Opinión
Una nueva alianza entre una clase empresarial vigorosa, emprendedora, innovadora y creativa, que compita en el mundo y los mercados internos con una real capacidad de ofrecer bienes y servicios al mejor precio y calidad, y una clase política virtuosa, merecedora de la confianza popular por su honestidad, eficiencia, realismo e inteligencia emocional, parece muy difícil en las actuales circunstancias.
Una contradicción difícilmente resoluble recorre el mundo. Es aquella instalada entre los poderes legítimos, derivados de las elecciones que las democracias realizan periódicamente, y los poderes de recompensa o empresariales, crecidos al amparo del mercado libre y de las opciones que las mismas personas hacen diariamente al adquirir bienes y servicios, castigando a unos y prefiriendo a otros, hecho que les va otorgando a los últimos aún mayor poder e influencia.
En efecto, tras la caída de los socialismos reales en Europa del Este, el capitalismo triunfante, conducido por una nueva, pragmática y compacta alianza entre poderes políticos y empresariales nacionales, unidos a los de coerción propios de los Estados y a una tecnocracia al servicio de los primeros, lanzó en los años 90 su última arremetida global, basado en la ultraliberación de las fuerzas creativas de los empresarios, las que, auspiciadas por los Estados y sus clases políticas locales, se apoyaron para tal progreso en las emergentes tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
Con la excepción de la “Crisis Asiática” de fines de los 90, hasta 2008, todo marchó sobre hojuelas, pero ese año la caída de Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac en EE.UU., transparentó las audacias e imprudencias del poder financiero internacional, que terminaron por hacer morder el polvo a centenares de bancos e instituciones de ahorro y crédito de todo el orbe, dejando a millones de personas, empresas y naciones endeudadas hasta la coronilla, y llevándolas a su actual estado de ralentización que, tras ocho años, amenaza con extenderse por más de una década, con empresas sobreendeudadas y estados absorbiendo “deuda subordinada” y, por tanto, con escasa capacidad de intervenir en el ámbito de la redistribución social.
Tras “el fin de la historia”, postcaída del Muro de Berlín, el muy efectivo y práctico “do ut des” instalado para la competencia global entre las clases políticas nacionales y sus respectivos sectores empresariales –que, por lo demás, posibilitó que la economía tuviera su “década de oro” entre 1996 y 2007, incluido Chile– se vio, empero, rudamente interrumpido cuando, merced a la crisis subprime, la creciente inquietud de millones de ciudadanos por su futuro económico, así como las facilidades de intercomunicación que ofrecían las TICs y la imparable expansión de la democracia de estilo occidental, fueron dejando al descubierto irregularidades, prácticas non sanctas y abusos de las elites, iniciándose un rápido proceso de distanciamiento entre la ciudadanía y los poderes instalados. Y como el capital de los políticos es el voto, emergió también con fuerza la respectiva colisión entre los intereses de las clases políticas y empresariales en todo el orbe.
Como una maldición, tras las proféticas advertencias del Papa Juan Pablo II de contener la soberbia de un capitalismo sin oposición, en los hechos, malograda la economía internacional por los excesos de la ingeniería financiera de Wall Street y el sector financiero –que generaron dinero ficto en cantidades siderales y aumentaron su velocidad de circulación a niveles sin precedentes– la potencialidad de una crisis social mundial de proporciones, alertada por movimientos ciudadanos como “Wall Street Occupy” o “Que se vayan todos”, obligó a los dirigentes políticos de las naciones desarrolladas a usar todo su poder para aupar a su banca y respectivas economías, autorizando enormes “facilitaciones cuantitativas” (QE) que evitaran masivos impagos, para así normalizar el circuito económico y evitar multimillonarias pérdidas a pequeños ahorrantes de todo el mundo, lo que habría significado un estallido social de inimaginables consecuencias.
