«Lo claro es que muchos legisladores temen perder poder. O redistribuirlo, que para el caso pasa a ser lo mismo. Y así se escudan en argumentos maximalistas –si no me dan todo, no apoyo- para evitar reconocer que su problema es lidiar con autoridades regionales empoderadas».
Si existe una condición que permite a quienes toman las decisiones actuar con total impunidad, esa es la indiferencia. La sensación de que hagan lo que hagan, digan lo que digan, decreten lo que decreten, voten como voten, dará igual. Que no habrá quién les saque al pizarrón ni aparecerá ciudadano alguno que les cobre factura cívica por su actuar.
El desinterés del hombre y la mujer de a pie en lo colectivo permite la concentración de decisiones relevantes en pocas manos, siendo la ausencia de contrapesos, y no solo la falta de transparencia, la que permite el descaro del poder. El individualismo de los idiotas, término estricto sobre aquellos que -según los griegos- no se interesan en los asuntos públicos sino solo en los propios, como nos recordara en alguna ocasión el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
Ejemplo es la crucial demanda que quienes creen en la democracia real vienen planteando desde antes incluso del fin de la dictadura cívico-militar en 1990. Aquella que todos los presidentes han comprometido en mayor y menor medida durante sus candidaturas. Y que ninguno, en un cuarto de siglo, ha cumplido.
La elección directa del intendente regional. Hoy, luego de diversos cambios al proyecto original, del gobernador regional. En concreto, de la máxima autoridad de la región.
Estas dos semanas serán críticas.
El miércoles 28 de septiembre la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado votará en particular el proyecto. Y a la semana siguiente, el pleno decidirá si se avanza o no en esta aspiración. Y de ahí pasar a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Todo indica que los votos en la comisión están asegurados. No así en el hemiciclo, donde desde la Nueva Mayoría los PPD Felipe Harboe, Ricardo Lagos, Adriana Muñoz y Eugenio Tuma, el PS Carlos Montes y el independiente Pedro Araya han rechazado el proyecto. Y en Chile Vamos existe la sensación de que hay más oposición que respaldo, como el caso del senador RN Alberto Espina, según ha informado la prensa nacional.
En lo cercano, en Aysén ya se tiene el compromiso de Antonio Horvath (Somos Aysén) y Patricio Walker (DC).
Por ser ley de quórum especial, se requieren 22 votos para aprobar la iniciativa. Donde para efectos prácticos, no asistir a la sesión o abstenerse será lo mismo que votar en contra.
Los motivos que se han dado en contra son disímiles.
Desde el umbral de votos que debe obtener el gobernador regional para ser elegido (la fórmula consensuada es de un 40 % como piso para no obligar una segunda vuelta con su contendor más próximo) hasta la falta de atribuciones inmediatas, ya que el gobierno ha comprometido una transferencia gradual de competencias al 2022.
Más allá de tales disquisiciones, lo claro es que muchos legisladores temen perder poder. O redistribuirlo, que para el caso pasa a ser lo mismo. Y así se escudan en argumentos maximalistas –si no me dan todo, no apoyo- para evitar reconocer que su problema es lidiar con autoridades regionales empoderadas.
Está claro que el ideal es tener un gobernador regional con amplias facultades. Sin embargo, la discusión política es mayor. Se vincula con construcción de liderazgos locales que representen las reales aspiraciones de la ciudadanía que vive en determinado territorio.
Un debate donde ya demostraron su alineamiento con el centralismo antidemocrático al borrar, en abril de este año, la existencia de los partidos políticos regionales (aquellos circunscritos a una sola región). Fue tal un acto legislativo regresivo que eliminó de un plumazo lo aprobado durante la negociación del fin al sistema binominal que se zanjó en 2015, obligando nuevamente a toda colectividad a constituirse como mínimo en tres regiones contiguas, con la complejidades que aquello conlleva.
Pero el riesgo de no poder elegir gobernadores regionales en 2017 (si fracasa el proyecto en el Senado recién se podría reponer la iniciativa en un año más) no es solo responsabilidad de quienes se oponen. También de los que dejan que ocurra.
¿Dónde están los regionalistas de Antofagasta (Araya), Coquimbo (Muñoz), Valparaíso Costa (Lagos), Metropolitana Oriente (Montes), Bío Bío Cordillera (Harboe), Araucanía Norte (Espina) y Araucanía Sur (Tuma), por ejemplo? ¿Nadie dirá nada, cuando están en juego las credenciales democráticas de quienes legislan?
Ya lo dijera Bertolt Brecht hace casi un siglo: “El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan animal que se enorgullece e hincha el pecho al decir que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el asaltador, y el peor de los bandidos, que es el político aprovechador, embaucador y corrompido, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
A fin de cuentas, somos nosotros los responsables de la impunidad del poder. Ese que como país tenemos la oportunidad de avanzar en desconcentrar con el esencial proyecto que se definirá dentro de las próximas semanas en el Congreso Nacional. Uno donde, está cada día más claro, no aloja Chile.
