Entre sus logros figuran avances muy parciales, ausencia de resultados mayúsculos y mínimos beneficios directos a la población.
Un defecto de nuestra cultura iberoamericana ha sido primero legislar, después hacer. Otras culturas, que primero hacen y después legislan, son más exitosas. En gobernanza, lo esencial, es definir políticas públicas claras, en nuestro caso, una Política Nacional sobre Desarrollo Sustentable y Medioambiente. Para nuestra desgracia no la tenemos. Toda política responde a la pregunta qué hacer y señala los cursos de acción a poner en ejecución. Después de haber acumulado experiencia en el quehacer viene la etapa del cómo continuamos haciéndolo mejor y aseguramos un rendimiento creciente. Para esto último, sirven las leyes. En síntesis, no hemos definido cursos de acción claros para que las instituciones actúen de forma concurrente en la gestión ambiental. En la ejecución, tampoco hemos controlado de manera permanente el desarrollo de los programas mediante una administración ambiental eficaz.
Pero no todo es trabajo perdido, las complicadas formas que se han intentado poner en práctica desde 2010, podrían servirnos de experiencia para reiniciar un proceso que transforme a la gestión ambiental como una nueva función del Estado Moderno Chileno. Será necesario reconocer errores y enmendar rumbos, simplificando las tareas y modificando lo que la experiencia ha demostrado que no funciona, tanto en el marco institucional como en sus procedimientos.
Lo paradójico es que vivamos en un medioambiente que nos dañe y que al parecer no nos importe. De los seis millones de habitantes de la RM (cerca del 41% de la población nacional) la gran mayoría no posee una conciencia ambiental que los alerte del peligro. Viven dominados por el uso del automóvil particular y por el consumo de bienes superfluos. Más paradójico aún, es que constituyen una fuerza de al menos dos millones y medio de votos, pero no ejercen su derecho a contar con un ambiente sano y libre de contaminación. Tampoco presionamos al Gobierno y a nuestros políticos para que busquen una solución definitiva al problema. No pasa nada. Nuestra conciencia ambiental está anestesiada y los derechos ciudadanos, al menos en temas ambientales, adormecido. Resultado: la situación de la calidad del aire en la RM es cada año peor y en sus predicciones el Informe de la OCDE señala que seguirá empeorando.
Así están las cosas. A pesar de ello, me resulta incomprensible que los chilenos aspiremos a tan poco respecto al mejoramiento ambiental. ¿Hasta cuándo? Sería muy triste comprobar que los habitantes de la RM se hayan acostumbrado a vivir en la mugre y a respirar smog. Tal resignación sería patética ya que podría enterrar las genuinas aspiraciones de los habitantes de nuestras regiones y localidades dispersas del Norte, Centro y Sur para contar pronto con una gestión ambiental eficaz. La alarma la han puesto la creciente contaminación del aire en Concepción, Temuco y Coyhaique.
Esta pasividad ciudadana y la desidia gubernamental, también explica por qué en los medios de comunicación pasa desapercibido el Ministerio del Medio Ambiente y el público no conoce cuáles son las prioridades ambientales de Chile. . La ciudadanía tampoco conoce quién es y qué hace el Ministro del Medio Ambiente. Tampoco se sabe, o es muy confuso llegar a descubrir, qué Institución Pública o Autoridad de Gobierno es responsable de liderar y controlar el combate contra los problemas ambientales más urgentes (destrucción de los bosques, incendios forestales, mal manejo de las áreas protegidas, contaminación del aire, costas, ríos y de las aguas continentales, pérdida de la biodiversidad, emisiones de gases responsables del cambio climático, contaminación de aire, agua y suelos en aquellos asentamientos humanos cercanos a las fundiciones de cobre y las termoeléctricas, etc). La actual gestión ambiental es un zigzag institucional y un puzle jurídico. La política ambiental es la política del avestruz.
Hoy, hablar de estos asuntos casi resulta fuera de lugar debido a la crisis política generalizada que enfrenta el Gobierno y el Sistema Político. El tema de la gobernanza es difícil, pero con un cambio de personas y una nueva Constitución, haciendo uso de los votos, se puede lograr el inicio de un proceso corrector. En cambio, en el tema ambiental, el asunto es más complejo. No pueden ejecutarse políticas ambientales participativas y cambiar conductas ciudadanas sólo con la elección de nuevas autoridades o nuevas leyes. Se requiere un esfuerzo mucho más complejo y difícil, mucho más allá que el deseado fin a la alarmante corrupción de empresarios, políticos e instituciones.
[cita tipo=»destaque»]Lo paradójico es que vivamos en un medioambiente que nos dañe y que al parecer no nos importe. De los seis millones de habitantes de la RM (cerca del 41% de la población nacional) la gran mayoría no posee una conciencia ambiental que los alerte del peligro. Viven dominados por el uso del automóvil particular y por el consumo de bienes superfluos.[/cita]
En conclusión, con el apoyo de la ciudadanía y de los partidos políticos, se requiere modificar el actual marco institucional y establecer una Autoridad Ministerial fuerte a cargo de ejecutar la Política Nacional de Desarrollo Sustentable y Medioambiente. Una política de Estado que asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras de chilenos e inicie en los diversos sectores de la economía y sociedad un proceso corrector de la inequidad social y económica, y de la degradación ambiental. El tema del desarrollo sustentable y medioambiente, como el de la Justicia y la Educación es un tema de Estado. No es un instrumento para adaptar al gusto del Gobierno de turno, o a las demandas de los Empresarios e Inversionistas, o a las ventajas que puedan sacar los partidos políticos.
