Parece que se mezclan dos debates muy distintos en las críticas del movimiento “No+AFP” al sistema de pensiones. El primero concierne a la elección estratégica realizada en la reforma de 1980, de confiar la gran parte del financiamiento de las pensiones a un sistema de capitalización por cuentas individuales obligatorias invertidas en activos financieros (dicho de contribución definida). El segundo, que es una modalidad independiente del sistema elegido, es confiar la gestión del sistema a operadores privados, las AFP. El argumento era que la competencia aseguraría los mejores rendimientos financieros y al menor costo para los cotizantes.
Después de 35 años, ¿qué se puede decir sobre el cumplimiento de esos dos objetivos? Para el objetivo de rendimientos, es difícil atacar la gestión de las AFP. Se observa que en el largo plazo sus desempeños son muy parecidos entre ellas para cada uno de los fondos. Por ejemplo, la correlación de estos, medidos entre cada una de las AFP con relación al resto, es casi siempre superior al 98%. La probabilidad de que el rendimiento de algún fondo se aleje de más de un 0.4% por año del promedio del conjunto es inferior al 5% (para cada tipo de fondo).
Esta convergencia no se debe al efecto de la competencia, pero sí a la estructura de los fondos por tipo de instrumento muy similar de una AFP a otra. Esto se explica en parte por el comportamiento “en masa” que prevalece en los gestores de activos. Por otro lado, el regulador pone límites a los tipos de inversión con la finalidad de limitar los riesgos. La segunda razón es más importante: los activos acumulados por las AFP, cerca de US$ 170 mil millones, representan más del 80% del PIB, de los cuales la parte invertida en activos nacionales representa más del 50%. A este nivel, una cartera suficientemente diversificada debe comportarse como el promedio de los activos financieros de la economía nacional. Por eso, hay muy poco que esperar de la competencia en materia de rendimiento financiero: al final, es simplemente el rendimiento del mercado menos su costo de funcionamiento.
¿Qué pasa entonces con el segundo objetivo, él de minimizar los costos? Ahí, la fuerte competencia entre las 6 AFP no posibilita la rebaja de estos. Al contrario, los aumenta. ¿Por qué?
Es conocido en economía industrial que ciertas empresas, particularmente en el sector financiero, entran en competencia por la vía de los esfuerzos comerciales, y no a reducir sus precios o comisiones. Más la competencia es fuerte, más se incrementan los gastos comerciales para captar a un cliente, lo que de vuelta aumenta el nivel de comisiones. Si la AFP no invierte, sus competidores se llevarán a sus cotizantes. No es más que un juego a suma cero, como en el mundo de Lewis Carroll, donde siempre hay que correr para quedarse en el mismo lugar. Eso se resume bien en la memoria anual 2015 de ProVida: «El año 2015 estuvo marcado por mayores niveles de competencia entre las AFP, situación que se materializó en un importante crecimiento en las dotaciones de fuerza de ventas de algunas administradoras».
[cita tipo=»destaque»]Por esas razones, un fondo estatal único (y no una AFP estatal al lado de las privadas), con un poder de fuego de US$ 170 mil millones, tendría los mismos rendimientos financieros que hoy, pero con un costo de funcionamiento mucho menor. Las AFP privadas podrían mantener un rol de consejeros, de administradores del ahorro previsional voluntario (APV) o de corredores de las compañías de seguro, pero no más de administradores del ahorro previsional obligatorio de los chilenos.[/cita]
Hoy en día, las comisiones cobradas por las AFP son del orden del 0,4% del PIB o del 0,5% de los fondos invertidos, lo que para carteras de ese tamaño (de US$ 30 a 40 mil millones) está fuera de la norma de la industria. Una comparación adecuada sería con el fondo público de pensiones FRR en Francia, que gestiona un fondo de capitalización de US$ 41 mil millones: su nivel de gastos es del 0,25%. Después de 30 años, una diferencia del 0,25% se traduce en pensiones 8% más altas.
Además, esta gestión de fondos, sobre todo cuando se trata de fondos recaudados obligatoriamente, tiene características de monopolio natural (mientras más grande, más se amortizan los costos fijos), lo que verifica la concentración creciente que ha experimentado el sector desde sus inicios. Por esas razones, un fondo estatal único (y no una AFP estatal al lado de las privadas), con un poder de fuego de US$ 170 mil millones, tendría los mismos rendimientos financieros que hoy, pero con un costo de funcionamiento mucho menor. Las AFP privadas podrían mantener un rol de consejeros, de administradores del ahorro previsional voluntario (APV) o de corredores de las compañías de seguro, pero no más de administradores del ahorro previsional obligatorio de los chilenos.
Queda el inmenso debate sobre los méritos comparativos, de los diferentes sistemas de gestión, del riesgo de vejez (prestación o contribución definida; de reparto, financiado con impuestos o por cotizaciones sobre los salarios). Por prudencia frente a los diferentes shocks económicos o demográficos que pueden venir, la mayoría de los países adoptan un mix de diferentes sistemas, cuando Chile se distingue por la concentración en solamente la capitalización de contribución definida. Limitándose con el aspecto financiero, es probable que, si el país añadiría un pilar significativo de solidaridad, por vía de reparto o de impuestos, la capitalización podría tomar un mayor riesgo financiero, lo que sería beneficioso para que el ahorro de los chilenos irrigue más aún a las empresas del país, especialmente las pymes
