Una vez más la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado ha debido postergar la votación de la reforma constitucional que permite la elección popular de los gobernadores regionales.
El argumento para frenar el trámite es el mismo de las últimas semanas y apunta a la posición adoptada por la oposición, en cuanto a condicionar la elección de los intendentes al traspaso de competencias a los gobiernos regionales de manera simultánea y, prácticamente, inmediata.
Ya en días pasados el Gobierno expresó su voluntad de incorporar en esta discusión la fórmula del traspaso progresivo de atribuciones. No obstante, el debate sigue chocando con el mismo muro, pues se persiste en abordar conjuntamente dos materias distintas contenidas también en dos proyectos diferentes.
Uno es el que establece la elección directa de los gobernadores regionales, que reemplazarán a los actuales intendentes designados. Otro es el que apunta al traspaso de competencias para que el Gobierno Regional posea competencias reales y no sea solo un ejecutor de las medidas adoptadas desde el nivel central.
[cita tipo= «destaque»]La dilación de la votación del proyecto de reforma constitucional en el seno de la Comisión de Gobierno –y la consecuente tardanza para que la iniciativa sea discutida en la Sala del Senado– despierta, cuando menos, una duda, pues no queda claro si quienes condicionan la elección del gobernador regional al traspaso inmediato de competencias buscan enriquecer la ley o frenarla para que no pueda ser aplicada sino hasta el año 2021.[/cita]
Y dado que no se trata de la creación de un nuevo servicio, resulta falaz señalar que la figura del gobernador regional carecerá de atribuciones. La reforma constitucional que está en discusión tiene un objetivo claro: disponer la elección popular del órgano del Ejecutivo Regional.
Las atribuciones, que sin duda son necesarias e importantes para avanzar hacia un modelo de país descentralizado al cual aspiramos desde hace demasiado tiempo, forman parte del proyecto de fortalecimiento de la regionalización, también conocido como proyecto de traspaso de competencias.
Para que el proceso resulte exitoso, debe ser gradual. Apurar una reforma absoluta de manera inmediata generará más problemas que soluciones. Y son soluciones, precisamente, las que esperan los millones de chilenos que viven en las regiones de país y que reclaman por un desarrollo equitativo de sus zonas y por autoridades que los representen y puedan canalizar sus demandas.
La dilación de la votación del proyecto de reforma constitucional en el seno de la Comisión de Gobierno –y la consecuente tardanza para que la iniciativa sea discutida en la Sala del Senado– despierta, cuando menos, una duda, pues no queda claro si quienes condicionan la elección del gobernador regional al traspaso inmediato de competencias buscan enriquecer la ley o frenarla para que no pueda ser aplicada sino hasta el año 2021.