Pero el costo de esas intervenciones fue el creciente descrédito y desconfianza popular en los poderes políticos y empresariales –así como en sus tecnocracias y FF.AA.–, una natural reacción de quienes, enfrentados a la incertidumbre económica provocada por aquellos, temían un serio retroceso en los avances conseguidos en la década anterior, lapso en que la pobreza mundial efectivamente disminuyó, pero que, al mismo tiempo, generó extensas capas medias emergentes que se transformaron en un nuevo y potente referente político y social, con exigencias y expectativas superiores a las de generaciones precedentes, resultado del propio crecimiento forjado por la alianza político-empresarial para la globalización del comercio y del capital.
[cita tipo= «destaque»]Las presentes tensiones indican que el antiguo credo de la Concertación y del empresariado chileno para el “crecimiento con equidad” no volverá a repetirse en años, mientras que coaliciones partidistas que pretenden retroexcavar la actual estrategia chilena de desarrollo –basada en la libertad de comercio e iniciativa privada–, exigiendo cada vez más presencia del Estado (y, por consiguiente, de administradores políticos) en todos los ámbitos (educación, salud, previsión, vivienda, infraestructura, empresas, etc), han mostrado clara ineficacia para desarrollar económica y socialmente a países que lo han intentado.[/cita]
En Chile, el quiebre de estas relaciones “incestuosas” se ha expresado proactivamente, buscando evitar una mayor desintegración institucional, con una legislación que intentará asegurar que dicha alianza no se vuelva a repetir, en el entendido que, infaustamente, vínculos de esta naturaleza, opacos y sin fiscalización alguna, implicaron, finalmente, graves abusos para con los consumidores, al tiempo que los beneficios derivados de acuerdo se repartieron entre pocos socios con intereses mutuos, dejando escasas recompensas visibles para el ciudadano común.
De ese modo, los Estados –habiendo reducido drásticamente su papel en la redistribución social de ingresos para abrir espacios a los privados– y sectores políticos –descubiertos en financiamientos irregulares de su actividad por parte de esas mismas empresas– comenzaron a ser vistos como simples “free raiders”, que piden el sufragio para alcanzar puestos de poder, pero que, una vez allí, no retribuyen ni obedecen en nada a sus votantes. Lo mismo del Estado que, exigiendo ingentes tributos, ni siquiera asegura lo básico de su legitimidad, es decir, evitar que ciudadanos decentes y pacíficos sean víctimas de la fuerza y brutalidad de la delincuencia.
Como derivadas político-valóricas, dichas condiciones históricas –tan propias de la naturaleza humana– han sido la base del brusco ocaso en la anterior prioridad por la libertad, frente a la consecuente revalorización de la igualdad o equidad, al tiempo que caldo de cultivo para populistas y estatistas que amenazan con alcanzar mayor poder político a través de elecciones realizadas bajo el sesgo de un estado emocional ciudadano altamente reactivo contra las elites, buscando respuestas simples a un problema que, empero, es de enormes proporciones.
Los historiadores coinciden en que la estabilidad, progreso y desarrollo, por ejemplo, de la antigua República de Venecia (1100) se explicó por una institucionalidad estructurada sobre la base de una sólida alianza entre una clase noble, que ocupó la dirección política del Estado, y una empresarial, que comerciaba libremente –apoyada por su Estado– con todo el mundo de la época, a sola condición del pago riguroso de unos impuestos que permitieran la sobria manutención de dicha nobleza y la de sus ejércitos y empleo para su población. Alianzas exitosas similares han tenido lugar luego en las principales potencias del mundo, desde la Compañía Británica de las Indias Orientales (1599) o la Neerlandesa de las Indias Orientales (1602), hasta la reciente reorganización capitalista de Rusia o China, o Corea del Sur, Japón, EE.UU. o Alemania, en décadas anteriores.
