El proyecto de Reforma a la Educación presentado por el Ministerio no se orienta por una comprensión de la educación como un derecho, tampoco busca el fortalecimiento de la Educación Superior al interior de un régimen de lo público. Cuestiones, ambas, que debieran constituir la columna vertebral y horizonte de la reforma.
No es suficiente que una universidad se declare “de vocación pública” para que así sea. Debe regirse por normas internas que hagan posible este compromiso con lo público. Pero, más importante aún es que el Estado opere con un sistema de regulación que oriente a que todas las instituciones de educación superior que reciben financiamiento estatal operen bajo un régimen de lo público. Esto es: sin lucro efectivo, pluralistas, laicas, autónomas respecto de cualquier interés de grupos ajenos a la propia universidad, es decir, sin sujeción al control unilateral de algún interés particular, sea este de orden económico, político o religioso.
Un régimen de lo público significa investigación, creación y extensión pertinente a las necesidades del país, con una perspectiva crítica y propositiva hacia las políticas públicas, aportando al bien común y al desarrollo inclusivo y sostenible del país y sus regiones; con libertad de expresión y de cátedra; con participación de sus estamentos en los órganos colegiados; con políticas estudiantiles de acceso e inclusión; con transparencia y rendición pública de sus recursos.
De esta forma, el financiamiento del sistema bajo un régimen de lo público, debe incorporar a todas las universidades acreditadas: estatales, no estatales del CRUCH y privadas que acepten operar bajo este régimen.
Las universidades estatales deben constituir el eje del sistema y deben tener el financiamiento que les permita “liberarse” de un régimen de mercado que –aún sin dueño ni grupos controladores- las expone a intereses particulares, las obliga a competir y termina, en cierto sentido, privatizándolas en tanto las lleva a alejarse de su autonomía y función pública. Financiamiento para la docencia vía gratuidad y aporte fiscal directo para la investigación nos parecen los mecanismos apropiados.
[cita tipo= «destaque»]En el proyecto de reforma la calidad se asocia directamente con los procesos de acreditación, manteniendo una lógica “productivista”, de “ranking” y de competencia entre las universidades, por sobre lógicas de colaboración intra e inter instituciones o de valoración de proyectos autónomos y singulares, que tengan como horizonte la búsqueda de la justicia, la inclusión o la contextualización del proceso educativo, coherentes con la misión y visión que determinadas universidades puedan darse en el marco de su autonomía.[/cita]
El acceso a la gratuidad que se estableció en la glosa presupuestaria del año 2015 no puede circunscribirse a los años de acreditación de las instituciones, más aún cuando en el propio proyecto se expresa que “No es claro lo que significa un año más o un año menos en las decisiones de acreditación” (pp. 15).
Los recursos hoy disponibles permiten extender la gratuidad a la gran mayoría del sistema educacional en todos sus niveles. En el nivel terciario se puede extender de inmediato la gratuidad a más de la mitad de todo el estudiantado, redestinando a esta partida los cuantiosos recursos fiscales que hoy se desembolsan en el desprestigiado, injusto y discriminador sistema de créditos y becas. Vemos necesario el término inmediato de los llamados “Créditos con Aval del Estado (CAE)”, que en realidad son créditos con dinero y aval del Estado. Este ítem constituye de lejos la principal partida del presupuesto respectivo, lo cual significa que en los hechos determina la esencia de la política actual.
Si bien estos mecanismos han proporcionado un porcentaje importante de los recursos que muchas de nuestras instituciones han necesitado para formarse y sobrevivir, ello ha sido a costa de endeudar a cientos de miles de estudiantes que provienen de familias modestas.
Al transferir a gratuidad los recursos destinados a CAE y becas, que representan dos tercios de las denominadas “ayudas estudiantiles”, se pueden triplicar de inmediato los recursos destinados al nuevo esquema.
La mercantilización del sistema de educación superior en Chile y el afán de lucro que lo alimenta han generado en muchas instituciones el alejamiento de criterios académicos de excelencia, y ha instalado la demanda por mejorar la calidad de la educación y puesto en evidencia la débil regulación y lo mucho que requerimos avanzar en este ámbito.
Tal discurso, instalado principalmente por los estudiantes, propone que puede haber calidad fuera de la lógica mercantil y, a la inversa de ésta, que el lucro no es compatible con la calidad en el mundo universitario, puesto que cuando hablamos de calidad necesariamente aludimos a una cierta noción o entendimiento de lo que es una universidad, cuál es su carácter, la función pública que cumple y que le da su especificidad como institución.
En el proyecto de reforma la calidad se asocia directamente con los procesos de acreditación, manteniendo una lógica “productivista”, de “ranking” y de competencia entre las universidades, por sobre lógicas de colaboración intra e inter instituciones o de valoración de proyectos autónomos y singulares, que tengan como horizonte la búsqueda de la justicia, la inclusión o la contextualización del proceso educativo, coherentes con la misión y visión que determinadas universidades puedan darse en el marco de su autonomía.
Resulta evidente que algunos indicadores de calidad utilizados son discutibles. Urge una mirada crítica, capaz de analizar la calidad y su relación con la reproducción de la desigualdad social. Nos inquieta el hecho de que las universidades que mejor califican en los rankings sean justamente aquellas donde se forman los jóvenes que han tenido las mejores oportunidades de aprendizaje.