Pero el quiebre de estos vínculos de confianza entre el empresariado y sectores políticos, dadas sus respectivas preminencia y poder, abre las puertas a dos estrategias nacionales de desarrollo con sentidos y ritmos opuestos: de un lado, las empresas –aquel conjunto de capital y trabajo– que, luchando por sobrevivir en medio de la competencia que implica la libertad de comercio, debe enfrentarse con productores de todo el mundo, para lo cual requiere eficiencia, buenos precios y calidad, y, por tanto, más allá de sus costos de producción, invoca una carga estadual lo más leve posible. Y, por otro, una clase política que busca recuperar/conservar su capital político, ofreciendo a sus electores soluciones –muchas veces populistas– que implican un Estado más poderoso y rico y que, por consiguiente, exige extraer más recursos y tributos para conseguir los recursos que les permitan cumplir con las promesas a sus votantes.
Entonces, dado que políticos sin capacidad de resolución de problemas (sin recursos) tienen poco peso en el dibujo de la realidad, es probable que las presiones de aquellos apunten, en lo sucesivo –por ejemplo, durante el proceso constitucional,– a buscar más influencia en materia de asignación de los escasos ingresos estatales, acción hoy reservada constitucionalmente al Ejecutivo. Su actual exclusión del ámbito de las decisiones de inversión o gasto, seguramente explica por qué el Congreso sufre su inquietante rechazo presente y, posiblemente, también lo hará en el caso de los nuevos gobernadores elegidos, si aquellos asumieran sin contar con los recursos necesarios para una labor regional con mayor autonomía.
Así las cosas, una nueva alianza entre una clase empresarial vigorosa, emprendedora, innovadora y creativa, que compita en el mundo y los mercados internos con una real capacidad de ofrecer bienes y servicios al mejor precio y calidad, y una clase política virtuosa, merecedora de la confianza popular por su honestidad, eficiencia, realismo e inteligencia emocional, parece muy difícil en las actuales circunstancias.
En efecto, las presentes tensiones indican que el antiguo credo de la Concertación y del empresariado chileno para el “crecimiento con equidad” no volverá a repetirse en años, mientras que coaliciones partidistas que pretenden retroexcavar la actual estrategia chilena de desarrollo –basada en la libertad de comercio e iniciativa privada–, exigiendo cada vez más presencia del Estado (y, por consiguiente, de administradores políticos) en todos los ámbitos (educación, salud, previsión, vivienda, infraestructura, empresas, etc), han mostrado clara ineficacia para desarrollar económica y socialmente a países que lo han intentado.
Es de esperar, pues, que la materialización de las nuevas leyes electorales, de financiamiento ciudadano de las campañas, de fiscalización y control de sus actividades, así como la puesta en marcha de las normas destinadas a poner coto a abusos empresariales, el mayor control ciudadano vigente –ahora más exhaustivo y duro, tras el fin de su relación preferencial con sectores del poder político–, permita recuperar las confianzas perdidas, no obstante que, dada nuestra estructura económica, el 80% del producto interno provenga de la actividad de los privados –de allí su relevancia– y que el Estado y la política solo cuenten con recursos para resolver el otro 20%.
Tal realidad económica e institucional implica que exigir hoy más al Estado es, en los hechos, una estrategia para un cambio profundo del actual modelo y, si de eso se trata, pareciera más honesto transparentar dichas intenciones y declarar ante la ciudadanía cuánto Estado y cuánta libertad desea cada quien para Chile. En democracia, los resultados electorales a tal consulta serán la sentencia: Vox populi, vox Dei.
Sin embargo, si para mantener/defender su capital electoral, la clase política o parte de ella tomara como “chivo expiatorio” de todos los problemas sociales al empresariado y se lanzara a adicionar más vallas y peso burocrático y financiero sobre sus actividades, dado que “el capital ataca huyendo”, las perspectivas de desarrollo económico –que define al final el optimismo o pesimismo ciudadano– no son para nada alentadoras y una probable crisis económica sobreviniente, terminará precediendo a una nueva y más severa crisis política.
